Este lunes la Corte de Apelaciones de Valdivia aprobó el desafuero del diputado Rosauro Martínez Labbé (RN), quien era investigado por su presunta responsabilidad en los homicidios calificados de José Eduardo Monsalve Sandoval, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y Próspero del Carmen Guzmán Soto, miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por los hechos ocurridos el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.
La sentencia de tribunal de alzada afirma que los antecedentes de la investigación son suficientes para tener sospechas fundadas de la participación de Martínez en los delitos imputados, aseveración que también comparte alegremente Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.
“Nosotros esperamos confiados que la Corte Suprema reafirme lo que la Corte de Apelaciones dictó, porque hace meses que se ha perseguido este objetivo y han usado todas las triquiñuelas, incluso la campaña presidencial, para atrasar el momento de desaforarlo” criticó la dirigente social.
Alicia Lira añadió que “para nosotros, para la justicia, para los familiares es un hecho relevante muy importante, porque hay casos tan claros, pero ha sido muy difícil llegar a ellos, incluso pensamos en Cristian Labbé. Pero hoy día esto se veía y se había evitado en toda forma, por eso nosotros con otros familiares presentamos la querella por el desafuero, porque queda un precedente para aquellos que siguen ocultando la información o que han sido responsables de crímenes que pasa el tiempo, les llegará la hora”, advirtió.
En cambio el diputado postulante a la directiva de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, mostró respeto al fallo del tribunal de alzada, pero recalcó que queda una instancia superior a la que Martínez apelará.
Asimismo, el parlamentario agregó que “siempre afecta en lo humano, sobre todo cuando una persona señala tener tranquilidad por los hechos que ocurrieron, y uno a los militantes de un partido cuando están en situación compleja se les apoya, pero el partido ha pasado por momentos complejos, ha pasado por momentos no tantos también complejos y de alegría y hoy día es una situación que abordamos apoyando al diputado para que salga adelante”.
Mientras, el parlamentario RN Diego Paulsen, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, defendió la presunción de inocencia, diciendo que “la Nueva Mayoría o la Concertación quizá, quiera sacar un provecho político tratando que lo desafueren y de esa manera buscar los votos necesarios para aprobar sus proyectos, pero creo que aquí no le veo ningún otro sentido político a esto”.
Por su parte, el diputado DC Claudio Arriagada de la misma Comisión, opinó que “me parece que siempre que si hay un fallo tan contundente y una conclusión como esa es porque existían antecedentes, y cuando hay antecedentes hay que investigar y hacer justicia que es lo que corresponde, porque se pesó todo en su dimensión, no conozco los detalles del por qué fue llevado al desafuero, pero cuando se llega a desaforar por parte de un tribunal eso hay que acatarlo y está bien, y por algo se llega a esa conclusión”.
Igualmente, el diputado PPD Tucapel Jiménez, dio el visto bueno al desafuero considerando que “Martínez cumple un cargo público y que la ciudadanía lo que está pidiendo es conocer la verdad de lo que ocurrió, expresando que “creo que es súper negativo que alguien que este ocupando un cargo de tanta importancia, de representación popular, haya pertenecido a estos órganos represivos que fueron declarados por los propios tribunales de justicia, como asociación ilícita. No me imagino que en otro país, alguien que participó en los servicios de inteligencia del régimen nazi hubiese sido diputado, creo que eso ocurre en Chile no más”.
Jiménez concluyó con un reproche a la “defensa corporativa” que ha hecho la Alianza a su compañero cuando se debe dejar que la justicia decida.
