En una comuna del sector oriente de Santiago,-una de las más ricas del país-, se está desarrollando un negocio inmobiliario que pretende construir un edificio frente a una emblemática plaza de la ciudad, para lo cual deben demoler dos estupendos y tradicionales inmuebles existentes en ese lugar, los cuales son representativos de la arquitectura tradicional de la plaza. En este emprendimiento participan un reconocido empresario inmobiliario, los propietarios de los inmuebles a demoler y una destacada oficina de premiados arquitectos.

La máxima autoridad de la comuna, la mitad del Concejo Municipal,  importantes funcionarios y técnicos del municipio, historiadores y urbanistas y la comunidad organizada se oponen a dicho proyecto, aduciendo que esa nueva irrupción inmobiliaria terminará por destruir lo que queda de la tradicional plaza, lo que perjudicara también al barrio, a la comuna y a la ciudad. Por esta razón, se intentó modificar la normativa, el seccional, que permite y hace viable dicho negocio inmobiliario.

Sin embargo, a última hora, minutos antes que se cumpla el plazo, los promotores de dicho proyecto ingresan lo que a juicio del arquitecto involucrado constituye solo una idea general (“la forma arquitectónica no está definida”, según lo indicó en un matutino). Cualquiera se podría imaginar que una propuesta de desarrollo inmobiliario con tal nivel de oposición que concita y con tal nivel de incertidumbre nace muerto. Pero no, frente a esta colisión de derechos,-por un lado, el derecho de la población a preservar su calidad de vida; el de las autoridades, como mandatarias de la población, a influir en el desarrollo de la ciudad; y, por otro lado, el derecho de los emprendedores privados,- prima claramente este ultimo.

Pese a que el proyecto como tal aun no existe,-no pasa de ser una idea, un esquema-, esta iniciativa se llevará adelante de todas maneras. Cabe señalar que los emprendedores están perfectamente ajustados a la ley, incluso cualquier modificación legal,-que permitiera que las autoridades planificaran y la comunidad influyera en el desarrollo de la ciudad-, podría ser declarada inconstitucional, ya que la constitución impuesta por la dictadura, permite y promueve la iniciativa privada y el lucro por sobre todos los otros derechos.

Esta extraña y paradojal historia urbana está ocurriendo en estos momentos en la plaza Las Lilas, en la comuna de Providencia en nuestra ciudad capital. Imagínense lo que ha sucedido en comunas más pobres con habitantes menos influyentes….

Una pregunta final:

¿Por qué los arquitectos no influyen en el desarrollo de la ciudad?; ¿por qué la población organizada no es tomada en cuenta en las decisiones de crecimiento urbano?; ¿por que las autoridades, cuando quieren, no tienen poder real para intervenir en la ciudad; ¿por qué el único actor que hace y deshace en la urbe es el sector empresarial?