La discusión sobre la Ficha de Protección Social se resume en la siguiente disyuntiva: por un lado, principalmente en el Gobierno, los que piensan que debe afinarse el instrumento para entregar beneficios sólo la población pobre y, al otro lado, los que piensan que el Estado debe ampliar esa cobertura a las personas vulnerables o con inseguridad económica.

Con esto en mente, la Fundación para la Superación de la Pobreza organizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral el seminario “Una nueva mirada sobre pobreza: del asistencialismo a lo promocional”. El tema sensible es que muchos beneficiarios tienen que forzar y falsear su información personal para ganarle al vecino o no perder el aporte del Estado, que puede ser bono, subsidio, pensión o asesoría jurídica. Por eso, el economista de la Universidad de Chile, Osvaldo Larrañaga, propone un nuevo sistema, basado en los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), para identificar sólo a la gente de altos ingresos y luego dar beneficios a las familias “vulnerables” –o sea, al 60% de la población- que tiene un ingreso inferior a 160 mil pesos por integrante del hogar.

“La propuesta es abandonar el modelo de la ficha y sustituirlo por un esquema en la cual la condición socioeconómica del hogar se realiza usando información de registros administrativos, esta es información que el Estado ya tiene, los ingresos monetarios declarados en sistemas tributarios, los registros de propiedades de vehículos, la información de sistemas financieros y otros más. Uno podría decir, en el modelo vigente, lo que hacen los postulantes que deben demostrar a través de las fichas, compitiendo entre ellos por un puntaje que los haga más accesible que el vecino el acceder un beneficio, en el modelo que se propone más bien se avalúa con datos administrativos que el evaluado no pertenezca a sectores acomodados”, explicó.

Clarisa Hardy, psicóloga y exministra de Mideplan (actual Ministerio de Desarrollo Social), dice que esto no equivale al “asistencialismo”, porque la seguridad económica es un derecho, por eso no sirve sólo generar empleos.

“La pregunta que cabe hacerse es como genera uno seguridades en ellos que, transitoriamente o por largos momentos de su vida, van a carecer de aquellos ingresos básicos que permiten desarrollar plenamente las capacidades y hacer uso de las oportunidades, por lo tanto, la seguridad de los ingresos que significan transferir ingresos monetarios para que puedan generarse capacidades y oportunidades es un derecho que debe ser socialmente garantizado”, detalló.

Por su parte, el alcalde de la comuna de El Bosque y secretario general de la Asociación Chilena de Municipalidades, Sadi Melo, critica la tardanza del Gobierno en definir el tema de la nueva ficha, porque, por ejemplo, se han entregado más de 30 mil subsidios habitacionales de clase media que aún no se concretan porque están a la espera del puntaje de la ficha.

“La famosa ficha social ha sido un instrumento que se ha estado construyendo de manera muy clandestina, la última conversación que sostuvimos hace más de un año con Lavín, nos preguntó cuáles eran opiniones con respecto a cómo construir este instrumento, él se comprometió a entregar en marzo de este año esta ficha, ahora sabemos que recién en marzo de 2014 va a ser entregada, es decir ha sido un chiste”, plantea el alcalde.

El ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, en tanto, niega que el Gobierno esté actuando con secretismo al respecto.

“La verdad es que no es efectivo que desde los últimos años o desde que Joaquín Lavín dejara el ministerio ha habido un trabajo con secretismo, por el contrario, una de las primeras declaraciones públicas que yo hice fue aclarar el estatus en el que estaba la ficha y en seguida he tenido numerosas reuniones con didecos, alcaldes o asesores en materia social de distintos municipios del país en mi propia oficina”, puntualizó.

Ante las preguntas sobre una fecha de entrega de la nueva ficha social, la autoridad de Gobierno evitó dar una respuesta directa y agregó que este instrumento va a basarse sobre datos de unas 2 millones de personas.