El próximo lunes 16 de diciembre se vence el plazo de dos años para la investigación de los delitos que se desprenden de la repactación unilateral que realizó la multitienda y que afectó a miles de chilenos.

Ese día, el Ministerio Público tendrá que presentar su acusación fiscal, para lo que tiene un plazo de 10 días hábiles, después se notifica a los intervinientes para que adhieran a esta acusación o presenten una  particular y luego el tribunal fija fecha para una audiencia preparatoria de juicio oral. Esto quiere decir que los abogados ya pueden entrar en tierra derecha a preparar los argumentos del juicio en el que los ex ejecutivos, Julián Moreno, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y otros cinco ex gerentes, arriesgan altas penas.

La abogada de los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas, se refirió al proceso judicial que se proyecta para el próximo año: “Por cierto que nosotros mantenemos las más altas expectativas que no son otra cosa más que lograr cumplimiento efectivo, es decir, penas de cárcel para los principales implicados porque acá los delitos por los cuales han sido formalizados, van a ser acusados, son 6 delitos por lo menos en el caso de los principales imputados y algunos de esos delitos son de alta penalidad, y que llega hasta 15 años por el caso de lavado de activos”.

Pero existe también  otro grupo, denominado “Grupo B”, conformado por 21 imputados, entre ellos ex directores, ejecutivos y familiares de los formalizados, que se fijó para el dos de enero 2014. En ese caso el Ministerio Público expresó su voluntad de no perseverar en la investigación, ya que, si bien existen antecedentes, no son suficientes para mantenerlos en juicio.

Además las defensas solicitarán al tribunal el sobreseimiento definitivo lo que significa dejarlos liberados de toda responsabilidad. A todo esto se suma que hoy, la abogada Bárbara Salinas presentará a la Fiscalía Centro Norte que se investigue de forma separada la participación que eventualmente hubieran tenido las corredoras de bolsa en el marco de este caso, con lo que se siguen indagando aristas.

En ese sentido los consumidores también expresaron su opinión. Stefan Larenas presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), observó el desarrollo del proceso e indicó que espera una sanción ejemplificadora en la causa.

En esa línea, el dirigente de la entidad de consumidores afirmó que “nosotros esperamos que realmente hayan sanciones muy importantes porque ha habido un fraude a la fe pública en el sentido de haber repactado a esta cantidad de personas y cuya reparación ha sido bastante menor en relación con el daño causado. En Chile este tipo de acciones colectivas todavía no tiene una proporción en relación al daño, por lo tanto, difícilmente será reparado en término de lo que ha sido el daño”.

El dirigente indicó que al menos se ha reconocido el daño a los consumidores, terminando con el proceso de repactaciones, y retrotrayendo la deuda hasta el origen, sin interés y sin cobros de mora. Sin embargo, Larenas advirtió que aún falta ver cómo la Superintendencia de Valores va a sancionar a la consultora Price Waterhouse Coopers, más allá del mero pago de una multa ya que ellos,  firmó, con su auditoría avalaron todo este fraude masivo.