Hace pocos días la Casa Memoria José Domingo Cañas fue nuevamente violentada. Se llevaron el equipo computacional que contenía las bases de datos, los casos y la información solicitada por Ley de Transparencia que anima el Tercer Informe de Derechos Humanos. Aun así el documento fue presentado, el cual enfatiza en ejercicio de la tortura en la actualidad.
Marta Cisternas, coordinadora de la comisión de Observadores de DDHH de la Casa Memoria José Domingo Cañas explicó que si bien el delito de tortura no ha sido tipificado en nuestro país, a diario ingresan denuncias por “apremios ilegales o ilegítimos” o “excesiva violencia” cometidos por entes del Estado o funcionarios públicos lo que cuadra perfectamente con la definición de tortura.
Considerando esto, reveló impactantes cifras de la incidencia de este tipo de casos: “De acuerdo a eso nosotros sacamos un promedio diario de denuncias, porque están las fechas y el promedio diario es de cuatro a cinco denuncias que se realizan. Esto tampoco da cuenta de la realidad, porque además, estamos hablando que el porcentaje de personas que denuncian es muy bajo y a pesar de este bajo porcentaje de denuncias se tienen entre cuatro a cinco personas diarias que están denunciando, entonces sabemos que la cifra es mayor”.
El primer informe buscaba instalar la idea de que en Chile se sigue torturando. El segundo texto revela la tortura con connotación sexual ocurrida en movilizaciones sociales, muchas veces contra estudiantes menores de edad y la necesidad de que se tipificara el delito de tortura en el Código Civil, para cumplir con el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes que nuestro país firmó y está vigente.
Además, Chile se comprometió a tipificar el delito en el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas de 2009 y en enero de este año reiteró el compromiso. Hace unos días, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que se avanzaría en este punto, lo que puso en duda el Secretario de la Fundación 1367, Luciano García.
“En el gobierno anterior de Michelle Bachelet en el 2009 ella levanto un proyecto de ley para tipificar la tortura, que en el fondo era modificar el artículo 150 A y 150 B del Código Penal. Ese proyecto fue enviado al Congreso en diciembre de 2009 y desde enero de 2010 no ha tenido movimiento, nada dice que algo similar va a suceder ahora”, indicó García.
Las organizaciones en este nuevo trabajo alertan sobre la realización de otra forma de tortura: la tortura colectiva. Donde se ataca al cuerpo social con la finalidad de generar un impacto pero no sólo en quienes se manifiestan, sino en la sociedad en su conjunto. Esta tesis fue ratificada por Enrique Morales, miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico.
“Es un concepto muy interesante que nosotros avalamos, nosotros hacemos constatación de lesiones a víctimas de violaciones de derechos humanos en las movilizaciones sociales y vemos reiteradamente como se aplican esquemas bastante determinados y repetitivos de violencia sobre las personas y consideramos que eso avala el concepto que se planteó acá de que existe una forma de tortura que se aplica sobre el cuerpo social que se moviliza, es decir, ya no es sobre una persona ni un individuo en particular”, afirmó Enrique Morales.
En ese sentido, el especialista afirmó que no sólo se debe tipificar el concepto, sino que ampliar incorporando estas nuevas formas de vejación. Además, las organizaciones hicieron un llamado a prestar atención e invitaron a los investigadores del área social a considerar este primer acercamiento al fenómeno de la tortura colectiva.