En octubre de 2012 se daban a conocer los primeros trascendidos de una realidad que se concretará cuando ha pasado un poco más de un año desde que un portal de defensa de España titulara “La Fuerza Aérea de Chile analiza el cierre de ENAER tras paralizarse el acuerdo con Airbus Military”.

Los argumentos para plantearse el posible cierre de la Empresa Nacional de Aeronáutica se explicaban desde lo económico, producto de una millonaria deuda arrastrada, presuntamente por más de una década, y que ascendía a los 70 millones de dólares.

Los trabajadores denunciaron esta situación, la preocupación de quienes trabajan en el área de producción de la empresa era evidente, ellos temían que, sin mediar intervención, se concretaría el cierre este 31 de diciembre.

Apelando a Contraloría, diputados y senadores, los trabajadores esperaban encontrar una solución, un resquicio legal que permitiera detener la inminente desaparición del área de producción de partes, piezas y montajes de aéreo estructuras, así lo explicó Bernardo Tapia, presidente del Sindicato n° 2 de trabajadores.

“El decreto lo firmó el presidente, para nosotros de manera ilegal, porque la ley orgánica tiene que ser modificada en el Congreso, no existe otra instancia legal para modificarla. Si desvinculamos 200 trabajadores, perdemos contratos, trabajo comunal y estratégico”, señaló el dirigente.

Más de 200 serán los trabajadores desvinculados, quienes pese a la especialidad de su oficio, verán cómo se cierra una empresa que por décadas los cobijó. Los trabajadores critican la política de defensa del ministerio liderado por Rodrigo Hinzpeter, sin embargo reconocen que los problemas en la administración de la empresa se arrastran desde hace más de cinco años.

Uno de los ejemplos donde buscan validar sus críticas al modelo llevado por el ministerio es en el conflicto con Asmar, donde los trabajadores enteran cerca de cincuenta días de movilizaciones exigiendo igualación de salarios entre los operarios, medida que se mantiene sin solución.
“Ni siquiera nos ha recibido el ministro”, apuntó el dirigente atribuyendo el cierre a la búsqueda de tapar una “mala gestión”, instancia que quedaría expresada en el informe 138 de Contraloría General de la República.

El parlamentario Ricardo Rincón (DC), miembro de la comisión de Defensa y cercano al problema de los trabajadores, critica la gestión desarrollada por el gobierno en materia de defensa, argumentando que el cierre se debe a una “falta de voluntad política”.

Asimismo, el diputado indicó que: “Vamos a quedar restringidos en autonomía exclusivamente al área de mantención, eso impide ensamblar el conocimiento militar con el conocimiento científico y el universitario, que deberían ser tres pilares fundamentales para impulsar las empresas estratégicas de la defensa”.

Con preocupación ve el analista Guillermo Holzmann la poca claridad en estrategia militar desarrollada por el país.

“Es preocupante el hecho de que no tengamos una estrategia clara en industria militar, eso es un tema que se deriva de otras definiciones respecto de las proyecciones que el país necesita y cuál es el rol que juega el poder militar en términos de disuasión, de cooperación a nivel internacional, conforme a ello son las decisiones que se toman respecto de qué tipo de industria militar queremos”, apuntó.

Respecto de la decisión del cierre del área de producción, el cientista aseguró que en la región los países viven un problema en temas de defensa debido a la baja industrialización, lo que deja a la producción local en desmejorada competencia con industrias más tecnologizadas.