“No se concluye ningún proceso”, así de categórica fue la abogada de Derechos Humanos Carmen Hertz, quien este jueves fue informada sobre la identificación de los restos de su marido, Carlos Berger, ejecutado por la dictadura en 1973.

Pese a que transcurrieron más de cuarenta años para que las familias de Carlos Berger, Carlos Alfredo Esobedo Caris, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Mario Argüeles Toro y Luis Alfonso Moreno Villarroel pudieran recibir los restos de sus muertos, la abogada es enfática en señalar que sin justicia hacia los criminales nada ha terminado.

La noticia, dada a conocer por el ministro en visita Leopoldo Llanos, sólo reforzaría le necesidad de explorar y exigir más instancias de justicia, aclaró Carmen Hertz.

“El que Carlos Berger haya sido identificado a través de pericias que se le hicieron a los restos que se les cayeron a los encubridores del crimen cuando los sacaron de la fosa clandestina donde habían sido sepultados, después de ser masacrados, lo que hace es dar cuenta de la violencia y de la brutalidad de la política de exterminio. Uno revive y reedita la violencia de lo que fue esa masacre, provoca una rotunda tristeza e indignación, porque da cuenta de la crueldad con la que actuaron y de la impunidad en la que han estado durante cuarenta años”, expresó la abogada.

“En el caso de los crímenes de Calama, la causa está abierta y en estado de sumario desde hace casi dieciséis años. Estamos ante una situación de absoluta denegación de justicia y eso indigna”, agregó.

“Así no se concluye ningún proceso, lo único que queda es transitar por la senda de la verdad, la justicia y la memoria colectiva”, añadió, insistiendo en la necesidad de exigir mayor justicia y verdad: “la sociedad está más dispuesta a verse y reconocerse en su pasado. La reconstrucción democrática de la sociedad pasa porque la verdad y la justicia sean conocidos y porque la memoria colectiva no se intente poner el olvido, como ha ocurrido en los años de transición en el país”.

Desde la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, presidenta de la entidad, recalca la importancia que significa poder recibir los restos por tantos años reclamados a la dictadura.

Asimismo, es enfática en señalar que es fundamental que las organizaciones sigan exigiendo que se conozca toda la verdad aún oculta de la dictadura cívico-militar que sometió al país entre los años 1973 y 1990.

“La agrupación saluda a este gobierno, pero indica que va a seguir en el marco inclaudicable, con mucho más fuerza y, tal vez, con un poco de esperanza que haya una voluntad política real de que exista la verdad y justicia en el país, además de la existencia de la memoria histórica. Durante 24 años no tuvimos esa memoria y esperamos que eso se cumpla, porque es algo que se le debe al país y a sus víctimas. Hay que sancionar a los criminales”, indicó Alicia Lira.

Respecto de la justicia, Carmen Hertz ve este momento histórico como una buena posibilidad de avanzar a la verdad: “Estamos avanzando, a pesar de todos los obstáculos que ha habido en el camino. Porque ha habido intereses todopoderosos para que la impunidad se impusiera, para que el olvido se impusiera y para que no hubiera memoria histórica. Creo que a pesar de todo estamos avanzando hacia una reconstrucción de esa memoria, porque la sociedad está abierta, aunque sea un proceso doloroso. Estuvimos muchos años de una transición en que el acomodo a la impunidad y la llamada justicia en la medida de lo posible, facilitaron el camino del olvido y no el de la memoria”, concluyó.

De la investigación en sí, estas personas fueron ejecutadas el 19 de octubre de 1973, en el marco de la operación conocida como “Caravana de la Muerte”.

Sus cuerpos fueron encontrados en 1990 en una fosa común, ubicada al norte del kilómetro 16 y medio del camino a San Pedro de Atacama, recién en 2014 se confirmó la identidad de las víctimas.

De esta forma, de los 26 ejecutados por la Caravana en Calama, son 18 los identificados, quedando aún ocho sin reconocer.