Iván Apablaza, vocero del movimiento ciudadano que se opone al proyecto, explicó que los recursos judiciales buscan dejar sin efecto  la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en 2009.

“Es dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del año 2009, porque se argumenta que la central si realmente contamina, por lo cual debería haber entrado un estudio de impacto ambiental, segundo orden de no innovar respecto de no permitir la construcción de esta central y tercero que se graben costas a la empresa de Río Cautín”, explicó el vocero del movimiento ciudadano.

Apablaza explicó que la acción judicial busca defender el derecho a propiedad de un vecino del sector, cuyo terreno aledaño sería devaluado, y también proteger a un vecino que tiene diagnosticada una enfermedad crónica. Esto porque las emanaciones de la central de respaldo pondrían en peligro su vida.

El representante del movimiento agregó que “son personas de Parral que han determinado presentar estos recursos para proteger derechos que les consagran el artículo 19 de la Constitución, respecto al derecho de propiedad y vivir en un ambiente libre de contaminación”.

La Corte de Apelaciones tendrá que resolver si acoge o no el recurso de protección, en cuyo caso las organizaciones que se oponen buscarán otras acciones legales para retrasar o impedir la construcción de la Central.