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Abogados desestiman propuesta de la directora de Fonasa

Las declaraciones de la directora de Fonasa, Jeanette Vega, respecto a que el 7% que se cotiza para salud es un impuesto específico, generaron rechazo en algunos abogados constitucionalistas. Los especialistas indican que no es un impuesto de libre disposición y la Constitución garantiza la libertad de las personas a elegir el sistema de salud que quieran.

Pamela López

  Lunes 28 de julio 2014 20:10 hrs. 
Vega


Diversas reacciones han generado las declaraciones de la directora de Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Jeanette Vega, quien manifestó que el 7 por ciento de cotizaciones en salud “es un impuesto específico a la seguridad social y debe ser tratado como tal”. Asimismo, destacó que los fondos únicos de cotizaciones, son los sistemas que avanzan en otros países.

Lo anterior, no sería una postura oficial del gobierno, sino “es una posibilidad que está en discusión, incluso, desde el gobierno anterior”, precisó la máxima autoridad de Fonasa. Declaraciones que emitió en el marco de la Expo Hospitales, donde se le pidió que expusiera sobre las diversas alternativas existentes en el mundo.

Las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación de Isapres, sostuvo que “la cotización es y debe ser de los individuos, ya que los excesos y los excedentes le pertenecen y se devuelven”. Asimismo, el abogado y ex ministro de Justicia Teodoro Ribera, planteó en el Mercurio, que eliminar esta facultad de elección de las personas, afectaría una libertad de que establece la Constitución”.

En este sentido, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Francisco Cumplido, aclaró que efectivamente este aporte no es un impuesto y lo que garantiza la Constitución es la libertad de las personas a elegir el sistema de salud, no las garantías. “La Constitución le garantiza a la persona la posibilidad de elegir su sistema de salud, los impuestos y las contribuciones no pueden ser destinados a un fin determinado, no puede entonces decirse que este es un impuesto. Los impuesto solo se pueden establecer con normas de tipo general, es la ley la que regula el sistema de salud. En consecuencia, no es impuesto, es un aporte al sistema de salud que la persona ha optado”, dijo.

El siete por ciento en debate, es parte del Fondo de Seguridad Social compuesto por impuestos, a través del aporte fiscal, y el siete por por ciento obligatorio que entregan todos los trabajadores del país.

Según Pedro Barría, jefe de la Unidad de Mediación del Consejo de Defensa del Estado e integrante de la Comisión Asesora Presidencial para el estudio y propuesta de un nuevo sistema privado de Salud, señaló que es irrelevante discutir a quién le pertenece ese porcentaje, sino que el tema de fondo es que “el sistema no es equitativo, pues no cubre las necesidades de quienes más lo necesitan, sino que cubre a quienes más pagan”.

Por lo anterior, según Barría, lo relevante es discutir el camino hacia una reforma. “A las personas que están en isapres no se les puede decir, ahora se me van todos a un seguro único, porque ellos tienen un derecho adquirido. Si se cambiara la constitución y ese derecho de opción, todos derivarían en el único sistema que existiría, o se tendría que permitir que permanezcan, si se estimar que la falta de sus aportes no va a afectar el nuevo mecanismo”, indicó el abogado.

En este sentido, Barría agregó que la meta debiese ser un sistema de salud equitativo, lo que genera resistencia por parte de las Isapres, pero también por las que aprovechan las garantías en sus actuales sistemas.

¿La meta final cuál es? Responde: “Tener un sistema de aseguramiento para los riesgos de salud que sea equitativo, en el cual haya solidaridad entre las personas, que responda frente a las personas más necesitadas y no frente a las más pudientes, pero todos los cambios hieren intereses y las isapres no es por los afiliados que se están moviendo, sino por percibir el lucro por la actividad que hacen”.

Cabe destacar que este debate se da en medio de un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad Católica, donde se reveló que los recursos entregados por Fonasa a los hospitales públicos para entregar prestaciones, sólo cubre un 56% del total requerido.