Este martes vencía el plazo para la presentación del recurso de “excepciones preliminares”, aunque Chile también podía hacerlo el 18 de febrero de 2015, junto a la entrega de la contra-memoria.
Aun así, se optó por el primer plazo, respondiendo a una serie de reuniones con representantes de ambos sectores del duopolio político quienes venían insistiendo hace un tiempo en tomar este camino. Así lo confirmó el canciller, Heraldo Muñoz, al señalar que “la medida surgió después de un intenso proceso de consulta con los equipos legales y los sectores más representativos de nuestra sociedad”.
Muñoz afirmó que después de “un acucioso estudio del contenido de la memoria boliviana y los documentos allí consignados” se concluyó que Bolivia pretendía lograr, mediante una demanda que catalogó de “artificial e inédita”, la revisión del tratado de 1904 y añadió que el gobierno de La Paz busca modificar los límites cuando el Pacto de Bogotá, “único instrumento que le otorga jurisdicción a la Corte de Justicia para un caso de esta naturaleza, exceptúa expresamente en el artículo sexto cualquier demanda relativa a un asunto ya resulto o tratado válido y vigente como es este caso”.
“Chile jamás le ha dado competencia a la Corte para resolver lo que Bolivia persigue: obligarnos a cederle una parte de nuestro territorio soberano”, afirmó y añadió que “Chile ha cumplido rigurosamente todas sus obligaciones respecto de Bolivia. El tratado de 1904 sigue siendo la base de nuestra relación con ese país. Le hemos concedido a Bolivia el más amplio y libre tránsito y mantenemos nuestro compromiso. Nuestra voluntad es de diálogo y de cooperación, pero dentro del marco de malos tratados que rigen neutras relaciones”, sostuvo.
Muñoz aseguró que la presentación de Bolivia “carece de todo fundamento y no puede ser aceptada”, e indicó que “no hay ejemplo de otros países del mundo que hayan cedido territorio de manera semejante”. Además, el Canciller añadió que “la demanda de Bolivia pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel global” y se debe “enfrentar con la mayor unidad y convicción”, pues a través de ella La Paz “pretende reescribir la historia”, dijo categórico.
Recordemos que el presidente Evo Morales ha cuestionado la decisión de Chile de impugnar la competencia y el canciller David Choquehuanca ha negado que la demanda de su país apunte al tratado de1904. El pasado ocho de julio, el presidente Morales también fue categórico en su posición, afirmando que las razones van más allá y pasan, como ha sostenido varias veces, por la reparación de un daño histórico.
“Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. El Gobierno de Chile sostiene que es respetuoso del derecho internacional y de la vigencia de los tratados, pero no fue esa misma actitud la que invocó para invadir militarmente nuestro territorio, ocuparlo y enclaustrar a Bolivia”.
Recordemos que Bolivia también realizó su presentación de forma anticipada, con el llamado “Libro del Mar” donde en 130 hojas el país vecino dio a conocer su requerimiento. Recordemos que, entre los artículos del documento, da cuenta de que “se vio obligada a aceptar los términos de un tratado de paz, debido a la ocupación militar chilena de su litoral” y que “dicho tratado no resolvió las consecuencias del encierro, ni puso punto final a las negociaciones entre Bolivia y Chile de un acceso soberano al mar”.
Entre esas consecuencias se apunta a la incomunicación territorial que, según se señala, “continúa teniendo implicancias negativas para su desarrollo económico y social”, siendo además privada de recursos naturales existentes en el territorio anexado a Chile, entre ellos una de las reservas de cobre más importante a nivel mundial, Chuquicamata, en las cercanías de Calama, anterior territorio Boliviano, afirman.
Este es uno de los argumentos que los parlamentarios chilenos rechazan, así como el soporte de la demanda que señala que Chile tiene la obligación de negociar para alcanzar un acuerdo que otorgue una salida soberana al Océano Pacífico, que ha incumplido con esa obligación y que debe hacerlo “de buena fe”, formalmente y en un plazo razonable.
Ahora Bolivia tendrá hasta el 14 de noviembre para responder por escrito a esta presentación de objeción preliminar. Mientras la defensa nacional está a cargo del agente Felipe Bulnes y el coagente Claudio Grossman, a quien se suma, también como co-agente, a la jurista María Teresa Infante, embajadora de Chile ante el reino de los Países Bajos.
Este martes vencía el plazo para la presentación del recurso de “excepciones preliminares”, aunque Chile también podía hacerlo el 18 de febrero de 2015, junto a la entrega de la contra-memoria.
Aun así, se optó por el primer plazo, respondiendo a una serie de reuniones con representantes de ambos sectores del duopolio político quienes venían insistiendo hace un tiempo en tomar este camino. Así lo confirmó el canciller, Heraldo Muñoz, al señalar que “la medida surgió después de un intenso proceso de consulta con los equipos legales y los sectores más representativos de nuestra sociedad”.
Muñoz afirmó que después de “un acucioso estudio del contenido de la memoria boliviana y los documentos allí consignados” se concluyó que Bolivia pretendía lograr, mediante una demanda que catalogó de “artificial e inédita”, la revisión del tratado de 1904 y añadió que el gobierno de La Paz busca modificar los límites cuando el Pacto de Bogotá, “único instrumento que le otorga jurisdicción a la Corte de Justicia para un caso de esta naturaleza, exceptúa expresamente en el artículo sexto cualquier demanda relativa a un asunto ya resulto o tratado válido y vigente como es este caso”.
“Chile jamás le ha dado competencia a la Corte para resolver lo que Bolivia persigue: obligarnos a cederle una parte de nuestro territorio soberano”, afirmó y añadió que “Chile ha cumplido rigurosamente todas sus obligaciones respecto de Bolivia. El tratado de 1904 sigue siendo la base de nuestra relación con ese país. Le hemos concedido a Bolivia el más amplio y libre tránsito y mantenemos nuestro compromiso. Nuestra voluntad es de diálogo y de cooperación, pero dentro del marco de malos tratados que rigen neutras relaciones”, sostuvo.
Muñoz aseguró que la presentación de Bolivia “carece de todo fundamento y no puede ser aceptada”, e indicó que “no hay ejemplo de otros países del mundo que hayan cedido territorio de manera semejante”. Además, el Canciller añadió que “la demanda de Bolivia pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel global” y se debe “enfrentar con la mayor unidad y convicción”, pues a través de ella La Paz “pretende reescribir la historia”, dijo categórico.
Recordemos que el presidente Evo Morales ha cuestionado la decisión de Chile de impugnar la competencia y el canciller David Choquehuanca ha negado que la demanda de su país apunte al tratado de1904. El pasado ocho de julio, el presidente Morales también fue categórico en su posición, afirmando que las razones van más allá y pasan, como ha sostenido varias veces, por la reparación de un daño histórico.
“Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. El Gobierno de Chile sostiene que es respetuoso del derecho internacional y de la vigencia de los tratados, pero no fue esa misma actitud la que invocó para invadir militarmente nuestro territorio, ocuparlo y enclaustrar a Bolivia”.
Recordemos que Bolivia también realizó su presentación de forma anticipada, con el llamado “Libro del Mar” donde en 130 hojas el país vecino dio a conocer su requerimiento. Recordemos que, entre los artículos del documento, da cuenta de que “se vio obligada a aceptar los términos de un tratado de paz, debido a la ocupación militar chilena de su litoral” y que “dicho tratado no resolvió las consecuencias del encierro, ni puso punto final a las negociaciones entre Bolivia y Chile de un acceso soberano al mar”.
Entre esas consecuencias se apunta a la incomunicación territorial que, según se señala, “continúa teniendo implicancias negativas para su desarrollo económico y social”, siendo además privada de recursos naturales existentes en el territorio anexado a Chile, entre ellos una de las reservas de cobre más importante a nivel mundial, Chuquicamata, en las cercanías de Calama, anterior territorio Boliviano, afirman.
Este es uno de los argumentos que los parlamentarios chilenos rechazan, así como el soporte de la demanda que señala que Chile tiene la obligación de negociar para alcanzar un acuerdo que otorgue una salida soberana al Océano Pacífico, que ha incumplido con esa obligación y que debe hacerlo “de buena fe”, formalmente y en un plazo razonable.
Ahora Bolivia tendrá hasta el 14 de noviembre para responder por escrito a esta presentación de objeción preliminar. Mientras la defensa nacional está a cargo del agente Felipe Bulnes y el coagente Claudio Grossman, a quien se suma, también como co-agente, a la jurista María Teresa Infante, embajadora de Chile ante el reino de los Países Bajos.
Este martes vencía el plazo para la presentación del recurso de “excepciones preliminares”, aunque Chile también podía hacerlo el 18 de febrero de 2015, junto a la entrega de la contra-memoria.
Aun así, se optó por el primer plazo, respondiendo a una serie de reuniones con representantes de ambos sectores del duopolio político quienes venían insistiendo hace un tiempo en tomar este camino. Así lo confirmó el canciller, Heraldo Muñoz, al señalar que “la medida surgió después de un intenso proceso de consulta con los equipos legales y los sectores más representativos de nuestra sociedad”.
Muñoz afirmó que después de “un acucioso estudio del contenido de la memoria boliviana y los documentos allí consignados” se concluyó que Bolivia pretendía lograr, mediante una demanda que catalogó de “artificial e inédita”, la revisión del tratado de 1904 y añadió que el gobierno de La Paz busca modificar los límites cuando el Pacto de Bogotá, “único instrumento que le otorga jurisdicción a la Corte de Justicia para un caso de esta naturaleza, exceptúa expresamente en el artículo sexto cualquier demanda relativa a un asunto ya resulto o tratado válido y vigente como es este caso”.
“Chile jamás le ha dado competencia a la Corte para resolver lo que Bolivia persigue: obligarnos a cederle una parte de nuestro territorio soberano”, afirmó y añadió que “Chile ha cumplido rigurosamente todas sus obligaciones respecto de Bolivia. El tratado de 1904 sigue siendo la base de nuestra relación con ese país. Le hemos concedido a Bolivia el más amplio y libre tránsito y mantenemos nuestro compromiso. Nuestra voluntad es de diálogo y de cooperación, pero dentro del marco de malos tratados que rigen neutras relaciones”, sostuvo.
Muñoz aseguró que la presentación de Bolivia “carece de todo fundamento y no puede ser aceptada”, e indicó que “no hay ejemplo de otros países del mundo que hayan cedido territorio de manera semejante”. Además, el Canciller añadió que “la demanda de Bolivia pone en riesgo la estabilidad de las fronteras a nivel global” y se debe “enfrentar con la mayor unidad y convicción”, pues a través de ella La Paz “pretende reescribir la historia”, dijo categórico.
Recordemos que el presidente Evo Morales ha cuestionado la decisión de Chile de impugnar la competencia y el canciller David Choquehuanca ha negado que la demanda de su país apunte al tratado de1904. El pasado ocho de julio, el presidente Morales también fue categórico en su posición, afirmando que las razones van más allá y pasan, como ha sostenido varias veces, por la reparación de un daño histórico.
“Quiero manifestar con firmeza que Bolivia rechaza la pretensión del gobierno de Chile de desconocer la competencia de la Corte para resolver esta causa. El Gobierno de Chile sostiene que es respetuoso del derecho internacional y de la vigencia de los tratados, pero no fue esa misma actitud la que invocó para invadir militarmente nuestro territorio, ocuparlo y enclaustrar a Bolivia”.
Recordemos que Bolivia también realizó su presentación de forma anticipada, con el llamado “Libro del Mar” donde en 130 hojas el país vecino dio a conocer su requerimiento. Recordemos que, entre los artículos del documento, da cuenta de que “se vio obligada a aceptar los términos de un tratado de paz, debido a la ocupación militar chilena de su litoral” y que “dicho tratado no resolvió las consecuencias del encierro, ni puso punto final a las negociaciones entre Bolivia y Chile de un acceso soberano al mar”.
Entre esas consecuencias se apunta a la incomunicación territorial que, según se señala, “continúa teniendo implicancias negativas para su desarrollo económico y social”, siendo además privada de recursos naturales existentes en el territorio anexado a Chile, entre ellos una de las reservas de cobre más importante a nivel mundial, Chuquicamata, en las cercanías de Calama, anterior territorio Boliviano, afirman.
Este es uno de los argumentos que los parlamentarios chilenos rechazan, así como el soporte de la demanda que señala que Chile tiene la obligación de negociar para alcanzar un acuerdo que otorgue una salida soberana al Océano Pacífico, que ha incumplido con esa obligación y que debe hacerlo “de buena fe”, formalmente y en un plazo razonable.
Ahora Bolivia tendrá hasta el 14 de noviembre para responder por escrito a esta presentación de objeción preliminar. Mientras la defensa nacional está a cargo del agente Felipe Bulnes y el coagente Claudio Grossman, a quien se suma, también como co-agente, a la jurista María Teresa Infante, embajadora de Chile ante el reino de los Países Bajos.
