En junio de 2013 el Consejo Regional de Valparaíso aprobó el Plan Regulador Metropolitano de esa región, conocido como Premval, instrumento de planificación urbana que tiene por objetivo definir los destinos en el uso de suelos.

Con los estudios iniciados hace diez años, se trata de un plan que no recibía modificaciones desde 1965 y sobre el que la Contraloría General de la República tomó razón el pasado 12 de marzo, validando su aprobación. Esto, luego de considerar 17 observaciones planteadas por grupos ambientalistas.

El instrumento incluye la extensión urbana de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Quilpué, Villa Alemana y Casablanca, es decir, más de 15 mil hectáreas de extensión urbana, cinco mil de las cuales están destinadas para áreas verdes y parques, así como la posibilidad de ofertar suelos para viviendas e industrias.

Uno de los que participó en la elaboración del documento es el consejero regional Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, instancia responsable de aprobar y recoger las indicaciones de la comunidad y plasmarlas en el instrumento de planificación.

Según el consejero se trata de una buena noticia, por ejemplo, para las comunidades de Puchuncaví y Quintero, a propósito de las presiones por proyectos industriales e inmobiliarios.

“Este plan pone freno a la expansión industrial contaminante y eliminó 500 hectáreas, que era la propuesta original del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la remplazó por un área verde, es decir, hemos dejado encapsuladas las industrias. Y en el caso de la comuna de Quinteros existía una tremenda presión inmobiliaria sobre las dunas de más de mil hectáreas. La propuesta del Ministerio permitía emplazar viviendas, pero dadas las inquietudes de la comunidad toda la zona de dunas ha quedado como área verde protegida”, aclara Millones.

En cuanto a la participación de la ciudadanía, la arquitecto Paz Undurraga, integrante de la organización comunitaria funcional “Ciudadanos por Valparaíso”, reconoce que este plan intercomunal presenta áreas conflictivas, como el fundo el Carmen de Quilpué y la ampliación del límite urbano, y también el desarrollo industrial en Puchuncaví.

Todo esto, asegura la arquitecto, genera preocupación e impactos negativos si es que no se determinan normas adecuadas sobre el uso de suelo y la construcción en altura.

“Lo que veo con preocupación es que se trata de varias zonas de extensión urbana que los municipios podrían incluir en sus planes reguladores. Se habla que se abre una cantidad importante de hectáreas disponibles, lo que podría generar un efecto negativo en los centros consolidados, especialmente en la ciudad de Valparaíso. Entonces, los terrenos de la periferia que se incorporan podrían estar en mejores condiciones de mercado, por lo que podrían generar nuevas situaciones sobre las que no está previsto los impactos que podría generar”, proyecta.

Respecto del aumento de la plusvalía con que se ven beneficiadas las propiedades de privados como consecuencia de las modificaciones en los usos de suelo, en las normas de edificación o en aquellas situaciones en las que el Estado ejecuta obras que benefician a los terrenos aledaños, existen diversos sectores que proponen generar un fondo para la mantención de áreas verdes.

En esa línea, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, recuerda un proyecto de ley enviado al Congreso Nacional a fines de los años ’90 por el Ministerio de Vivienda, donde precisamente se estableció una metodología para calcular ese tipo de plusvalías.

“Ese proyecto de ley, por presiones de la Cámara Chilena de la Construcción, los parlamentarios chilenos no se atrevieron y lo guardaron en un cajón del Congreso Nacional. Lo importante es que el Gobierno de Michelle Bachelet retome este proyecto que se refiere a las capturas parciales de las plusvalías que se producen a raíz de nuevas regulaciones en el territorio, plusvalías parciales que deben ser capturadas por el Estado. Hagamos las cosas bien y no a nivel local, sino que a nivel nacional”, exige.

El nuevo plan también incorpora viviendas ubicadas en tomas y asentamientos irregulares, particularmente de zonas rurales de Valparaíso y Viña del Mar, lo que hasta ahora impedía la intervención de los municipios en ámbitos como la implementación de agua potable y alcantarillado.

Además, considera 350 hectáreas de parques en zonas de Viña del Mar, Quilpué, Quinteros y Puchuncaví, incluso en la localidad de La Greda, zona afectada por la generación de metales pesados, lo que se suma al resguardo de los esteros y cursos de agua, incluso aquellos afluentes presionados por proyectos inmobiliarios, protegidos ahora como áreas verdes.