El programa de gobierno de Michelle Bachelet ha planteado reformas políticas y económicas que sin lugar a dudas tocan el corazón del sistema, lo demuestra la preocupación y el revuelo causado en la derecha y en los dueños del país. La razón es evidente, que esta vez los cambios no provienen de las élites económicas, las que por mucho tiempo promovieron ajustes al modelo económico, respaldados por un marco jurídico-político diseñado y permanentemente ajustado a sus aspiraciones e intereses.

No esta demás acotar que las reformas propuestas cumplirán su objetivo si estas no se diluyen en los trámites legislativos acostumbrados a la política de los acuerdos y a la democracia de lo posible. A lo que aspiramos los chilenos (as) es cambiar la Constitución, a que se defina un sistema democrático que asegure la participación ciudadana en ello, la Asamblea Constituyente, a terminar con las leyes que fundamentan el modelo económico, las leyes laborales que son la base de la desigualdad social y con un sistema político que coarta la soberanía popular, para lo cual mantener la movilización y la presión social en la calle es imprescindible.

Es cierto que en cuatro años será difícil implementar todos los cambios postergados por décadas, respecto al logro de un mayor bienestar posible de la población. Pero hay cambios que son imprescindibles ahora, como la nueva Constitución, el Sistema Político, la Educación, la salud, las reformas laborales y la previsión social, sin olvidar esta vez, a las Fuerzas Armadas y particularmente en lo que se refiere a su doctrina.

Mirado esto desde un punto de vista militar, el ejército adscribe a un modelo de organización de carácter Institucional, en el cual la doctrina militar adquiere en todo momento una importancia vital, por cuanto es la base o sustento de las acciones militares, de sus misiones. Un conjunto de principios, normas básicas, disposiciones, valores, ideas y costumbres que se alteraron con la subordinación de los mandos del ejército a la Doctrina de Seguridad Nacional en 1973, distorsionando su naturaleza como entidad fundamental de la República.

Un proceso en el cual el cuerpo doctrinario, durante el periodo de la dictadura (y desde antes), fue normado para dar respuesta a la lucha internacional que Estados Unidos delineó en contra del Comunismo Internacional, moldeando las concepciones estratégicas, las tácticas y técnicas empleadas por el ejercito chileno en función del enemigo interno. Principios que hasta hoy no han sido transparentados y que continúan orientando la misión de las FFAA, fundamentada en la Constitución de 1980 carente de toda legitimidad democrática.

Los hechos históricos no se pueden borrar ni olvidar, bajo la inspiración doctrinaria de la Seguridad Nacional se organizó y realizó el golpe cívico militar de 1973, cuyo objetivo fue detener y aplastar el ascenso revolucionario y la consolidación del gobierno democrático y socialista de Salvador Allende, cuya política redistributiva no convenía a los intereses de la burguesía nacional y del imperialismo norteamericano. Fueron los cabecillas del golpe quienes el 11 de Septiembre dejaron en claro sus objetivos con el primer comunicado al pueblo de Chile, al establecer que “las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, reiteran al pueblo de Chile su decisión de luchar hasta las últimas consecuencias para derrocar al Gobierno marxista”.

En este bando también declararon que: “(…) la lucha no es contra el pueblo de Chile, sino que en defensa de ese pueblo que ama la libertad y en defensa de la mayoría absoluta que repudia el marxismo…”, “un movimiento militar de liberación nacional, contra el hambre, la pobreza, la miseria, el sectarismo y los mercenarios del marxismo que estaban asesinando a nuestro pueblo”.

Los historiadores oficiales, los gobiernos post dictadura y los actuales mandos del ejército, hasta hoy, tratan de hacernos olvidar lo sucedido, refiriéndose a las FFAA como si nada de esto hubiese ocurrido, insistiendo en el carácter de instituciones no deliberantes y apolíticas. Quienes nos opusimos al golpe cívico militar de 1973 planteamos hoy terminar con la tergiversación de nuestra historia, separando de las FFAA a los civiles y militares que las utilizan para lograr impunidad por los crímenes cometidos.

Los oficiales y futuros mandos, los suboficiales de las FFAA, de Carabineros e Investigaciones, deben conocer la historia y el papel que jugó el ejército en el pasado reciente. Esto implica tomar medidas concretas, poner término a las leyes de amnistía y de protección que impiden la sanción de delitos cometidos, tanto por civiles y militares, durante el gobierno dictatorial entre 1973 y 1989. Leyes que fueron dictadas en los años en los cuales no existió estado de derecho y cuando el país vivió bajo el control del poder absoluto por parte de las Fuerzas Armadas subordinando a los demás poderes del estado.

Las responsabilidades de lo ocurrido son de los Comandantes en Jefes de las FFAA, de todos los que asumieron el mando en las distintas etapas de la dictadura, ellos fueron la cabeza de un ejército que fundamentó su misión en el patrioterismo, una adulteración demagógica del nacionalismo que corrompió los cimientos de la doctrina militar, alterando la relación hasta ese entonces existente entre defensa, seguridad y la nación. Y ellos orientaron a los Oficiales que ejercieron el mando, a los Suboficiales y tropa, a quienes cumplieron roles como jefes de campos de concentración hasta los que torturaron y asesinaron a personas, todos en su conjunto formaron parte de unas Fuerzas Armadas que llevaron a cabo politicas de exterminio organizadas desde el Estado.

Por eso surge con fuerza la necesidad de terminar con el argumento (cobarde) de la obediencia debida, la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, estableció el deber del Estado de perseguir esa clase de delitos, así como el deber de imponer penas adecuadas y la imposibilidad de que pueda invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura y del asesinato.
Los planes de formación de los Oficiales y Sub Oficiales de las FFAA deben incluir explícitamente los tratados de derechos humanos, una materia en la cual debiera trabajar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), específicamente en lo referido a la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad y su rechazo a la amnistía y a la obediencia debida. En la formación de los militares debe quedar en claro que las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguidos por todo el tiempo que se requiera y con toda la retroactividad necesaria, para lograr el enjuiciamiento de sus autores.

Los militares de distintas ramas de las FFAA, quienes nos opusimos al golpe cívico militar de 1973, somos la prueba viviente de que es posible no cumplir órdenes ilegales o anticonstitucionales, ordenes que significaron atormentar, perseguir y asesinar a personas por el solo hecho de pensar distinto. Y el estado debe amparar estas decisiones individuales, eliminando la figura de la obediencia debida existente en el Código de justicia militar, la que permite que los mandos y los soldados deban obedecer escrupulosamente las órdenes emanadas de un superior jerárquico so pena de castigo.

La disciplina que caracteriza al ejército y que es necesaria para garantizar el funcionamiento efectivo de las misiones que le son encomendadas, así como para el cumplimiento de su misión de seguridad y servicio a la patria, exigen de sus miembros una disciplina severa, estricta pero consciente, que se traduce en el fiel cumplimiento del deber sin violentar su compromiso con su patria.