La presidenta electa al nombrar su gabinete expresó que lamentaba que éste no fuese paritario. Sin duda parece tener claro que el hecho de tener por segunda vez a una presidenta, no significa que los problemas derivados de la jerarquización, desigualdad y dominación de las relaciones sexo-género estén resueltos, menos aun en el terreno de la práctica política y las políticas públicas. El gabinete cuenta con 9 ministras, entre las que se encuentra Claudia Barattini, designada para encabezar el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Esta ministra destaca, entre otras cosas, por su afinidad con el movimiento de mujeres. Fue directora de la relevante Corporación La Morada, que desde una perspectiva crítica de género ha aportado en develar la condición de las mujeres y el ejercicio de sus derechos. Por este motivo cabe preguntarse sobre los aportes que esa perspectiva crítica podría entregar a su propia práctica como secretaria de Estado. Evidentemente, no es lo mismo situarse en el lado de los movimientos sociales que en el lugar de las decisiones de la administración pública. Sin embargo, dado que le toca recibir una institución que ha tenido un importante giro hacia el fomento y desarrollo de las industrias culturales, habría que plantear algunos elementos que podrían considerarse a la luz de una perspectiva de género que apunte a la superación las desigualdades de este tipo en el ámbito de la cultura, la creación y las empresas culturales.

No es ninguna novedad que el fomento de las industrias culturales busca estimular y ampliar el mercado existente, el cual en Chile es bastante exiguo, que como tal se plantea en función de la lógica de la oferta y la demanda y, por tanto, de una cultura de masas. Esto acarrea algunas consecuencias no deseadas desde el punto de vista de la igualdad y no discriminación que debe resguardar el Estado tanto en la creación, el acceso, como en los contenidos que financia. Por una parte la competencia entre las iniciativas privadas por el financiamiento estatal podría ser desigual, obliga a productores e intermediarios de productos culturales muy diferentes y, además, a los/as creadores/as individuales en diversas disciplinas artísticas, a situarse en un mismo nivel para competir por recursos estatales, competencia donde las mujeres no tendrían por qué encontrarse en mejor posición que en otras áreas, ni tener mayor representación en la dirección y propiedad de las industrias culturales (cómo dato, sólo 3,4% de las empresas son presididas por mujeres en Chile). Los resultados del FONDART 2014 muestran que en el área de difusión y mercado de las artes hombres y mujeres fueron igualmente favorecidos (14 mujeres y 14 hombres), pero en la misma categoría 9 proyectos elegidos corresponden a organizaciones de diverso tipo, de las cuales no es posible saber la participación de hombres y mujeres en su interior. En el área de arquitectura simplemente no hay mujeres; sólo 2 hombres y 4 organizaciones fueron elegidos1.

Por otra parte, respecto al consumo y la generación de públicos el fomento de las industrias culturales sin una perspectiva crítica dirigida a una democratización, y no sólo a una masificación del consumo, puede traer consigo el problema de la reproducción de mandatos y estereotipos de clase y de género a partir de la creación de una oferta orientada tan sólo por las cifras, y con ello a reproducir desigualdades de acceso y contenidos que pueden ser igualmente discriminadores. No olvidemos lo que observó Bourdieu en sus estudios a este respecto y es que “el arte y el consumo cultural están predispuestos, consciente y deliberadamente, o no, para cumplir una función social de legitimación de las diferencias sociales”. Y ya en el año 1981 para un investigación de la UNESCO Michèle Mattelart evidenció el problema de la cultura de masas para las mujeres al reproducir y relevar patrones conservadores y opresivos.

Estos elementos debiesen ser contemplados al construir la política de fomento de la cultura y las artes que el Estado desea promover en relación con otros agentes sociales a partir de este gobierno. Lo cual significa no perder de vista sus obligaciones respecto a la promoción de la igualdad y el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales, que incluye el derecho a la participación en la cultura y la economía, así como a una cultura no sexista. Es de esperar que una administración sensible a la larga lucha desarrollada por el movimiento de mujeres en Chile genere mecanismos para evitar algunos de estos problemas y resolver otros.

Áreas como la creación literaria deja mucho que desear respecto a la distribución por sexo de los proyectos elegidos, en la creación de novela de un total de 23 proyectos tan solo 3 son de mujeres, en poesía 5 de un total de 24 y en ensayo las mujeres son 8 de 20.