Ediciones Radio Universidad de Chile presenta un extracto del libro Nace una Voz: La huelga de hambre de los presos políticos mapuche y el testimonio de Natividad Llanquileo, de la periodista Paula Correa, que será lanzado este martes o8 de junio en Sala Master (Migue Claro 509, Providencia).

La amenaza del juicio de Cañete

A mediados de 2010, el Juicio de Cañete se veía cada vez más cerca. No se podían quedar de brazos cruzados, esperando una condena de entre 50 a 103 años, las más altas solicitadas para dirigentes indígenas en toda América Latina, por hechos que, según afirmaban, no eran más que un montaje del Estado para encarcelarlos, dentro de un plan mucho mayor que se comenzó a fraguar, irónicamente, con el retorno a la democracia, en los gobiernos de la Concertación.

Eran acusados por el “atentado al fiscal Mario Elgueta”, que se desarrolló el 16 de octubre de 2008 en la localidad de Puerto Choque, comuna de Tirúa, provincia de Arauco, región del Biobío. En la actualidad, esos terrenos pertenecen a forestal Volterra, de capitales japoneses, y a Mininco, propiedad de la familia Matte, la tercera familia más rica del país y destacada por su fortuna en el mundo, según informó la Revista Forbes. Estas tierras, además, han sido y son reivindicadas por comunidades mapuche como “territorio ancestral”.

Allí fue donde Carabineros, junto a Policía de Investigaciones (PDI), se enfrentó con dirigentes mapuche, integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), en un confuso incidente que cada una de las partes relatará de forma distinta ante los tribunales.

Esto dejó al fiscal Elgueta con lesiones leves en su muñeca, producto de un perdigonazo, a tres funcionarios con lesiones menores y a un número incierto de comuneros heridos, quienes no constataron lesiones ni se atendieron en un centro de salud, dado el inminente riesgo de ser detenidos y luego procesados. Y estaban en lo correcto, pocos días después, el Ministerio Público, presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista por lo que catalogó como “una emboscada de aniquilamiento”, previamente concertada a través de una asociación ilícita terrorista.

Esta causa se sumó a otros hechos presuntamente cometidos por la CAM con anterioridad. Entre ellos, el incendio y robo con intimidación al agricultor y colaborador de la dictadura militar José Santos Jorquera, con lo cual se acumulaba un total altísimo de penas. Tanto era así que, para Héctor Llaitul, sindicado como el líder de la organización, al sumar estas causas a las que se tramitaban, en paralelo y por los mismos hechos, en la Justicia Militar, se estaba solicitando un total de 128 años de presidio. Este descalabro se unía a la forma en la que el órgano acusador había conducido el procedimiento, cuestión que hizo pensar a los mapuche que, en pleno Bicentenario de la República, la judicialización y la criminalización de la protesta social habían alcanzado un límite y que era necesario hacer algo para detenerlo.

Primera advertencia 

El nueve de julio de 2010 comenzó a circular una carta de advertencia de los familiares de los presos políticos mapuche. Allí señalaban que a 36 de comuneros se les estaba acusando bajo la Ley Antiterrorista y cuestionaban fuertemente su aplicación: “Por el solo hecho de ser mapuche, los fiscales invocan la Ley Antiterrorista en las audiencias de formalización. Hasta el momento, no hay ningún chileno a quien se le haya solicitado la aplicación de esta ley, exceptuando a aquellos chilenos miembros de las redes de apoyo al pueblo mapuche.

Pero no es solo el Ministerio Público, a través de sus fiscales, quienes solicitan su aplicación, sino que es el propio gobierno chileno, a través de los abogados querellantes de las distintas gobernaciones provinciales. Es decir, el gobierno chileno de la Concertación ayer, y hoy de la derecha, se hace parte siempre, en contra del pueblo mapuche y a favor de los usurpadores, invocando a los cuatro vientos su aplicación”. Los familiares destacaron que: “(…) jamás, cuando se ha asesinado a un mapuche, el gobierno chileno se ha querellado en contra de quienes resulten responsables (…)” y que los asesinos son juzgados por sus propios pares a través de la Justicia Militar, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo con penas que son una burla. Además, denunciaron que el uso de la Ley Antiterrorista implicaba una serie de arbitrariedades: falta de garantías, violaciones al debido proceso y condenas mayores a las de la ley penal común. Por todo esto, afirmaron que se estaba juzgando a sus familiares bajo fines políticos y económicos, de allí la auto-calificación de “presos políticos mapuche”. En este entendido, denunciaron que “Chile es el país que tiene la mayor cantidad de presos políticos miembros de un pueblo originario, lo que da cuenta del nivel de discriminación y racismo que aún prevalece” y añadieron: “sin lugar a dudas, nuestros familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios, hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.), lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones”. Como se esperaba, esta advertencia no fue respondida por las autoridades.

La denuncia era clara. Quienes habían viajado a la caricaturizada “zona roja del conflicto mapuche” expresaban que en el territorio: “La presunción de inocencia no existe” y que “todos aparecen como culpables hasta que demuestren lo contrario. La desilusión con el Estado por sus políticas mal dirigidas y promesas incumplidas, la violencia en las comunidades y el no poder acceder a un juicio justo fueron, sin duda, los mayores detonantes. Así, el 12 de julio de 2010, comenzaría uno de los más grandes e intensos movimientos en los centros penales del país: la huelga de hambre de los presos políticos mapuche…