La marcha en Plaza Italia de este miércoles vino a ser la cuarta acción del sindicato en su periodo de huelga. El viernes 22 irrumpió en la rectoría de la institución; el sábado 23 realizó una concentración en la sede República con alta convocatoria; y el lunes 25 llegó a las inmediaciones del edificio de Laureate en Avenida Kennedy, donde se ubica el directorio del Consorcio. Todo esto para pedir alza de salarios y derechos como el bono de movilización y de colación.

El sindicato del Instituto Profesional AIEP lleva menos de una semana de huelga y ha captado la adhesión de diversos actores, vinculados con el grupo transnacional creado en 1998, que reúne a 76 instituciones de educación superior en 28 países del mundo. En Chile controla el AIEP la Universidad de las Américas, Andrés Bello, la Universidad de Viña del Mar, y la Escuela Moderna de Música.

Héctor Vargas, encargado del sector privado del Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), se refirió a las divisiones que ha generado la firma y sus consecuencias posteriores.

“Justamente una de las formas de estas instituciones privadas para poder disgregar las fuerzas de los estudiantes y los trabajadores es dividir todas estas instituciones en sedes pequeñas a lo largo de Santiago y del país de esa forma no tienen capacidad de organizarse, por eso queremos visibilizar un conflicto en las contradicciones del mercado”, argumentó.

Vargas añadió que esta decisión tiene efectos sobre la organización estudiantil, donde el grupo ha proscrito incluso centros de alumnos como en la Universidad de las Américas. También afecta a los trabajadores quienes hoy acusan persecuciones políticas.

Pese a la ventaja que genera el uso del Multirut, el 2011 Laureate inició un complejo proceso de reestructuración buscando  concentrar el control en una sola sociedad,  la que no aparecía en los estados financieros de ninguna otras casas de estudios, todas investigadas por lucro. Esa estructura fue cuestionada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que rechazó la acreditación de la UDLA y rebajó la de la Andrés Bello, con lo que se mantuvo bajo la lupa del Mineduc, la fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos.

Para Mario Sobarzo, investigador del Observatorio de Políticas Educativas (OPECH), el tema es complejo. Los estudiantes entraron con un paraguas que era la garantía del Ministerio y ahora están en la Incertidumbre, plantea. Más aún cuando sus instituciones cuentan con la participación de importantes figuras políticas.

Por dar sólo un ejemplo, la rectora de la Universidad de Las Américas es Pilar Armanet,  ex jefa de la División de Educación Superior durante el gobierno de Ricardo Lagos y ex vocera de Michelle Bachelet.  En ese sentido el especialista apuntó a los problemas para fiscalizar.

“Tenemos el tema de las cortapisa por la informalidad y también las que tienen que ver con las formalidades legales que tampoco permiten estudiarlas en las universidades. Además, sabemos que el sistema está con niveles de lucro que trascienden todas las universidades”, explicó.

Sobarzo señaló que hasta ahora la Reforma Educacional está incompleta, porque no pone una solución a este tipo de casos.

Por su parte,el gerente general en Chile del Grupo Laureate, Jesús Villate, señaló en junio que, pese a los cambios que contempla la Reforma y las protestas de los estudiantes y trabajadores, no tienen contemplado dejar de estar presentes en el país.