Según la definición del Instituto los conflictos socio ambientales son disputas entre diversos actores: personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o del Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses por la afectación, o potencial afectación, de los Derechos Humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas.

Para registrarlos y hacerles seguimiento el INDH desarrolló una muestra con al menos 97 conflictos socio- ambientales, ocurridos entre enero del 2010 y julio 2012.  Dahyana Guzmán, integrante de la unidad del organismo, se refirió a la necesidad de considerar el tema cuando hoy existe una fuerte tensión entre el medio ambiente y los derechos de las comunidades.

En este sentido, la funcionaria especializada en conflictos socio ambientales señaló que “para hacer un país desarrollado y para tener es necesario que se tomen una serie de decisiones, pero esas decisiones también tienen que considerar el respeto a los derechos humanos porque, por ejemplo, hay proyectos de inversión que pudieran estar afectando el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente libre de contaminación, el derecho al trabajo, incluso el derecho a la participación y la consulta indígena en las localidades donde estos proyectos de inversión se insertan”.

Los conflictos que registró el Instituto debían cumplir algunos recitos como haber tenido una expresión pública: sea una nota de prensa, una protesta social u acción judicial. Estos están identificados con una ficha de resumen. Además, se pueden hacer búsquedas avanzadas es decir, están asociados a una causa, por ejemplo se relacionan con la emisión de residuos o son proyectos de inversión, en qué lugar está la  comunidad afectada y los derechos en juego.

Según indicó la investigadora, los conflictos se van reactivando, movilizando, como por ejemplo pasa con dos grandes causas, la oposición a Pascua Lama en el norte y a HidroAysén en el sur. Por lo mismo, a un año de presentada la herramienta el Instituto quiere realizar una actualización en una fecha a definir el 2014, para ser constante fuente de material para quienes trabajan en el tema.

Constanza San Juan, historiadora e investigadora de temas ambientales, se refirió al aporte del mapa y la relevancia que sea realizado por un organismo público.

En esa perspectiva, la investigadora resaltó el aspecto de que “como herramienta que también está de alguna forma sustentada por el Estado me pareció interesante sobre todo porque abre la posibilidad de que nuevos investigadores o estudiantes de universidades que están probando la importancia de estos temas pueden corroborar que de alguna forma lo que han estado haciendo las comunidades desde hace mucho tiempo, que cuando hay un conflicto socio ambiental se están vulnerando derechos básicos, derechos humanos y derechos que también son muy amplios, es una realidad y por ende es importante estudiarla y que tiene que ser considerada”.

Pero el INDH no es el único organismo que se ha dedicado a mapear los diferentes conflictos, también está la Fundación Terram que detalló en los temas energéticos, y el OLCA (el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales), que desarrolló el llamado “Mapa de la Injusticia Ambiental”, entre otros proyectos de este tipo.

Sin embargo, existe un desfase entre la lógica de las ONG y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la del Estado, ya que no necesariamente estos informes están siendo considerados en el desarrollo de las políticas públicas como sucede en otros países.