El proyecto de “Ley de Resguardo al Orden Público” se jugará en los meses restantes de este gobierno su eventual promulgación. Este texto ingresó al Congreso en octubre de 2011, cuando Rodrigo Hinzpeter era ministro del Interior, en pleno desarrollo de las movilizaciones de los estudiantes. Ese contexto determina la razón del ser del proyecto, porque se busca proteger a las fuerzas policiales de los ataques durante marchas y protestas, particularmente de encapuchados.

En su siguiente fase, este proyecto debe ser visto por la sala del Senado, luego de que la comisión mixta lo aprobara hace unos días, gracias a los votos de RN y la UDI, que eran mayoría en esa instancia. Importa tener claro que los proyectos son vistos por comisiones mixtas de diputados y senadores cuando una cámara lo aprueba y la otra lo rechaza, como ha sucedido con la también llamada “Ley Hinzpeter”. Lo que sigue es que el Senado en pleno dé su parecer, mientras el proyecto se tramita con “discusión inmediata”, lo que significa que cada cámara del Congreso tiene 6 días para despacharlo.

Roberto Morales, actual presidente de la junta directiva de la organización Amnistía Internacional-Chile, organismo que realiza seguimiento a temas de Derechos Humanos y  políticas sobre seguridad ciudadana, explica que al revisar este proyecto legal se concluye que su objetivo no tiene sentido sino como señal simbólica, porque lo que busca sancionar ya está tipificado y penalizado, tanto en el Código Penal como en la Ley de Seguridad del Estado.

En este sentido, el experto de la organización de DD.HH. señaló que “una persona con capucha o sin capucha que agrede a otra persona o daña los bienes públicos es un delito, pero eso está tipificado en el Código Penal, si ese delito se da en un contexto de la protesta social, lo que hace es estigmatizar la protesta social, si eso no estuviera tipificado efectivamente esta ley o cualquiera otra serviría para llenar un vacío, pero a nuestro juicio lo que se está haciendo en el marco de una protesta social se tipifican ciertos delitos que ya están tipificados, y por lo tanto no hay que hacer, se aumentan las penalizaciones, pero entre otras cosas se estigmatiza la protesta social y se le pone en un rango muy distinto que me parece bien preocupante”.

Sobre este tema, el presidente de la Comisión de Constitución, senador Patricio Walker, indicó que el proyecto “se aprobó en la comisión mixta sólo porque ahí la UDI y RN tienen mayoría, pero eso no va a suceder tanto en la Cámara Baja como en el Senado”.

El senador de RN Alberto Espina insiste en que este proyecto es positivo para la seguridad ciudadana, pues se requiere proteger a los carabineros.

En esa línea, el senador oficialista explicó que “lo que la sociedad chilena está haciendo pésimo es que no está dando señales de dictar normas claras que se sepa en Chile que tocar o pegarle a un carabinero es un delito grave. En Chile a los carabineros los escupen en la calle y al carabinero que lo escupen al final nadie lo defiende y cuando un carabinero comete un error que lo puede cometer, inmediatamente es dado de baja. Los carabineros son chilenos que han destinado su vida a servir a la patria y lo están haciendo hoy con muchas dificultades”.

Importa decir que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución estatal autónoma que observa la situación de los derechos fundamentales en el país, alertó “secuestros” hechos por funcionarios de la PDI sobre estudiantes, sin respetar normas de detención; al igual que la situación que viven varias personas que han perdido ojos a causa de balines disparados a corta distancia por Carabineros.