Pescadores artesanales del sector costero de la Región del Bíobío, específicamente de la zona de Coronel, presentaron una solicitud a la superintendencia del Medioambiente en orden a paralizar la central termoeléctrica Bocamina II.
Esta se ubica en Coronel, comuna considerada como una de las llamadas “zonas de sacrificio” de Chile, junto a Puchuncaví y Tocopilla, a causa de la concentración de centrales termoeléctricas a carbón.
La presentación la hizo el abogado Lorenzo Soto, patrocinando a sindicatos de algueras y pescadores artesanales de la zona, en el marco del informe del organismo que confirmó el funcionamiento de la central de Endesa al margen de la ley.
Según Soto, la Corte Suprema ya determinó que el proyecto de optimización es ilegal y clandestino, ya que la empresa a cargo Endesa lo ejecutó violando una resolución judicial que exigía una Resolución de Calificación Ambiental.
Ante esto esperan el retiro total de la planta. “Podría implicar un desmantelamiento de las obras hechas de forma ilícita. Pero como sabemos que lo que ha ocurrido es que el proyecto ha sigo ingresado recién para ser evaluado, las obras serán paralizadas. Y las obras sin autorización deberán retirarse”, indicó Soto.
Endesa presentó recién este martes el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –un año y medio después que se lo pidiera la Corte Suprema. A esto se suma que, además, hay un recurso de protección para dejar sin efecto la base de operación ilegalmente ejecutada.
Para el dirigente ambiental de la zona, Félix González, ahora corresponde que Endesa pague o sufra el decreto del cierre definitivo de la planta: “Me alegro que la Superintendencia esté haciendo su labor, y que hoy Endesa esté obligada a corregir o pagar multa. Esperamos el cierre de una empresa cuestionada, que genera un impacto abrumador sobre el medioambiente, es necesario detener las obras hoy”.
González, presidente regional del Partido Ecologista Verde, aseguró que próximamente sumarán una nueva iniciativa: un plebiscito comunal que sustituya las atribuciones municipales.
“Se tendría que decretar el traslado de esta empresa, es una atribución municipal que ha sido ocupado una vez en Antofagasta. Es una atribución de los alcaldes que deberían ser valientes para ocuparla, y como este alcalde no quiere, a través de un plebiscito los vecinos pueden ejercer las funciones municipales, eso queremos hacer en 2014”.
A esto se suma el conflicto que la empresa mantiene con los vecinos del sector de La Colonia, que están sobre la chimenea de las empresas y esperan su reubicación y medidas de mitigación por parte de Endesa.
El senador del MAS por la zona, Alejandro Navarro, explicó que esperan conformar una mesa de diálogo entre la gerencia de la empresa y los pobladores, “si este fin es rechazado, como ha ocurrido, entonces acudiremos a instancias internacionales de presión y que serán amparadas por la OCDE”, aseguró el parlamentario.
Pescadores artesanales del sector costero de la Región del Bíobío, específicamente de la zona de Coronel, presentaron una solicitud a la superintendencia del Medioambiente en orden a paralizar la central termoeléctrica Bocamina II.
Esta se ubica en Coronel, comuna considerada como una de las llamadas “zonas de sacrificio” de Chile, junto a Puchuncaví y Tocopilla, a causa de la concentración de centrales termoeléctricas a carbón.
La presentación la hizo el abogado Lorenzo Soto, patrocinando a sindicatos de algueras y pescadores artesanales de la zona, en el marco del informe del organismo que confirmó el funcionamiento de la central de Endesa al margen de la ley.
Según Soto, la Corte Suprema ya determinó que el proyecto de optimización es ilegal y clandestino, ya que la empresa a cargo Endesa lo ejecutó violando una resolución judicial que exigía una Resolución de Calificación Ambiental.
Ante esto esperan el retiro total de la planta. “Podría implicar un desmantelamiento de las obras hechas de forma ilícita. Pero como sabemos que lo que ha ocurrido es que el proyecto ha sigo ingresado recién para ser evaluado, las obras serán paralizadas. Y las obras sin autorización deberán retirarse”, indicó Soto.
Endesa presentó recién este martes el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –un año y medio después que se lo pidiera la Corte Suprema. A esto se suma que, además, hay un recurso de protección para dejar sin efecto la base de operación ilegalmente ejecutada.
Para el dirigente ambiental de la zona, Félix González, ahora corresponde que Endesa pague o sufra el decreto del cierre definitivo de la planta: “Me alegro que la Superintendencia esté haciendo su labor, y que hoy Endesa esté obligada a corregir o pagar multa. Esperamos el cierre de una empresa cuestionada, que genera un impacto abrumador sobre el medioambiente, es necesario detener las obras hoy”.
González, presidente regional del Partido Ecologista Verde, aseguró que próximamente sumarán una nueva iniciativa: un plebiscito comunal que sustituya las atribuciones municipales.
“Se tendría que decretar el traslado de esta empresa, es una atribución municipal que ha sido ocupado una vez en Antofagasta. Es una atribución de los alcaldes que deberían ser valientes para ocuparla, y como este alcalde no quiere, a través de un plebiscito los vecinos pueden ejercer las funciones municipales, eso queremos hacer en 2014”.
A esto se suma el conflicto que la empresa mantiene con los vecinos del sector de La Colonia, que están sobre la chimenea de las empresas y esperan su reubicación y medidas de mitigación por parte de Endesa.
El senador del MAS por la zona, Alejandro Navarro, explicó que esperan conformar una mesa de diálogo entre la gerencia de la empresa y los pobladores, “si este fin es rechazado, como ha ocurrido, entonces acudiremos a instancias internacionales de presión y que serán amparadas por la OCDE”, aseguró el parlamentario.
Pescadores artesanales del sector costero de la Región del Bíobío, específicamente de la zona de Coronel, presentaron una solicitud a la superintendencia del Medioambiente en orden a paralizar la central termoeléctrica Bocamina II.
Esta se ubica en Coronel, comuna considerada como una de las llamadas “zonas de sacrificio” de Chile, junto a Puchuncaví y Tocopilla, a causa de la concentración de centrales termoeléctricas a carbón.
La presentación la hizo el abogado Lorenzo Soto, patrocinando a sindicatos de algueras y pescadores artesanales de la zona, en el marco del informe del organismo que confirmó el funcionamiento de la central de Endesa al margen de la ley.
Según Soto, la Corte Suprema ya determinó que el proyecto de optimización es ilegal y clandestino, ya que la empresa a cargo Endesa lo ejecutó violando una resolución judicial que exigía una Resolución de Calificación Ambiental.
Ante esto esperan el retiro total de la planta. “Podría implicar un desmantelamiento de las obras hechas de forma ilícita. Pero como sabemos que lo que ha ocurrido es que el proyecto ha sigo ingresado recién para ser evaluado, las obras serán paralizadas. Y las obras sin autorización deberán retirarse”, indicó Soto.
Endesa presentó recién este martes el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –un año y medio después que se lo pidiera la Corte Suprema. A esto se suma que, además, hay un recurso de protección para dejar sin efecto la base de operación ilegalmente ejecutada.
Para el dirigente ambiental de la zona, Félix González, ahora corresponde que Endesa pague o sufra el decreto del cierre definitivo de la planta: “Me alegro que la Superintendencia esté haciendo su labor, y que hoy Endesa esté obligada a corregir o pagar multa. Esperamos el cierre de una empresa cuestionada, que genera un impacto abrumador sobre el medioambiente, es necesario detener las obras hoy”.
González, presidente regional del Partido Ecologista Verde, aseguró que próximamente sumarán una nueva iniciativa: un plebiscito comunal que sustituya las atribuciones municipales.
“Se tendría que decretar el traslado de esta empresa, es una atribución municipal que ha sido ocupado una vez en Antofagasta. Es una atribución de los alcaldes que deberían ser valientes para ocuparla, y como este alcalde no quiere, a través de un plebiscito los vecinos pueden ejercer las funciones municipales, eso queremos hacer en 2014”.
A esto se suma el conflicto que la empresa mantiene con los vecinos del sector de La Colonia, que están sobre la chimenea de las empresas y esperan su reubicación y medidas de mitigación por parte de Endesa.
El senador del MAS por la zona, Alejandro Navarro, explicó que esperan conformar una mesa de diálogo entre la gerencia de la empresa y los pobladores, “si este fin es rechazado, como ha ocurrido, entonces acudiremos a instancias internacionales de presión y que serán amparadas por la OCDE”, aseguró el parlamentario.
