Todas las buenas intenciones del nuevo gobierno tienen como común denominador las dudas que todavía existen respecto del contenido de sus proclamadas promesas. Hasta este momento no se sabe cuán profunda será la reforma tributaria y si ésta, además de allegar más recursos al fisco, se va a proponer mayor equidad en el pago de impuestos, en cuya recaudación actual son los pobres los que más aportan. Incertidumbre es lo que reina, todavía, respecto del orden que seguirá el Ejecutivo para encarar los cambios educacionales, si la gratuidad será tan universal y si se va a extender la prohibición de lucrar en todos los ámbitos de la enseñanza. Tampoco se han hecho muy explícitos los propósitos respecto de la Ley Antiterrorista, el matrimonio homosexual, la posible reducción del presupuesto de Defensa y el proyecto hidroeléctrico de Hidroaysen, más allá de postergar su realización en éste y otros casos.

Toda esta indefinición se explica, fundamentalmente, en la dificultad de las nuevas autoridades de encontrar consenso al interior del bloque de partidos oficialistas, donde una Democracia Cristiana, por ejemplo, exige que cualquier proyecto que se despache al Congreso Nacional sea discutido y visado previamente por quienes integran la coalición gubernamental. Sabidos son también los disensos entre socialistas, pepedés y radicales, así como las expectativas más acuciantes de un Partido Comunista que quiere mantener “un pie en la calle”, en el compromiso con las organizaciones sociales.

En este cuadro de indefiniciones, se ve que para la Presidenta de la República será difícil “golpearle la mesa” a los partidos como a los viejos caudillos de la Concertación que han vuelto a ocupar espacios decisivos en el Gabinete y los poderes regionales. A esta altura es nítido que en la definición de nombres y cargos son los viejos operadores los que están cortando el mazo y definido las cuotas de poder; en una tarea, por lo demás, poco prolija y en que no ha primado la idoneidad de los designados sino, más bien, las cuotas de poder reclamadas por las distintas colectividades o, lo peor, exigidas por sus caudillos internos.

Se ha conformado un equipo de ejecutores y asesores que ya ha manifestado posiciones divergentes, sensibilidades distintas y conflictos de interés que muy probablemente no expresen consenso a la hora de definir a la principal de todas las demandas, cual es una nueva Constitución Política que reemplace a la de 1980 impuesta por la Dictadura. En este sentido, ya son públicas las diferencias que existen entre quienes quieren redactar una nueva Carta Fundamental y los que se conforman solamente con hacerle modificaciones o retoques al texto vigente. De esta forma es que se puede explicar la decisión de proponer, con carácter de urgente, una nueva Constitución para hacer más expedito el voto de los chilenos en el exterior, cuando sería mejor esperar por lo que defina un nuevo texto en esta y otras materias.

En esta misma dirección estaría el deseo de algunos de reponer en el Congreso la discusión sobre modificar el sistema electoral binominal, desahuciando la idea de que una nueva Carta Fundamental defina un ejercicio más democrático en la elección de nuestros parlamentarios. En este sentido, parece evidente que en la denominada Nueva Mayoría hay quienes se conforman solamente con hacerle correcciones al binominalismo vigente, mecanismo que incluso algunas figuras de la Derecha se muestran propicios a cambiar por uno más proporcional.

De esta forma es que la idea de una Asamblea Constituyente se diluye dentro de los propósitos planteados en la campaña presidencial, incluso dentro del comando de Michelle Bachelet. Haría falta que aquellos connotados juristas que la apoyaron volvieran a manifestarse en favor de un sistema que, a todas luces, sería el más democrático para definir un texto constitucional. De esta forma podríamos despejar las dudas que existen respecto de que ésta fuera, entonces, una posición sincera en estos actores, y no un mecanismo propagandístico para asimilarse a las fuertes demandas callejeras y que llegaron a la inédita decisión transversal adoptada por miles y miles de ciudadanos de marcar el voto con la leyenda de ese emblemático A.C.

Lo peor sería mantenerse a la espera de que la Presidenta y sus colaboradores opten por el camino de la Asamblea Constituyente cuando tantos parlamentarios lo único que quieren es ser ellos los encargados de un desafío que no ha prosperado casi en un cuarto de siglo de posdictadura. Es evidente que una entidad elegida por el pueblo para definir una nueva Carta Fundamental pudiera poner en entredicho la estirpe democrática de nuestros legisladores que, como se sabe, han sido elegidos por un sistema electoral cuestionado, por los arreglos cupulares de la política y el poder del dinero. Pues, claro: desde que exista una constitución y un diseño más representativo del Parlamento obviamente que muchos de los actuales diputados y senadores tendrían que dejar sus curules y prebendas.