Con el objetivo de promocionar la Ley Antidiscriminación (conocida como Ley Zamudio), el Gobierno mostró los resultados de un documento presentado como “consulta ciudadana” (aunque sin metodología de investigación participativa). La consulta, hecha entre el 24 de julio y el 21 de agosto, caracterizó de manera general y cualitativa ciertos tópicos asociados a la discriminación, los cuales confirmaron algunos aspectos de la situación del país.

Las respuestas fueron conseguidas a través de las oficinas de las secretarías regionales ministeriales (SEREMI) de Gobierno y los “infobuses” de la División de Organizaciones Sociales (DOS). Considerando esas limitaciones, las personas consultadas respondieron en un 81 por ciento que conocen la Ley Zamudio, que entró en vigencia el año pasado.

El 69% de los consultados dice que no ha discriminado arbitrariamente, y un 31 por ciento reconoce que sí. El modo de hacerlo es ignorar, omitir o excluir a alguien; luego a través de la burla reiterada y el insulto verbal. Así lo dio a conocer el subsecretario general de Gobierno, Mauricio Lob.

“En las forma que las personas reconocen haber utilizado para discriminar, la mayoritaria es ignorar, omitir o excluir a alguien que es un 72% de quienes participaron de la consulta quienes dicen haber discriminado de esa manera. También están las burlas reiteradas, los insultos”, aseguró el subsecretario.

Los lugares señalados como aquellos donde más se discrimina son: calles, plazas y parques. En segundo lugar están los establecimientos educacionales. Luego está el propio hogar familiar o la casa de amistades. Más atrás se registra a los lugares de entretención, el lugar de trabajo, y los terminales de buses.

El 52 por ciento de los que respondieron la consulta dijo que sí se ha sentido discriminado y ante ello la principal causa es apariencia personal, ideología u opinión política, y la nacionalidad. A este respecto, el Gobierno fue consultado por el proyecto legal que impulsa en el Congreso para fijar el requisito de residencia de dos años para que los migrantes puedan acceder a prestaciones gratuitas de salud, siendo que hoy no existe tal condición. Sobre esto habló la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez.

“Hasta ahora no había un proyecto de ley que abordara esa carencia sobre el tema de los migrantes, y eso es lo importante. Hoy sí existe el proyecto y está la discusión. El resultado de esa discusión será propio del trabajo técnico legislativo que haga el Congreso como le corresponde por ley” dijo la Secretaria de Estado.

Los lugares donde menos se discrimina son las instituciones públicas, pero entre quienes se han atendido en éstas, el 46% dice haberse sentido discriminado o discriminada. Esto sucede cada vez más a medida que se avanza en edad. Los lugares críticos en este sentido son, en primer lugar, los hospitales públicos, los centros de salud familiar y los consultorios municipales. Luego las escuelas y liceos públicos, y también, entre las instituciones que discrimina más, está Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La consulta no consideró la situación de servicios públicos prestados por empresas privadas, como administradoras de fondos de pensiones (AFP), sanitarias, eléctricas, telefónicas, gas, etc.

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