Honduras: ¿Elección robada?

La misma tierra donde fue derrocado Manuel Zelaya en 2009, por pretender realizar una asamblea constituyente, es la que ahora tiene a dos candidatos declarados ganadores. La palabra “fraude” está instalada, mientras los observadores internacionales aún no se pronuncian.

La misma tierra donde fue derrocado Manuel Zelaya en 2009, por pretender realizar una asamblea constituyente, es la que ahora tiene a dos candidatos declarados ganadores. La palabra “fraude” está instalada, mientras los observadores internacionales aún no se pronuncian.

“Nos están robando la elección”. Con esta categórica afirmación del otrora derrocado presidente Manuel Zelaya, la posibilidad de un conteo espurio ha empezado a apoderarse de la elección de Honduras, luego de que una serie de irregularidades en los días previos culminara con un resultado que no calza con los sondeos previos, las consultas a boca de urna ni con las cifras que dice manejar el comando de Xiomara Castro. Así, según los cómputos oficiales y con muchas mesas aún por escrutar, el ganador sería el oficialista Juan Osvaldo Hernández, relevo político y generacional del gobierno derechista de Porfirio Lobo.

En un clima ya enrarecido, los ocho candidatos a la Presidencia de Honduras iniciaron hace tres semanas sus campañas, con un plazo de apenas dos semanas para convencer a los 5,3 millones de hondureños que podían ejercer el sufragio, según el padrón oficial del Tribunal Supremo Electoral. Dicho esto, la lucha por la presidencia estaba circunscrita a Hernández, candidato del gobernante y conservador Partido Nacional, y a Xiomara Castro, abanderada del Libertad y Refundación y esposa el expresidente Manuel Zelaya. Las encuestas de los últimos días fueron inclinando la balanza en favor de la candidata progresista.

Para llegar a esa posición, ha sido fundamental la organización de las fuerzas políticas y sociales víctimas del Golpe del año 2009, lo que, entre otras cosas y a diferencia de lo que ha ocurrido con los ex mandatarios hondureños, siguió dándole a Zelaya un rol desequilibrante de la política de su país. El mismo expresidente, el sábado, salió a transmitir tranquilidad luego de una serie de irregularidades ocurridas en los últimos días, como la “ocupación para proteger” que hicieron los militares de algunos medios que se opusieron al Golpe, cambios en los lugares de votación y acusaciones de cohecho. Ante los resultados de la elección, el dirigente ha reconocido que las aprensiones tenían fundamento.

Paralelamente, y como viene ocurriendo en otros países de la región, los grandes medios de comunicación pasaron a convertirse en sector político. El Observatorio Latinoamericano de Medios de la Ciespal observó que en el caso hondureño “se convirtieron en los principales actores de la derecha del país”. Según afirmó “desde que las encuestas comenzaron a evidenciar una posible victoria de la candidata presidencial Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), los medios iniciaron una campaña contra ese partido anunciando que sus miembros estarían preparando posibles actos violentos para el día de las elecciones, con el objetivo de no reconocer los resultados electorales”, según un texto de Kintto Lucas, director de mediaciones del Observatorio.

La izquierda hondureña que ahora reclama la usurpación del gobierno comparte con todas las izquierdas, y especialmente con las de Centroamérica, las dificultades para imponerse a los inmemoriales poderes locales, la incidencia de Estados Unidos en su contra, el venir de vuelta de la épica de la lucha armada y la cicatriz de haberse encontrado con el golpismo, en este caso apenas hace cuatro años.

O dicho de otra manera, la llegada de Xiomara Castro al poder hubiera sido posible a pesar de una fórmula de bloqueo antiprogresista que se aplicó exitosamente en Honduras y que, luego, se copió con la destitución del presidente Lugo en Paraguay. El patrón consistiría en: a) la reacción de las oligarquías locales ante el intento de reformas estructurales del gobierno de turno; b) el bajo perfil aunque la aprobación a la usurpación de las Fuerzas Armadas y Estados Unidos; c) la apariencia de institucionalidad al inundar el Ejecutivo con otro poder del Estado (el Judicial en 2009, en el caso hondureño; d) la anulación política del líder progresista e) la represión, menos brutal que en dictaduras militares, a los partidarios del líder; f) la resistencia temporal al ninguneo internacional, especialmente si no tiene efectos en la economía del país; g) la realización de elecciones donde los progresistas ya están debilitados como para ser competitivos, como ocurrió en los pasados comicios.

El círculo se completa con el reconocimiento internacional al nuevo presidente, como sucedió con Porfirio Lobo, quien además ha sido funcional a los intereses de los sectores que se sintieron amenazados por Zelaya.

Cuando el Golpe ocurrió, América Latina entera se movilizó. La consagración que hicieron los hondureños al rayar los muros de Tegucigalpa con “Pinocheletti”, no sólo situó al gobernante de facto Roberto Micheletti en el imaginario simbólico de los dictadores de América Latina. La comunidad internacional, al unísono, clamó por el retorno al poder del presidente depuesto. La democracia apareció como un consenso universal capaz de poner en un mismo bando al expresidente Hugo Chávez y a Obama y, con ellos, al conjunto de América Latina con la unanimidad de la Asamblea General de la ONU.

Pero el cuadro es más complejo y hoy, en el continente, la pregunta es de qué tipo de democracia estamos hablando para que haya tanto consenso.

En la década del 90 del siglo pasado, la adhesión al modelo neoliberal ordenó a las instituciones, a los ciudadanos y a los comportamientos de los dirigentes, independientemente de cuál fuera el color de su carnet de militante. Ello fue posible gracias a una democracia de baja intensidad, donde se vota pero no se elige y donde el peso del interés económico es capaz de alinear o al menos dificultar el carácter transformador de los procesos más avanzados. Esa hegemonía ha sido disputada con cada vez más fuerza en la región desde hace quince años, con intentos por avanzar en la profundización de los procesos democráticos, a través de vías como las asambleas constituyentes para dar lugar a nuevas constituciones. Eso fue lo que trató de realizar Zelaya y eso le costó el cargo. Para que se tome nota ahora, por allá y por acá.

Es decir, los golpistas hondureños dieron en 2009 una señal a su país, pero también a toda América Latina: aceptan la democracia pero no su profundización.

Adicionalmente, la elección de Xiomara Castro no era, en principio, una buena noticia para Estados Unidos, cuyo poder en el continente ha decrecido a merced de China y que, en los últimos tiempos, se ha jugado por la consolidación de la Alianza del Pacífico como un eje más propicio para sus intereses. Como se sabe, esta referencia integrada por Chile, Perú, Colombia y México activa un bloque conformado por países amigos de Estados Unidos que operan como contrapeso al Mercosur, el Unasur y el Alba. Para su expansión, podría ser un obstáculo la voluntad de Honduras de una integración centroamericana de izquierda, junto a Nicaragua, El Salvador y Cuba.

Mientras todo esto sucede, los desafíos sociales son complejos. Honduras es un país con 8,5 millones de habitantes, de los que el 70 % es pobre. Además, sufre una ola de criminalidad que a diario deja una veintena de muertos, en promedio, según organismos de derechos humanos e internacionales, que lo sitúan como una de las naciones más violentas del mundo. Muchas veces, los peones de estos ejércitos civiles son casi niños convertidos en asesinos, cuyos cuerpos se tatúan gradualmente, como condecoraciones, con cada crimen cometido. Una serie del fotógrafo chileno Tomás Munita, seleccionada para la World Press Photo 2013, muestra brutalmente esta realidad.

Además, otros grupos vulnerables enfrentan postraciones. El reciente Índice Global de Vigilancia del Envejecimiento, que publica la organización HelpAge International y que clasifica a los países de acuerdo al bienestar social y económico de los adultos mayores, estableció que Honduras ocupa el último lugar en la región con las peores condiciones para la población mayor de 60 años.
Frente a estos desafíos, la respuesta del candidato oficialmente vencedor es al estilo de la década del 90: privatización de las empresas públicas y flexibilidad laboral. Ya se sabe cuáles fueron las consecuencias donde se aplicaron.

 

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