Los Derechos Humanos en el país han sido materia de agenda en los últimos días. Esta vez, y producto de un bullado caso, Corporación Humanas y el Centro de Derechos Humanos de la UDP, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana del ramo (CIDH) a favor de una pareja de madres lesbianas.

La denuncia ante el organismo busca la defensa de las dos madres que vieron vulnerados sus derechos garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos al impedírseles el reconocimiento de sus hijos producto de su condición sexual, denegándoles el acceso a la justicia nacional.

Alexandra Benado y Alejandra Gallo decidieron ser madres a través de un proceso de fertilización asistida y al momento de inscribir a sus hijos ante el Registro Civil, la Oficial Civil subrogante les manifestó la imposibilidad de realizar el reconocimiento de maternidad de los niños respecto de la madre que no dio a luz, por tratarse de una persona de sexo femenino.

“Nuestra intención y voluntad siempre fue ser ambas reconocidas legalmente como madres de nuestros hijos, para poder ejercer con total plenitud y seguridad jurídica todos los derechos y obligaciones que se generan en una relación madre-hijos”, sostienen Alexandra y Alejandra en el escrito ante la CIDH.

Agotando todos los recursos judiciales internos, tales como el de Protección, de Queja y dos Recursos de Reposición buscando el reconocimiento del rol jurídico de las madres, instancias denegadas por la justicia, las abogadas de la Corporación Humanas reconocen que no quedan más opciones disponibles.

Las violaciones cometidas por el Estado recaen en la vulneración de derechos y garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, así como de otros tratados ratificados por el país. Los citados apartados se refieren a la igualdad de derechos y prohibición de discriminación; derechos a la intimidad, vida privada y familiar; garantías judiciales y acceso a la justicia; y especial protección de los derechos de los niños.

La discriminación es descrita por la abogada de la Corporación, Daniela Quintanilla, quien comenta que “la búsqueda comienza cuando se intenta inscribir la maternidad de Alexandra, la madre que no dio a luz a los niños, el Registro Civil se negó a la inscripción ya que la solicitante era una mujer y que los niños ya tenían una madre conocida”.

“Habiéndose agotado los recursos internos se tomó la determinación de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la vulneración de los derechos de la familia constituida por Alejandra, Alexandra y sus dos hijos. En particular denunciamos la vulneración de los derechos de igualdad y no discriminación, el derecho a la intimidad y a la vida privada y familiar, a las garantías judiciales y acceso a la justicia y en relación con la especial protección de los derechos de los niños, en el sentido de que hoy no pueden legalmente exigir todos los derechos y obligaciones que corresponden a un vínculo filial”, acotó.

El objetivo de la denuncia, agregó Daniela Quintanilla es que “se condene al Estado de Chile y que además se ordene el reconocimiento legal de Alexandra respecto de sus hijos”, sin embargo, para ellas sería fundamental llegar a un acuerdo amistoso con el Estado y no tener que esperar una nueva sentencia en la materia, como pasó en 2012 con el caso de la jueza Karen Atala.

La también jurista, pero de la clínica jurídica de interés público de la Universidad Diego Portales, Camila de la Maza, avanzó sobre las limitaciones judiciales que en Chile se sostuvieron en este caso.

“Con esta demanda se espera que el Estado cumpla a su obligación internacional, es decir adecuar su normativa interna a los estándares internacionales de Derechos Humanos, esto es dar reconocimiento a la familia más allá de la orientación sexual de sus miembros”, aclaró la profesional.

La paciencia será un valor apreciado en esta parte del proceso, ya que los escasos recursos con los que se trabajan en la CIDH hacen que sus resoluciones se demoren. Pese a ello, las organizaciones y las madres víctimas de la discriminación apelan a ella como la única salida para reivindicar la decisión.

Para los organismos implicados en la presentación del recurso es importante agilizar los cambios internos que aseguren que en el país, tanto a nivel legislativo y judicial como de decisiones funcionarias, se respeten las normativas internacionales que el país ha ratificado.