Los cargos formulados contra la empresa se originaron en una serie de denuncias de pescadores y algueras del sector Lo Rojas, y de pobladores vecinos de la planta termoeléctrica que habitan Coronel.

La acción judicial generó varias diligencias emanadas por la fiscal instructora Andrea Reyes, como por ejemplo, la toma de declaraciones al gerente general y otros ejecutivos de Endesa, y la inspección en terreno de fiscalizadores de medio ambiente.

Luego de examinar los antecedentes, la fiscal decretó el cierre de la investigación. De acuerdo a la ley, contaba con cinco días hábiles para emitir un dictamen en que propone la absolución o sanción que a su juicio corresponda aplicar.

Este plazo se cumplió, por lo cual su determinación ya se encuentra en manos del Superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, quien revisará la propuesta antes de que ésta se dé a conocer.

La Todos las partes involucradas fueron notificadas personalmente el mismo día del cierre de la investigación. La presidenta del sindicato de algueras, Marisol Ortega,  dijo que están atentos de lo que resuelva el organismo.