Si bien el Congreso está dividido sobre el mecanismo a adoptar para la Reforma Constitucional, están claros que las próximas semanas serán claves si de influir en la decisión del gobierno se trata. Es uno de los temas donde la Presidenta más se ha hecho esperar, buscando el momento adecuado y analizando las diversas opciones, sin definirse por algún mecanismo.

El próximo sábado 11 de octubre en el Centro de Extensión de la Universidad del Bío-Bío, en Chillán, comenzarán los “Cabildos Ciudadanos” en el marco de la discusión por nueva Constitución.

La instancia surge de los presidentes de las comisiones de Constitución de ambas cámaras, el diputado Ricardo Rincón (DC) y el senador Felipe Harboe (PPD), quien indicó que se busca abrir un canal de participación y recoger opiniones de la gente, las que podrían ser incluidas en la modificación de la Carta Fundamental.

“Queremos abrir la puerta a gente que, naturalmente, está imposibilitada a asistir a las sesiones del Congreso, pueda dar su opinión”, afirmó el PPD.

Sin embargo, esto genera inquietud en algunas organizaciones ciudadanas, que si bien valoran que se abran espacios de diálogo, insisten que el único mecanismo debería ser la asamblea constituyente.

En, ese contexto el abogado Constitucionalista, Fernando Atria, (quien colaboró con la comisión de constitución de la candidatura de Michelle Bachelet) repitió que el método que cuenta con mayor legitimidad es éste.

“Si la pregunta es cuál es la manera de lograr una nueva Constitución ¿y qué es?, vamos viendo: sería algo así como una decisión del pueblo lo más participativa posible, que le dé cabida a los intereses de todos, que represente a todos, etc., y si uno se preguntara cuál es el método más adecuado para que se cumplan todas esas condiciones, la conclusión cae por su propio peso, es una Asamblea Constituyente. Yo creo que en eso no hay discusión”, afirmó el especialista.

Para el abogado la discusión es sobre la factibilidad de lograr la asamblea. En esa línea, afirmó se debe evitar la experiencia del año 2005 donde se pactó una reforma y se presentó al país como la solución del problema, sin embargo, pocos años después se vuelve a la necesidad de discutir el tema.

Según Atria, la de once años atrás fue una reforma sometida a todas las condiciones de la Constitución vigente, ya que “está pensada para que no se puedan hacer reformas profundas”, afirmó.

En la actualidad, indicó el jurista, dada la situación del país, la fórmula adecuada es autorizar la realización de un plebiscito modificando el artículo 15 de la Constitución, para lo que se requiere un quórum de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio, “por lo que parece posible y realizable”, optando así por un momento institucional, que abra el debate ciudadano, evitando la opción de una comisión bicameral.

En cuanto al clima político, Atria ve dificultades al estar el esfuerzo centrado en otras reformas como la educacional y laboral. No obstante, advirtió que hay que considerar que cuando éstas avancen en su tramitación, se van a topar con objeciones de constitucionalidad.

“Se va a alegar que el fin a la selección o al lucro es contrario a la libertad de enseñanza; se dirá que la prohibición de reemplazar a trabajadores en huelga es contraria al derecho de propiedad; se alegó ya en su momento que calcular el impuesto pro referencia a rentas atribuidas era inconstitucional. Es decir, la Constitución va a mostrar la dimensión en que hace imposible cambios profundos y cuando eso se plantee, el Gobierno tendrá que decidir qué hacer: modifica las reformas que pretende para hacerlas compatibles con la Constitución e incumple su promesa de transformaciones profundas o crea un clima político más conducente a concretar estos cambios”, afirmó Atria.

Por otro lado, las organizaciones están expectantes. El recién creado movimiento “Poder Social Constituyente” demandó a la Presidenta una nueva Carta Magna vía asamblea y le hizo entrega de un manifiesto firmado por cerca de 150 agrupaciones y sectores políticos, titulado “Sin AC no hay nueva Constitución”.

Álvaro Ramis, vocero de la iniciativa, afirmó que el tiempo apremia y que la Mandataria, ante su indefinición, pronto tendrá que responder a lo que reclama la ciudadanía.

“El Gobierno pronto se va a tomar con la realidad de los hechos, la existencia de un parlamento que va a estar muy condicionado en relación a los intereses de los propios parlamentarios”, afirmó, apuntando a las presiones e influencias, pero también a la opción de revisar el tema en el Congreso. Al respecto, sostuvo que una de las razones por las que la Asamblea Constituyente expresa con mucha mayor claridad la voluntad de tener una nueva Constitución es que las personas que la integran no son jueces y parte y no están legislando sobre algo que les va a afectar a ellos mismos en la medida en la que la Constitución regula sus propios mandatos y condiciones de trabajo.

El vocero de esta nueva instancia anunció una masiva marcha por la Asamblea Constituyente a fines de noviembre. Mientras, Marca tu voto AC, que también participa del movimiento, realiza diversos encuentros ciudadanos en regiones. Todo a la espera de la definición sobre uno de los temas centrales del programa de Gobierno.

Foto: Juan José Toro