A dos semanas del término de su mandato, el gobierno de Sebastián Piñera emitió la respuesta al informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU), pese a que contaba con plazo hasta junio para entregar el documento.
Esto pese a que la delegación chilena en Ginebra, encabezada por el entonces ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda y el Subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, quien asistía en condición de ministro subrogante, se habrían comprometido a que la administración de Michelle Bachelet enviaría el informe oficial al Grupo de Trabajo, dado que será este el gobierno encargado de implementar estas recomendaciones.
La presidenta de la Corporación Humanas, Carolina Carrera afirmó que esto buscaría dejar “amarrada” la respuesta del Estado chileno sobre importantes temas que afectan principalmente los derechos esenciales de las mujeres y de los pueblos indígenas.
“Deja amarrado en el sentido que entrega oficialmente una respuesta al Consejo de Derechos Humanos, donde claramente dice que rechaza, producto de que no forman parte de la Constitución, ni de los objetivos del gobierno un conjunto de recomendaciones que tienen que ver con promover el debate, despenalizar el aborto, eliminar los procesos de Justicia Militar. Un conjunto de recomendaciones dice que de plano las rechaza y sobre treinta recomendaciones dice que solo toma nota”, explicó.
Efectivamente, el documento oficial llamado “Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado”, tiene fecha 25 de febrero y fue enviado por la Cancillería al organismo internacional el 27 de ese mes. El texto fue elaborado bajo la dirección del ministro de Justicia; redactado por el ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación del ministerio de Justicia, Segpres y Segegob, con la aprobación de la Presidencia de la República de Sebastián Piñera.
Se esperaba que el gobierno aceptara la totalidad o la mayoría de las 185 observaciones, dado el carácter político de la instancia revisora. Sin embargo rechazó 12 medidas y “tomó nota” de 30, lo que significa que no se compromete a generar cambios directos en esas áreas.
Entre esas recomendaciones está modificar la polémica Ley Antiterrorista y adecuarla a los estándares internacionales. Esto considerando también las críticas de diversos organismos, entre los que se cuenta el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en la Lucha Contra el Terrorismo, Ben Emmerson.
Respecto de este tema se refirió el co Director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin: “La recomendación que se hace en relación a la Ley Antiterrorista es rechazada en esa decisión anticipada de la administración de Sebastián Piñera, intentando dejar zanjado algo que corresponde resolver durante los próximos cuatro años y esperamos que así lo haga la administración de Michelle Bachelet”.
También llama profundamente la atención el rechazo a la recomendación de crear una Defensoría del Niño, entre otras materias, muchas de ellas contempladas incluso en el programa de la actual administración. Vale señalar que Radio Universidad de Chile se comunicó con partes el ministerio de Justicia de la antigua y la actual administración para aclarar estos temas, sin obtener respuesta.
Aun así, las organizaciones hacen un llamado al actual gobierno a que realice acciones ahora para enmendar esta situación.
Cabe señalar que el EPU es un examen entre pares, basado en el diálogo de los Estados que integran el Consejo con el Estado examinado, en este caso Chile. Este mecanismo vigila el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de Derechos Humanos de los 192 Estados miembros de la ONU.
