En las próximas semanas el ministerio de Educación debiera resolver el futuro de aquellas empresas, corporaciones y fundaciones que resulten mal evaluadas en su desempeño como Asistencia Técnica de Educación (ATE).

Este es un proceso interno iniciado en marzo de 2013 y que incluye a todas las ATE que entraron al registro y actualizaron sus datos hasta febrero de este año.

Según el registro público, a marzo de 2014 son 907 las que operan en el país, prestando un total de 5 mil 519 servicios. Según el último informe de la Superintendencia de Educación Escolar, los sostenedores destinan el 9 por ciento del presupuesto que reciben vía Ley de Subvención Especial Preferencial (SEP) a servicios de asesoría, capacitación y evaluación que entregan las ATE. Presupuesto que para 2014 asciende a los mil 100 millones de dólares.

Según Juan Pablo Valenzuela, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, aún hay espacio para perfeccionar y potenciar la relación entre asesores, sostenedores y establecimientos.

En lo constatado por el CIAE, existe heterogeneidad en las características y calidad del servicio que entregan las ATE, como también del tipo de irregularidades que se detectan.

Por ello, Valenzuela plantea que falta mayor exigencia en los requisitos para formar una ATE, un proceso de certificación transparente y mejorar la normativa que por el momento no prohíbe que sostenedores sean a su vez dueños de una empresa asesora.

“Deberíamos dar el paso siguiente de potenciar a las ATE como un servicio de calidad, un recurso disponible y resolver la asimetría de la información y la orientación a los directivos para que tomen mejores decisiones sobre los contratos”

En febrero de 2008, durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se promulgó la ley 20.248, conocida como ley SEP. Ésta se gestó bajo la supervisión del entonces ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre y cuando el ministerio de Educación lo encabezaba la actual diputada Yasna Provoste.

Hoy, la ex ministra asegura que las ATE se han alejado de su objetivo inicial, que era ser un aporte y apoyo a la gestión administrativa y pedagógica de los establecimientos.

Este es un problema que hay que enfrentar, dijo la diputada, más aun considerando que el gobierno propone más y nuevos montos asociados a la ley SEP en el marco del fin al copago.
“En algunos casos, lo que hemos visto es que las ATE han sido otra forma de lucrar, ya que los mismos sostenedores se han constituido en ATE y ese no era el sentido. Creemos que para inyectar mayores recursos a la SEP y ampliarla a la enseñanza media se requiere necesariamente una revisión al conjunto de la legislación relacionada a esa ley”

Además de entregar un monto por cada niño o niña, la normativa exige el desarrollo de Planes de Mejoramiento de la
Calidad en Educación a quienes obtengan puntajes insatisfactorios en la prueba SIMCE. La exigencia de resultados positivos permite el ingreso de las ATE a los establecimientos municipales y particulares subvencionados.
“Lo que era una idea noble, el entregar más recursos a sectores vulnerables, ha sido visto como una oportunidad más de negocio”, enfatizó la diputada.

La diputada Camila Vallejo ha sido otra de las parlamentarias que ha presentado sus reparos al ministro en la comisión de Educación. La ex dirigenta estudiantil critica la mala gestión y los vínculos lucrativos de sostenedores, pero además cuestiona el fondo del asunto, la externalización de un servicio por el que debiera responsabilizarse el Estado.“Las ATE no debieran, en el mediano plazo, existir”, comentó de manera categórica.

“Ha sido el principal mecanismo de triangulación de los recursos. En el sistema público, sin lugar a dudas, esto no debe externalizarse, debe asumirse desde el Estado. El mejoramiento continuo de los procesos educativos debe ser financiado por el mismo Estado. Hay capacidad técnica y profesional para acompañar a los colegios y capacitarlos”, agregó.

La ex dirigenta estudiantil adelantó que en esta línea habrá indicaciones al proyecto ingresado por el Ejecutivo, ya que son éstas en que se juega la posibilidad de un nuevo mecanismo y estructura de financiamiento para la educación pública.