Ante el convencimiento de la Fiscalía Centro norte de que 24 ex ejecutivos de La Polar no fueron parte del plan parta estafar a los clientes de La Polar, el segundo Juzgado de Garantía decidió acoger la solicitud de no perseverar, con lo que personeros como el ex Ministro René Cortázar y el Presidente del Directorio, al momento del ilícito, Heriberto Urzúa. no serán imputados en el juicio oral.

El Fiscal José Morales afirmó que no hay certeza de que ellos conocieran todos los procesos falsos que existían al interior de la empresa.

Ante la solicitud de las defensas de los 9 principales imputados, encabezados por el ex Gerente General de La Polar, Pablo Alcalde, de reabrir la investigación debido a las diferencias con la línea investigativa del Ministerio público, el persecutor, José Morales, aseguró que esta no tiene justificación.

En este sentido, explicó que “nosotros discrepamos de esa posición, porque creemos que la investigación está agotada, que la defensa aún tiene la posibilidad de hacer diligencias por su parte o incluso hacer peritajes, eso la ley lo permite, por lo tanto, no tiene ningún sentido mantener abierta una investigación que ya está absolutamente agotada”.

Alex Caroca, abogado de la imputada María Isabel Fará, rebatió las afirmaciones del Fiscal, porque  a su juicio faltan diligencias fundamentales como por ejemplo la revisión del sistema informático de la Empresa.

El defensor añadió que hay personas que serían responsables, como ex gerentes de ventas, sin embargo este jueves quedaron excluidas de la investigación, mientras se sigue inculpando a quienes no conocían estas operaciones.

Por esto, el abogado patrocinante de la imputada María Isabel Fará indicó que “lo que nosotros decimos es que esta situación se originó en los mandos medios hacia abajo, particularmente la gente que realizaba las operaciones de cobranza y esos son los responsables y los que deberían responder y ser llevados a juicio oral, es la línea completa de mando y esto es lo que no se ha hecho en este caso”.

En opinión de la representante de los accionistas minoritarios, Bárbara Salinas, las defensas de los imputados tiene derecho a solicitar la reapertura de la investigación, pero esa petición no tendría sustento jurídico.

En esa línea, la abogada de los accionistas minoritarios detalló que “la verdad es que ellos tienen todo el derecho de solicitar reapertura, a nuestro juicio no se dan los elementos suficientes para ello, son diligencias que el Código establece normas claras respecto de aquello, son diligencias sobre las cuales el Ministerio Público las ha negado o bien no se ha pronunciado y nosotros entendemos que el Ministerio Público ha acogido sus diligencias y en ese sentido a nuestro juicio no se darían las hipótesis para solicitar esta reapertura y ciertamente que nosotros vemos también de una manera suspicaz un intento de dilación para dar inicio al juicio oral”.

El 16 de enero se realiza la audiencia para comunicar la decisión de no perseverar a los representantes de 10 de los citados que no llegaron en esta ocasión y el 27 de este mes, se debatirá la posibilidad de reabrir la investigación, retrasando el inicio del juicio oral.