Un solo texto es el que regirá para regular la actividad de senadores y diputados. Cada una de las Cámaras prepara un documento que luego convergirá en un texto que, a través de una especie de comisión mixta  unificará criterios.

El presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo (DC), confirmó que el proceso ya comenzó en la Comisión de Ética y agregó que a fines de septiembre o de octubre , el texto debiera estar  en la sala de la Cámara para ser aprobado, comenzando a regir a mediados de octubre o finales de ese mes.

Cornejo indicó que “el secretismo y la opacidad en materia de lobby sólo han contribuido al desprestigio de la labor parlamentaria”, por lo que esperan que con esta nueva ley, se responda por las acciones “de frente a la ciudadanía, pero con información real y transparente”.

Por su parte, el senador Hernán Larraín (UDI), presidente de la Comisión de Ética de la Cámara Alta sostuvo que este trabajo “es la manera de evitar el tráfico de influencias”. Larraín, sin embargo, ha señalado que existen varios desafíos, como identificar a los sujetos pasivos de Lobby. Esto porque, además de los parlamentarios, se debe decidir quién más será sujeto de la ley, como los jefes de gabinete, los asesores, u otros actores relacionados a la labor parlamentaria.

Otra complejidad pasa por los momentos en lo que se realiza el lobby, una de las mayores dudas. Con esto coincidió María Jaraquemada, directora de Incidencia de la organización Ciudadano Inteligente, quien indicó que hay muchos temas que no van a quedar totalmente claros, por ejemplo definir lo que se entiende por “trabajo distrital” o “tarea de representación”, porque, sostuvo “todas reuniones que se hicieran cuando ellos están realizando el trabajo distrital no deberían de quedar registradas ya que si no el registro entra en la actividad representativa de los parlamentarios” afirmó y añadió que allí hay un gran desafío para ellos.

También indicó que hay que estar pendientes de cómo se va a implementar el sistema desde el punto de vista tecnológico, de modo de que los ciudadanos puedan tener acceso a la mayor cantidad de información posible en un soporte computacional, fácil de usar y que permita cruzar datos. Esto, cuando ya han existido algunas dudas sobre el Portal Lobby en términos de las capacidades del sitio y los plazos que debe cumplir para su operación.

Recordemos que el Congreso recibió cerca de 385 sugerencias ciudadanas a través de una consulta pública. La mayoría se realizaron en el sitio electrónico del Senado y apuntaron a endurecer la regla inicial, obligando a develar los encuentros que tengan diputados y senadores cinco días después de las reuniones, lo que no se había logrado en el Poder Ejecutivo, el que actualizará la información recién transcurrido un mes.

Además, se piden aclarar la asistencia a votaciones, los viajes que se realicen y regalos que reciban los legisladores. Estos aportes podrían ser recogidos en el documento final del Congreso. Por lo mismo, las organizaciones sociales están atentas a ver el resultado final, pese a estar conscientes que existirá un primer momento de muchas dudas.

Se presume que serán las propias Comisiones de Ética las que van a ir, de alguna manera, sentando jurisprudicenia, así como la práctica en sí misma y el peso que puedan alcanzar las observaciones que hagan las organizaciones ciudadanas durante el proceso y al momento de evaluar el funcionamiento de la ley.

Hoy, la Ley de Lobby aún no está en vigente, ya que el reglamento del Gobierno está en Contraloría para la toma de razón. De esta manera, este trabajo que realizan los parlamentarios es una forma de adelantase a su entrada en rigor.

Pero no se avanza de la misma manera en los distintos poderes del Estado. Este lunes, el pleno de la Corte Suprema rechazó la iniciativa que presentó su propio presidente, Sergio Muñoz, de publicar la agenda de actividades de los magistrados, así como las invitaciones de las autoridades y sus declaraciones al asistir a comisiones parlamentarias.

La propuesta buscaba terminar con las entrevistas entre magistrados y abogados involucrados en una causa, evitando que estos pudieran influir en sus decisiones.