La polémica se desató luego que la  Contraloría General de la República hiciera toma de razón del decreto que modifica el artículo 65 de la Ley de Caza, que autoriza la matanza de perros salvajes o “bravíos” en zona rural, estando a más de 400 metros de una casa aislada o de un poblado.

La reforma fue calificada de “anacrónica” por los ambientalistas. Monserrat Gallardo, integrante de Esteriliza Chile, insistió en que la medida no soluciona la falta de políticas públicas.

En esa línea, la dirigente afirmó que “en vez de dedicarnos a educar a nuestro pueblo sobre la tenencia responsable, esterilizar masivamente como políticas de gobierno, ya ni siquiera como un tema que los propios municipios pueden hacer, sino que ya una política pública. Hoy estamos llamando a más gente que se sume a esto, no sólo a gente que defiende propiamente a los perritos, sino que también gente que defiende los animales en general y que no pertenece a ninguna agrupación, pero sí tiene muchas ganas de que este país también se construya en temas valóricos y no sólo en temas económicos”.

En cuanto al proyecto de ley de Tenencia Responsable, la Comisión de Hacienda aprobó una modificación al artículo 28 que autoriza a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), recibir denuncias y confiscar perros, para luego sacrificarlos.

Florencia Trujillo, asesora legal de la organización Ecópolis y del movimiento “No a la caza de perros en Chile”, denunció malas prácticas de los municipios para enfrentar el abandono de los canes.

Por esto, la abogada señaló que “los efectos prácticos de esta norma van alcanzar también la zona urbana, donde se produce la mayor cantidad de abandono de perros, son municipios y empresas que tienen malas prácticas, retiran perros de las calles y los abandonan en camionadas en sectores, que son botaderos de perros justamente en zona rural. Por lo tanto, ahora los municipios van a sentirse liberados de hacer programas de esterilización masiva, educación en tenencia responsable y promover en el fondo una política pública coherente y ética”.

Asimismo, Pablo Reyes, veterinario y director de la agrupación CEBA y de la fundación Julieta, insistió que la disposición permite de manera arbitraria la caza de perros, contraponiéndose a la tenencia responsable.

El decreto amplía de 17 a 21 la lista de animales considerados “dañinos”, incluyendo el zorro chilla o gris, el ciervo exótico, los perros bravíos o salvajes y el zorzal, permitiendo cazar desde la Región de Coquimbo hacia el sur en toda época del año y sin restricción de cuota.

Ante esto, el abogado Cristián García-Huidobro, ex fiscal del ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), quien renunció luego de la aprobación del decreto, expresó que hay ilegalidades en el cumplimiento de los requisitos, por lo que no se justifica declarar una especie como dañina. Asimismo, señaló irregularidades en los procedimientos para la redacción del decreto.

“El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que depende de la ley 19.300, la Ley de Medio Ambiente. Los acuerdos del Consejo deben cumplirse por los ministerios que forman parte del Consejo, la cartera de Agricultura forma parte del Consejo y este acuerdo data de julio de 2012. El texto que Agricultura le presentó a la Contraloría es distinto al acuerdo del Consejo de Ministros, por lo tanto, Agricultura debiera haber llevado nuevamente el texto al Consejo de Ministros para que se cumpliera justamente lo que establece la ley 19.300, y eso no se hizo”, explicó el ex fiscal.

Dado lo anterior, las organizaciones renunciaron a la Mesa para la Responsabilidad Socio-Ambiental en la Tenencia de Mascotas, porque acusan a las autoridades de omitir información sobre las modificaciones al proyecto de ley y no respetar los derechos de animales.