El llamado “Caso Pollos” surgió por una investigación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la que, después de que en 2009 fuera dotada de atribuciones para investigar prácticas de colusión, en enero de 2011 allanó oficinas de la Asociación de Productores Avícolas (APA) para incautar los equipos computacionales.

La investigación apuntaba a una práctica que habría comenzado en 1994, donde, a través de la APA, las empresas Don Pollo, Ariztía y Agrosuper coordinaban los precios y las cuotas de producción. Esto significaba incluso que los productores debían sacrificar los excedentes en caso de superar los números acordados.

Se trataba de una carta en la que se comprometían a “desarrollar iniciativas tendientes a estimular la industria”, acuerdo que fue negado por el entonces presidente de la Asociación Juan Miguel Ovalle, quien aseguró no tener conocimiento de la operación de este convenio.

Por otro lado, las avícolas afirman que “no hubo colusión” y, a través de estudios de distintos economistas, sostienen que los precios se fijaban conforme al valor del mercado.

Hoy la investigación está llegando a su fin. Se solicita una multa cercana a los diez mil millones de pesos a cada una de las firmas, las máximas aplicables en el sistema de libre competencia nacional.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Carolina Horn, la abogada secretaria del Tribunal, señaló que “el promedio histórico para la dictación de una sentencia en una causa contenciosa es de 80 días corridos. Eso promedia causas de mayor complejidad con aquellas de menor complejidad, y pienso que, si bien en el caso de los pollos se podría estar acercando al término de ese número de días desde que se vio la causa, en este caso podría demorarse un poco más, por el volumen de la información que es necesario procesar”.

Un estudio encargado por la FNE al actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones Andrés Gómez-Lobo, entonces académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, estima que el daño que causó el cartel durante las casi dos décadas que funcionó asciende a mil 500 millones de dólares.

De acuerdo al mismo documento, la carne de pollo se comercializó con un 80 por ciento sobre el promedio. En ese sentido, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), afirmó que no ven mucha salida para las empresas coludidas.

“Los argumentos de la Fiscalía son de tal solidez que creemos que es muy difícil que se pueda revertir la acusación que se hace. Y, por lo tanto, esperamos con mucho interés el fallo de este tribunal para ver cuáles son las acciones que se pueden realizar, para buscar una compensación también para los principales afectados, que son los consumidores”, detalló.

Calderón añadió que después de muchos años de dudas de cuál era el procedimiento para compensar a los consumidores, producto del “Caso Farmacias”, la Corte Suprema emitió un informe, solicitado por la Cámara de Diputados, donde entrega las claves precisas por las cuales se pueden realizar las demandas colectivas correspondientes.

Además, indicó que en este caso se pide la disolución de la APA, lo que significaría dar una potente señal al mercado de un cambio cultural que apunta a evitar las prácticas monopólicas. Aun así, economistas como Eduardo Engel, profesor de la Facultad de Economía de nuestra casa de estudios, afirman que las penas deben ser proporcionales al daño causado por los carteles, lo que no considera la actual legislación.

Con esto coincidió el diputado de la Democracia Cristiana Fuad Chaín, quien fue el informante de la Comisión Investigadora del Caso Pollos, y para quien el mercado está altamente concentrado, lo que es un riego para la libre competencia.

“Debemos perfeccionar aún más nuestra legislación. Es fundamental modificar el criterio para poder cursar la multa, para que siempre sea más caro infligir la ley que pagar la multa. Y, de la misma manera, creo que tenemos que mejorar las vías para reclamar la indemnización de los perjuicios por parte de los afectados”, indicó.

Además, añadió que se deben perfeccionar otros mecanismos, como la delación compensada. “Creemos que eso permitiría que se rompan los círculos de confianza que generan los casos de colusión y que hacen tan difícil que puedan investigarse, y descubrirse este tipo de atentados a la libre competencia”, advirtió.

Para el parlamentario es importante que el Tribunal dé señales claras a las asociaciones para evitar que puedan convertirse en entidades que distorsionen el funcionamiento del mercado. Pero aunque fuera así, ésta no sería la última batalla del “Caso Pollos”, ya que la resolución es apelable ante la Corte Suprema.

Por ello, la disputa sobre las sanciones a los responsables podría continuar en el sistema judicial.