Diversas reacciones generó el reportaje publicado por El Mercurio en el que se habla sobre presuntas irregularidades en la validación de las firmas que permitieron la inscripción de Franco Parisi y Tomás Jocelyn Holt como candidatos presidenciales.

La relevancia del asunto radica justamente en el efecto que estas candidaturas tuvieron en la campaña presidencial, lo que pudo variar significativamente los resultados de haber sido impugnadas con anterioridad a las elecciones.

Durante la mañana de lunes, el comando de Franco Parisi reaccionó asegurando que su inscripción se efectuó siguiendo todos los pasos que estipula la ley.

Patricio Mery, ex vocero del comando presidencial de Parisi, afirmó que no hicieron nada distinto a otras candidaturas independientes: “Esto fue aprobado por el Servel y entiendo que las firmas fueron revisadas por el Servel. Al igual que en la candidatura de Marco Enríquez- Ominami en 2004, al igual que la candidatura de Giorgio Jackson, de Carlos Cantero, de Carlos Bianchi, nosotros no hemos hecho nada distinto porque la ley no lo permite. Insisto, estuvimos en notarías de todo Chile, además actuando con ministros de fe, donde la gente podía firmar y el ministro validaba la firma, ellos son representantes del notario y está establecido en la ley chilena”, argumentó el periodista.

En el caso de Parisi destacan hechos como las 4 mil 500 firmas que fueron validadas en sólo dos días por el notario Roberto Mosquera, en tanto a Jocelyn- Holt se le cuestionan las 17 mil firmas que un día validó la notaria María Gloria Acharán.

Precisamente y considerando la gravedad de los hechos, algunos comandos han pedido que se impugne todo el proceso, como sostiene la ex candidata presidencial del Partido Igualdad, Roxana Miranda.

“Me parece sumamente grave, de una tremenda irresponsabilidad de los estamentos que deberían garantizar que el procedimiento este bien. Me parece grave, incluso, creo que corresponde impugnar la elección anterior porque esto afectó directamente a otros candidatos”, explicó Roxana Miranda.

Por su parte, el secretario general del PRO, Camilo Lagos, más allá de la situación específica que afecta a las candidaturas de Parisi y Jocelyn-Holt, indicó que se debe discutir el problema de fondo, que a su juicio pasa por lo “anacrónico” de la actual ley de inscripción de partidos políticos.

En opinión de Lagos no se entendería que trámites más importantes se puedan efectuar por internet, mientras que para inscribir a un partido político haya que presentar firmas ante notaría o, por ejemplo, validar al mismo con un porcentaje mínimo de votaciones en las elecciones.

Esta legislación, que el dirigente califica como una “trampa hecha por la dictadura”, impide la aparición de nuevas fuerzas políticas, lo que deriva en el desencanto de la ciudadanía en participar de este tipo de procesos, aseguró.

“Qué sentido tiene participar en una elección cuando Maricela Santibáñez es la primera mayoría del distrito y no es electa. Cuál es el sentido de participación que yo tengo cuando soy un candidato independiente, Francisco Figueroa por ejemplo, junta sus firmas, todo cuesta arriba para poder inscribir su candidatura y la respuesta del financiamiento público es cero. Quienes reciben financiamiento público son los partidos que ya existen, entonces está hecho todo al revés, está hecho para ponerle trabas a la participación, para hacer más difícil que participen los independientes, para hacer más difícil que participen los nuevos movimientos”, planteó el secretario general de los progresistas.

Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, se defendió diciendo que: “Nosotros partimos de la base de que si un notario certifica que una persona suscribió ante él un patrocinio, damos por cumplido formalmente el requisito, así es que no es problema del Servicio Electoral”, asimismo agregó que “no tenemos facultades para eso, no pudimos hacerlo y no nos corresponde hacerlo”.

Santamaría se refirió a éste, como un problema con “responsabilidades compartidas: “Hay que determinar que responsabilidades hay, sí las hay, entes de tomar decisiones de cambio legislativo. Yo recurso que el Servicio Electoral, en otras ocasiones, ha reprochado candidaturas independientes cuando no han cumplido los requisitos relacionados con la firma”

El presidente del Consejo Directivo del Servel, fue enfático en señalar que es necesaria una nueva legislación que dote de mayores atribuciones al Servicio para abordar no sólo esta materia, sino que otras como la inscripción irregular de militantes en partidos políticos y el gasto y la propaganda electoral.

Más cauto fue el diputado de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, quien no considera necesario levantar nuevas iniciativas, las que a su juicio existen, por lo que sólo pasaría por respetar la actual normativa.

“A nivel de la ciudadanía hay un desconocimiento enorme, no solamente de las facultades y atribuciones del Servicio Electoral, sino en general de los temas públicos. Yo creo que esto nos impone a todos los que desempeñamos alguna responsabilidad a aprovechar todos los espacios para poder informar”, explicó el DC.

En ese sentido fue enérgico en condenar la labor de los notarios públicos y dijo estar a la espera de las investigaciones que realice el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Precisamente esta última entidad confirmó que se realizará una investigación para determinar la existencia de posibles delitos penales la que estará encabezada por el Fiscal Marcelo Carrasco de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la fiscalía Centro Norte.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán confirmó que de existir delito los involucrados arriesgan penas de cárcel: “Básicamente son penas, no tan altas, pero de reclusión en algunos de esos ilícitos. Lo importante es que se determine sí hubo o no delito y la única manera es que se haga una investigación”.

Mientras, el presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, afirmó que “se ha producido un daño a la fe pública”, confirmando que el tema se verá en el pleno del Tribunal de Alzada.

Por su parte, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, confirmó que los ministros de fe María Gloria Acharán y Roberto Mosquera pasaron a la comisión de ética por las supuestas irregularidades en la certificación de firmas de las candidaturas presidenciales de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-H

La institución además desligó de responsabilidad al Servicio Electoral, señalando que dicha institución confía en el trabajo notarial.