Se acaba de celebrar, este 21 de septiembre, un nuevo Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles.

En Chile, como en tantos temas, este tiene nombre de ley, y se trata del Decreto 701, mediante el cual la Dictadura pinochetista estableció un amplio subsidió a la industria forestal a base de grandes plantaciones de árboles exóticos, básicamente pino radiata y eucaliptos.

De esta manera, junto con el proceso violento de contrarreforma agraria que enajenó y entregó a terratenientes millones de hectáreas de tierras cultivables, así como empresas estatales del sector, se generó las condiciones para acelerar esta industria y concentrarla en las manos de pocas familias, de apellidos muy conocidos, como Matte y Angelini.

En nuestro país, con una relativamente baja superficie de tierras cultivables, los impactos sociales y ambientales has sido devastadores.

Aparte del descomunal daño provocado por décadas de destrucción y sustitución de bosque nativo, las plantaciones forestales están provocando, debido a las prácticas de cosecha, un proceso intenso de erosión de los suelos, la pérdida de su capacidad de retención y provisión regulada de agua, así como la contaminación de cursos hídricos por el arrastre de sedimentos generados por la industria forestal.

Contrariamente al rol de mitigación que –como sumideros de carbono- sus promotores le atribuyen, los monocultivos forestales son grandes responsables del aumento de la vulnerabilidad de los territorios frente al cambio climático, por su gran consumo de agua, el deterioro de los suelos y la pérdida general de resiliencia de las comunidades y los ecosistemas.

En el plano social, diversos estudios han mostrado cualitativa y cuantitativamente la fuerte relación que existe entre la intensidad de las plantaciones forestales en los territorios y la pobreza de las comunidades que los habitan, donde, producto de la falta de recursos y expectativas, la población ha disminuido sistemáticamente producto de la obligada migración.

Además del perjuicio a su calidad de vida debido a los impactos ambientales antes mencionados, las comunidades locales han sufrido la pérdida de sus economías locales y formas de vida tradicionales, muchas veces asociada a la extinción de la biodiversidad, la destrucción del paisaje y sitios de importancia cultural o ancestral. La precariedad laboral ha golpeado fuerte a hombres y mujeres de comunidades rurales e indígenas, en sus obligadas nuevas actividades dependientes de la industria forestal.

Es indudable que las plantaciones forestales han sido la causa principal en la agudización del conflicto por las tierras mapuche, usurpadas para la codicia y la renta fácil de las familias más ricas de Chile.

El modelo forestal chileno, sinónimo de monocultura, desigualdad, pobreza y destrucción ambiental, debe llegar a su fin. Es urgente detener el avance territorial de la industria forestal, cuyos impactos se expresan también en actividades insustentables encadenadas a los grandes monocultivos de árboles, como la industria de la celulosa y la generación energética a base de biomasa forestal.

El Estado debe, de una vez por todas, velar por el bienestar social y la sustentabilidad ambiental en territorio chileno y mapuche, derogar y nunca reeditar el decreto 701, desarrollar una planificación realmente participativa y equitativa del territorio, brindar educación de calidad, restaurar los bosques nativos y asegurar las condiciones para la soberanía alimentaria y el desarrollo de las economías y culturas locales y ancestrales, la diversidad cultural y biológica.

Buen vivir, Küme Mongen para nuestros pueblos y territorios.