Este jueves se realizó la última etapa del Examen Periódico Universal (EPU)del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió el Estado de Chile, que presentó los informes del grupo de trabajo de los Estados examinados.

Se confirmó que no se aceptarán cinco recomendaciones de las más de 150 que se hicieron, pese a que en un inicio el Gobierno de Sebastián Piñera, bajo el cual se inició el proceso, se había dicho que se rechazarían 30.

Las no aceptadas corresponden a las relacionadas con la defensa de los derechos de la persona desde la concepción (hecha por el Vaticano), las relacionadas con la identidad de familia (también por la Santa Sede y Bangladesh), y las ingresadas por el Estado Plurinacional de Bolivia que apuntaban al acceso al Océano Pacífico y derechos migratorios.

Hernán Quezada, director de DDHH del ministerio de Relaciones Exteriores, expresó que el Estado reconoce desafíos institucionales.

“Queremos manifestar que el Gobierno es el primero en reconocer que existen vacíos y temas pendientes para dar pleno cumplimiento a todas las recomendaciones que se han formulado por parte de este Consejo”, explicó.

En la sesión realizada en Ginebra, Suiza; Lorena Fríes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), expuso algunas de las urgencias en la materia.

“Chile debe ratificar los tratados internacionales pendientes, requiriéndose una mayor celeridad para su tramitación legislativa. Se requiere contar con una instancia gubernamental de derechos humanos, un plan nacional y una mayor inclusión de la educación en la materia”, dijo.

Respecto de las víctimas de la dictadura, Lorena Fríes aseguró que es necesario contar con “una instancia de calificación permanente para casos pendientes y otorgar asesoría jurídica y social a las víctimas de tortura”, agregó.

Las indicaciones del INDH también abarcan observaciones a la justicia militar, reformas a la ley antiterrorista, acotar el delito de tortura, regular de mejor manera el derecho a la manifestación, asegurar en la práctica, uso de la fuerza policial acorde con estándares internacionales, reforzar acciones para asegurar el principio de igualdad y no discriminación y mejorar la situación respecto de la falta de autonomía mujeres y sus condiciones.

Desde el Observatorio Ciudadano, Hernando Silva, investigador del Área Jurídica, manifestó la suspicacia frente a los compromisos asumidos por el Estado.

“Cada vez que el Estado se compromete a dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos parece una noticia bastante favorable. El tema es que no es la primera vez que el Estado se compromete a dar cumplimiento, entonces esperamos que esta vez el Gobierno se comprometa y cumpla y que se subsidien las materias en las que el Estado está al debe”, aseguró.

Silva dio especial relevancia a la urgencia que hay en lo relacionado con los derechos de los pueblos indígenas y lamentó la falta de una mayor coordinación entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil que se hicieron parte del proceso.

El Observatorio ya había manifestado su descontento por la suspensión del acto oficial, donde Chile daría a conocer a la sociedad civil  su posición ante las recomendaciones acogidas.