El problema se remonta al año 2009, cuando luego de comprar y recibir semillas de la empresa Anasac, provenientes de Estados Unidos, y con un contrato de por medio, los hermanos José y Juan Pizarro recibieron las instrucciones para su cultivo.

El terreno, ubicado en Melipilla, era arrendado por los agricultores, quienes desistieron de incurrir en otros gastos, como maquinarias e insumos, luego del ofrecimiento que les hicieran desde la empresa. Ellos correrían con todos los gastos.

Sin embargo, según José Pizarro, las instrucciones para el cultivo de las semillas no fueron las correctas.

“Las instrucciones que me dio Anasac por escrito en ese momento era que yo tenía que hacer cuatro hileras de hembra por una de macho. Al final de la cosecha yo tuve muy pocas semillas, porque no hubo coincidencias en el polen con la hembra, porque tendría que haberse hecho cuatro-dos. Para comprobar todo eso tuve que demandarlos en la Cámara de Comercio”, explicó.

Es ahí donde se inició un complejo proceso para el agricultor. De hecho, no existía ninguna posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria, pues el contrato con Anasac lo prohibía.

De manera más práctica, si los agricultores no aceptan las condiciones que impone la empresa, perteneciente ahora a Monsanto, las consecuencias son muy simples: no pueden acceder al proceso de siembra y se les cierran todas las puertas.

La situación se complicó aún más con la presencia de nuevos protagonistas. Es en este punto donde la participación del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), organismo que debía fiscalizar el proceso de siembra de Pizarro, y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) adquieren una relevancia muy importante, tal como lo recordó el agricultor.

“¿Qué pasó con el resto de las semillas transgénicas? Porque era para hacerlo cuatro-dos y el Servicio Agrícola y Ganadero adulteró los papeles viendo que en el terreno yo lo había hecho cuatro-uno. Posiblemente lo trajeron pre escrito, porque esto se mandó después al INIA, que hicieron un peritaje a Anasac y Monsanto, en el que sale claramente que Anasac a Monsanto probablemente traía los papeles pre escritos del SAG”, afirmó.

La fallida cosecha que buscaba exportar semillas de maíz transgénico a Estados Unidos significó para Pizarro duras consecuencias.

Fue el único que se atrevió a enfrentar a la multinacional, a pesar de las irregularidades a las que debió sobreponerse.

“Perdí la casa, el vehículo, perdí todo. La investigación duró tres años, pagando abogado, pagando en la Cámara de Comercio. Sale muy caro, hay muchos agricultores que están en mi problema, pero ninguno siguió, solamente yo. Lo que me daba más rabia con la empresa es que me falsificó la firma en mi liquidación de sueldo”, expresó, remontándose a esos días que finalizarían en el éxito de hoy.

El proceso en la Cámara de Comercio se inició en 2011. Poco más de dos años después, en diciembre de 2013, la instancia emitió su fallo, dando la razón al agricultor.

Y si bien la demanda era por 218 millones de pesos, la empresa sólo pagó 40 millones. Con ese monto, según Pizarro, al menos alcanzó a cubrir los gastos judiciales. Pero Monsanto fue más allá y recurrió a la justicia civil.

“Anasac y Monsanto, no quedando conformes con lo que dictaminó el juez, lo demandaron en la Corte de Apelaciones, para que se retractara y no me pagaran, cosa que la Corte le negó. Ellos volvieron a burlar el contrato, pero como no me podían demandar, demandaron al juez”, reveló.

El agricultor José Pizarro, el primero en ganar una demanda contra la multinacional Monsanto, no pierde la esperanza de que la empresa le pague el monto completo que le adeuda.

Por ahora, asumirá la representación de otros agricultores ante la Cámara de Comercio por casos similares al suyo. Instalado en la ciudad de Los Andes y dedicado al cultivo de pasto, su preocupación es que los pequeños agricultores tomen todos los resguardos necesarios antes de firmar cualquier tipo de contrato.