Entre las 50 medidas para los primeros 100 días de Gobierno figura presentar indicaciones al proyecto que regula el MultiRUT para facilitar que se destrabe su tramitación en el Congreso. Sin embargo, no se habría podido presentar tan rápido como se proyectó, debido a la necesidad de buscar un consenso que permita realizar este cambio.

Recordemos que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) firmaron en el 2012 un acuerdo, que estaría contenido en las indicaciones que se habrían adelantado. La iniciativa no eliminaría el concepto de empresa, que fue uno de los grandes debates en los años pasados, pero añadirán un artículo que establecerá que dos o más empresas con identidades legales diferentes se considerarán un solo empleador cuando tengan una dirección laboral común, lo que permitirá la negociación inter-empresa legal y reglada.

Además, se sustituiría la propuesta del gobierno anterior sobre la creación de un Comité de Expertos para dirimir si hay conflictos. La indicación estipularía que los problemas de interpretación de la ley serán de competencia de un Juez del Trabajo, previo informe de la Inspección del Trabajo.

Sobre este aspecto se refirió Héctor Humeres, Director del Departamento del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile: “Yo creo que eso es un matiz y me parece bien, yo agregaría sí que tenemos que tener la posibilidad de que alguien pueda dar un segundo análisis a este punto y también se contempla la posibilidad de un informe a la Dirección de Trabajo, lo cual también me parece bien, es un organismo técnico, quizás habría que contemplar la posibilidad que se le pida también informe a los trabajadores y a los empresarios para tener una visión bastante completa de la materia. En lo particular el tema me parece bien, simplemente habría que determinar cuándo estamos o no ante una empresa, porque es un tema que puede no ser fácil en algunas ocasiones”.

El especialista afirmó que el tema del MultiRUT “no da para más” y que debe ser regulado de la forma más abierta y transparente. Con esto coincidió el economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, Carlos Zambrano, quien mostró su desconfianza ante posibles regulaciones.

“Usualmente en estas cosas uno nunca tiene muy claro por dónde puede estar el aspecto que puede eludir la ley, es parecido al tema de lo que se está planteando con la Reforma Tributaria en término de las atribuciones que le quieren dar al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que dicen que no, porque de esa manera tratan de especificarlo mucho mejor y tratan de dejarlo más claro, para que en el fondo hayan más posibilidades de estudiar bien la ley y de esa manera haya elusión protegida”, indicó el docente.

Para la encargada del área de negociación colectiva de la Fundación Sol, Valentina Doniez, esto ocurre justamente cuando los cambios que se le quieren hacer a la ley son tan tímidos y no apuntan a dar un giro a la situación de amarres que constituye el MultiRUT.

“La solución legal que se propone es todavía demasiado conservadora sin plantear un cambio en el concepto de empresa y permitiendo negociar solamente a RUT que estén asociados a una propiedad común y que también realicen actividades similares, pero en realidad estamos lejos del debate de verdad que debería darse respecto de la negociación supra empresa en serio, ya sea por rama, no sólo por holding, sino que también en otros ámbitos de actividad económica”, enfatizó.

Para la economista es justamente la definición de empresa sobre-reglamentada en el Código Laboral y las restricciones que genera el asunto de fondo, entrando en tensión con el concepto de principio de la realidad con la que debería operar el derecho del trabajo.

Finalmente, y ante las diferencias de opinión que provoca este tema, los académicos indicaron que antes de presentar las indicaciones se podría realizar un debate más amplio, para prevenir toda fórmula de elusión e incorporar las diversas posturas. En ese sentido hicieron un llamado considerar todas las voces para que esto se convierta en un avance, no en un retroceso o en la mantención del sistema actual que sólo limita la negociación colectiva y complica las relaciones laborales.