En medio del intenso debate sobre la reforma educacional, en el que han primado distintos énfasis sobre el lucro, acerca de los recursos que debe aportar la reforma tributaria y el apasionado trámite legislativo, lo cierto es que echamos de menos una reflexión más profunda sobre la calidad de la educación superior y en específico del proceso de selección y elaboración de la prueba que permite llegar o no a la universidad: la PSU.
Más aún, cuando estamos hablando de gratuidad y de mecanismos que disminuyan la segregación. Y vale la pena recordar que hace dos años, el ministerio de educación y el Consejo de Rectores (CRUCH) acordaron revisar la calidad de este examen, y lo hicieron a través de una evaluación internacional. Tras una licitación fue seleccionada la empresa Pearson para efectuar un diagnóstico de la PSU, proceso que se llevó a cabo entre enero de 2012 y enero de 2013.
La revisión se enfocó en tres áreas: la evaluación de los procesos de construcción de las pruebas, el análisis de puntuación de las pruebas, y un estudio de su validez. Una comisión técnica compuesta por tres integrantes del Mineduc y tres integrantes designados por el CRUCH aprobaron el informe final de Pearson.
El denominado informe nos entregó algunas conclusiones, que vale la pena recordar en medio de un debate necesario sobre la calidad de la educación y las condiciones de quienes ingresan a las universidades.
Si tomamos en cuenta sólo la elaboración de la PSU y los resultados de su aplicación advertimos problemas complejos con repercusiones en la selección posterior. Primero nos advierte, que el departamento de evaluación, medición y registro educacional de la Universidad de Chile (DEMRE) que administra la prueba no somete a revisión ni análisis de las preguntas a expertos externos, como sería recomendable. Resulta urgente, mejorar la documentación que guía y respalda el proceso de construcción del test, así como también incluir expertos en currículum y profesores de enseñanza media que representen a más de una institución en la elaboración de las preguntas ,y a su vez realizar auditorías periódicas.
El informe nos describe que todos los años se prueban las preguntas o ítems con un grupo de estudiantes que rinden el examen de manera voluntaria, antes de la PSU. La muestra que se realiza no es representativa del total de la población que rinde efectivamente la PSU.
Las preguntas disponibles que llegan finalmente a la PSU no se testean o experimentan de manera adecuada.
El informe Pearson detecta con claridad el sesgo que las preguntas pueden contener al señalar que afecta gravemente a los estudiantes de la modalidad técnico profesional. “Se aprecia un alineamiento bajo con los contenidos mínimos obligatorios del currículum chileno.
Si se desagregan los puntajes estos han aumentado desde la aplicación de la PSU a favor de los establecimientos particulares pagados en desmedro de la modalidad técnico profesional. Esta brecha de acuerdo al nivel socioeconómico es más altas que lo que reflejan otras pruebas de selección internacionales, lo que también se revela en su capacidad predictiva”. En definitiva, no necesariamente los que no entran a la universidad no están preparado para hacerlo y es probable que estemos perdiendo talentos.
Una de las recomendaciones finales del informe Pearson es lapidaria: “No se deben seguir entregando las becas y créditos basándose de manera exclusiva en la PSU”.
Cabe preguntarse ¿Qué se ha hecho luego de recibir este informe? ¿Qué ha cambiado luego de haberse detectado 90 fallas de la PSU en un informe de 800 páginas y más de 100 recomendaciones? ¿Y para qué sirve una prueba de selección que no cumple con los objetivos mínimos para la que fue creada?
Rafael Rosell
Rector Universidad Central
