La infanta Cristina, de 48 años, llegó al tribunal este sábado 8 de febrero del 2014, pasadas las 10 de la mañana en un automóvil negro y como se especulaba, sólo recorrió a pie, serena, vestida con sobriedad y saludando a los medios, la rampa de algunos metros que conducía al juzgado en el que permaneció hasta pasadas las seis de la tarde.  Mientras, en las afueras del recinto un grupo de manifestantes que enarbolaba la bandera republicana, gritaba “Sangre real = justicia irreal” o “La ley es igual para todos”.

En una pausa de los interrogatorios, Manuel Delgado, abogado de la acusación popular explicó que “el 95% de las respuestas que da (la infanta) son evasivas”. Y añadió que “Castro está haciendo preguntas muy rigurosas”, pero que la infanta estaba “serena y tranquila y bien preparada”. Según Delgado la infanta intentó durante todo ese tiempo”no reconocer hechos que la comprometan”.

El juez Castro busca determinar si Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, cooperó en las presuntas actividades delictivas de Urdangarín, sospechoso junto a un exsocio de malversar 6,1 millones de euros entre 2004 y 2006 mediante una sociedad sin ánimo de lucro denominada Instituto Noos.

En mayo del año pasado el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, logró anular una primera imputación de la infanta por tráfico de influencias. Pero luego Castro se orientó hacia las sospechas de delito fiscal y blanqueo que Cristina habría cometido a través de Aizóon, una sociedad posee junto a su marido al 50%, y cuya caja supuestamente habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado.

La imputación de la infanta el pasado 7 de enero evidenció que la monarquía española ya no es intocable pues por primera vez uno de sus miembros se sienta en el banquillo de los acusados.