“Hoy los sindicatos no gozan de una adecuada defensa laboral”, afirmó el abogado César Toledo, quien en conversación con el programa Tiempo de Tomas de Radio Universidad de Chile, evidenció las falencias de la llamada “Defensoría Laboral”.

Toledo participó en la elaboración del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), que se presentó este martes, documento donde se detalla que la Defensoría Laboral no atiende a sindicatos lo que calificó como “impresentable” cuando en Chile los gremios, en general, son muy pequeños y no tienen dinero para acudir a tribunales.

El especialista en Derecho Laboral detalló las condicionas bajo las que está operando el organismo en la actualidad.

“En teoría pone un obstáculo porque si se ingresa a la página del ministerio de Justicia dice que sólo atiende a sindicatos que tengan hasta 25 socios, o sea un sindicato enanito, que no hace ni ruido, y tampoco atiende a sindicatos que tengan una cuota de más de cinco mil pesos” afirmó y añadió que “en lo concreto es que la Defensoría desde su creación, y ya van cerca de siete años, no ha tomado un solo caso en defensa de los sindicatos en estas materias, y eso es grave”.

El especialista afirmó que habló sobre del tema ante la comisión de Trabajo del Senado donde fue invitado en el marco de la discusión del multirut. En la instancia, señala, la ministra del ramo, Javiera Blanco, sostuvo que “revisarían el asunto” con lo que, indicó, “aún no se dan señales claras de avance en este tema que es fundamental”.

Pero la Defensoría no es sólo preocupación de abogados y expertos. Desde el mundo político la “Comisión Político Técnica Laboral de la Democracia Cristiana”, que preside la senadora Carolina Goic, lo puso entre sus prioridades en las reuniones con la cartera para la negociación de la Reforma Laboral.

La senadora, también integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, valoró el trabajo que ha realizado hasta ahora la entidad, pero apuntó a la necesidad de dotarla de autonomía.

“Nos parece que es súper importante que esta herramienta  vaya avanzando a ser una institución autónoma, porque hoy día está bajo la administración de las Corporaciones de Asistencia Judicial, y lo importante es poder reforzarlo, como fue la idea original, por algo tiene defensores laborales y abogados especialistas en materia laboral, y se ha hecho todo un esfuerzo”, afirmó la parlamentaria.

Carolina Goic añadió que también se debe ampliar la cobertura de la Defensoría, y agregarle criterios regionales “porque no es lo mismo un tope de sueldo en Magallanes que en Santiago”, sostuvo.

Estos planteamientos fueron bien recibidos por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para quienes, dado el rol de la DC en la Reforma Educacional, podría haber representado un obstáculo en el desarrollo de las negociaciones laborales. Su presidenta,  Bárbara Figueroa, dijo que el mayor déficit visto en materia de instrumentos institucionales pasa por las atribuciones y la capacidad efectiva de cumplir el rol.

“Una cosa es tener muy buenos postulados para construir institucionalidad, como en la Defensoría Laboral y otra cosa es que cuentes con toda la capacidad logística para hacerse cargo”. Además añadió que en estructuras como ésta, dado el alto volumen que existe de demandas, es imprescindible tener esa capacidad. “No solamente muchos trabajadores, muchos funcionarios, sino que también se vayan especializando en las materias laborales que son bastante complejas y que requieren un nivel de especificidad mayor”, dijo.

La dirigenta añadió que una de sus prioridades es la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores del sector público y el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo. También indicó que acudir a esta instancia por prácticas antisindicales, pone al trabajador en desventaja, porque la Dirección no puede exigir el pago de indemnizaciones a los afectados, entre otras falencias.

Los trabajadores de diversos gremios asociados a la CUT y también los independientes señalan que es una prioridad ahondar en modificaciones que permitan a los sindicatos negociar en igualdad de condiciones, asegurando el derecho a movilizarse y eliminar prácticas como el reemplazo de funcionarios en huelga.