Se había dicho que esta interpelación, la primera a la que fue sometida un secretario de Estado de la presente administración, sería diferente a las anteriores, que esta vez se desarrollaría bajo un clima de tranquilidad y se transformaría en un “diálogo constructivo”.

Esto después que Renovación Nacional, la UDI, Amplitud, y Evópoli acordaran retomar las interpelaciones como una facultad que les otorga la Constitución y usarlas con “normalidad”.

Sin embargo, nuevamente se vio una situación tensa donde la búsqueda de los errores se impuso desde el primer momento. Esto cuando el diputado interpelador Joaquín Godoy le consultó a la jefa de la cartera de Vivienda si cumplió con las responsabilidades que establece la ley respecto de la publicación de decretos e instructivos para facilitar el proceso de reconstrucción.  Al responder Paulina Saball que sí se había dispuesto de todas las atribuciones y facultades, el diputado la acusó por el incumplimiento de la legislación vigente.

Godoy explicó que “la ley obliga a la señora ministra, dentro de los próximos 30 días a emitir una resolución. Ésta fue emitida el día 15 de mayo, 12 días después de lo que la ley la obliga”, afirmó.

Godoy añadió que la consecuencia es que hoy no existen las exigencias mínimas a las que deben sujetarse las reparaciones, las reconstrucciones, demoliciones, que debieran estar ya ejecutándose. Por lo tanto, aseguró se está permitiendo una reconstrucción que no cumple con los estándares mínimos de calidad, seguridad, habitabilidad y resguardo del patrimonio.

Después de esta intervención, Godoy fue fuertemente abucheado por los parlamentarios oficialistas.

A esto siguió un clima tenso de acusaciones y defensas, siempre acompañado de manifestaciones de los invitados por los distintos parlamentarios, dirigentes de organizaciones o juntas de vecinos afectados por el incendio en la ciudad puerto exigiendo condiciones dignas: “Quiero un techo para mis hijos” o “necesito un baño con agua potable”, fueron algunos de los gritos que se escucharon en la Sala y que, por su magnitud, en momentos hacían que el debate se instalara en las inquietudes de quienes se vieron afectados por las catástrofes.

Esto interrumpió las intervenciones, y pese a reiteradas advertencias del presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, se debió suspender la sesión por diez minutos, para retomar después, pero, curiosamente, sin realizar un desalojo.

A la vuelta de la sesión, la Ministra Paulina Saball se mostró molesta con la tónica en la que se desarrolló la instancia e indicó que se con este tipo de maniobras se busca confundir a los afectados, generando un daño adicional a quienes vivieron fuertes tragedias.

“No puedo dejar pasar en este hemiciclo el que se señale o se instale siquiera el tema de la seguridad de las viviendas a construir, fruto de la fecha de un decreto”, afirmó y añadió que le parece complejo generar más incertidumbre sobre familias que ya están dañadas.

Continuó diciendo que “aquí no estamos jugando con cualquier cosa. No estamos hablando ni de fierros ni de nada, estamos hablando de las personas que hoy día viven una situación dramática”, afirmó y finalizó su intervención indicando que “no se pueden utilizar las catástrofes y la dignidad de la gente para fines políticos”.

Por su parte, el diputado Godoy dijo que de este proceso  se van con las siguientes conclusiones: Que no hay conocimiento claro del catastro de afectados y que el Gobierno no se quiere comprometer con fechas, mientras que se piden 400 millones dólares para hacer frente a estos conflictos sin saber cómo se van a utilizar.

Las siguientes intervenciones de los parlamentarios fueron aún más polarizadas. Se acusó a la oposición de armar un montaje con falsos manifestantes cuando toda la información consultada estaba disponible.

Lo cierto es que se entregaron algunos datos, pero estos pasaron a segundo plano ante la disputa política que se generó. Así, al cierre de las intervenciones, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, apuntó al sentido de estas convocatorias.

“Es cierto que tenemos una labor fiscalizadora importante y está dentro de nuestras tareas, pero me genera impotencia ver que de nueve sesiones al mes que tenemos en esta sala, estemos destinando una para preguntas que, comúnmente y sobre temas de distinta urgencia, le hacemos al Gobierno mediante oficios”, además, sostuvo que los desafíos de transformación que demanda Chile, para que haya  más solidaridad, requieren del mayor esfuerzo del poder legislativo y también del Ejecutivo.

Y finalmente, Jackson lamentó que se haya dado “un triste espectáculo mediático donde todos buscan un provecho político burlándose o desacreditando al otro, mientras la gente en su casa poco y nada entiende”.

El juego político continuó a la salida de la Interpelación, el mismo vocero de Gobierno Álvaro Elizalde se refirió al “utilitarismo político”, y poco se supo de las “respuestas concretas” sobre los plazos y el proceso a futuro, que se habían ido a buscar.

Con esto, la pregunta es hasta dónde las interpelaciones son una instrumentalización y hasta dónde una herramienta útil de diálogo y transparencia a la ciudadanía.