“Hay un olorcillo a arreglín”, denunció el diputado RN Diego Paulsen la semana pasada cuando constató que los diputados UDI votaron por no prorrogar el plazo para la comisión investigadora sobre el supuesto lucro y desvío de dineros de parte de miembros del Partido Comunista en la universidad Arcis, un recurso que ellos mismos habían impulsado.

La estela fue fácil de seguir. En paralelo, el PC había estado presionando para constituir una comisión investigadora por el caso Penta, que afectaría directamente a personeros del gremialismo sindicados como los principales beneficiarios de las irregularidades tributarias del grupo económico. En la vereda opuesta, la derecha respondía con la idea de conformar una comisión investigadora que indagara los aportes de campaña del 2005, es decir, los dineros vinculados a la contienda electoral de la actual Presidenta Michelle Bachelet.

Las enemistades entre estos dos partidos estaban traspasando los límites de sus extremas diferencias ideológicas, lo que quedó en evidencia con el episodio Juan Andrés Lagos- José Antonio Kast, que terminó con la salida del asesor comunista del ministerio del Interior.

La “carrera armamentista” a punta de comisiones investigadores había dejado a las dos bancadas en un verdadero zapato chino, porque si el PC abría las indagaciones por Penta, necesariamente se iban a endurecer las conclusiones sobre la Arcis y, de paso, se daba pie para las inquisiciones sobre el origen de los dineros de campaña de la ahora Nueva Mayoría, coalición a la que también deben responder los comunistas.

El llamado a la cordura desde La Moneda no tardó en llegar y el encargado de las tratativas subterráneas fue el mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, el DC Aldo Cornejo, quien medió con los extremos. El olorcillo aquel que sintió el diputado Paulsen fue la primera evidencia de las negociaciones, que se hicieron hasta de noche y por Whatsapp.

Los aromas se intensificarían a la semana siguiente, cuando se anunció que las comisiones investigadoras de Penta y del financiamiento de campaña se fusionarán y funcionarán con los mismos miembros, para evitar tensiones. Una clara muestra de los buenos oficios políticos que lograron acuerdos entre los partidos contrincantes.

Pero poco después el olor se haría fuerte cuando se conoció la decisión de los parlamentarios de atenerse estrictamente a lo que establece la Constitución y restringir el ámbito de investigación sólo a los actos de gobierno, dejando fuera las acciones de privados, como los miembros del grupo Penta, las autoridades de la Arcis, el conflicto por el no pago de sueldos en esta casa de estudios, y todos los demás involucrados no-funcionarios-públicos en estos escándalos. Nuevamente un empate, y que pasa por alto la experiencia de las comisiones anteriores en casos como el lucro de las universidades, entre tantas otras, donde los diputados han citado, entrevistado y acusado a privados por sus actos.

Y con el anuncio de una nueva prohibición de indagatoria el hedor ya es insoportable: Ahora no podrán inquirir a personas que no hayan sido funcionarios al momento del ilícito. Con esto, la ministra Claudia Pascual del PC no puede ser llamada a declarar por el caso Arcis; tampoco los secretarios de Estado que fueron miembros de la campaña de Michelle Bachelet: Rodrigo Peñaillo de Interior, Javiera Blanco de Trabajo, Álvaro Elizalde de la Secretaría General de Gobierno, y Ximena Rincón de la Secretaría General de la Presidencia.

Hace un buen tiempo ya que el real objetivo y alcance de las comisiones investigadoras estaban comenzando a levantar sospechas de servir más para fines de figuración o encubrimiento político que para los de fiscalización que les mandata la ley. Investigaciones eternas, con conclusiones extensas, pero que no son vinculantes, ocupan caras y valiosas horas de trabajo de nuestros legisladores.

Ya se habla de dejar en manos de la Contraloría las indagaciones relacionadas con los actos del Estado, y en el Ministerio Público, aquellos que tienen que ver con privados.

La incapacidad de estas comisiones, que se comienzan a asemejar al show de las interpelaciones, hace preguntarse acerca de la probidad de sus miembros, en tanto funcionarios públicos que gastan sus horas de trabajo, muy bien remuneradas por cierto, en funciones que se sabe desde un comienzo son inconducentes o, peor aún, están diseñadas para taparse mutuamente las “yayitas” y empatar en cero.

Mejor sería para la ciudadanía y nuestros impuestos que estas instancias, que ni siquiera se han constituido, se desechen, y de una vez sea la Justicia la que persiga y castigue a los criminales involucrados en estos ilícitos, caiga quién caiga.