En los próximos días el Tribunal de Garantía de Cañete debe dictar una nueva apertura del juicio oral al ex estudiante de antropología, Emilio Berkhoff, acusado por los delitos de incendio, robo con intimidación y porte de arma de fuego, en el marco del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.

Esto al ser reincorporadas el viernes pasado a solicitud del Ministerio Público una serie de pruebas y peritajes que habilitan las versiones de funcionarios de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI), donde se recoge, de forma indirecta, los testimonios de 14 testigos protegidos.

El fiscal Álvaro Hermosilla afirmó que con esto se integran al proceso las evidencias que el tribunal “erróneamente” excluyó en la preparación del juicio oral.

El abogado Juan Ignacio Lafontaine, integrante del equipo de la Defensoría Penal, discrepó con Hermosilla y recordó que la Corte y el mismo Tribunal Constitucional (TC) afirmaron que se debía revelar la identidad de los testigos protegidos, por lo que el Ministerio Público optó por excluirlos, sin nunca cumplir con el deber de informar. Ante esto el defensor explicó lo que está en juego.

“Recordemos que el Poder Judicial obligó al Ministerio Público a entregar esos nombres a la defensa, no se entregaron, y ahora lo que pretende el fiscal es que los testigos de oídas, de estos testigos anónimos declaren en juicio”, indicó y añadió: “Eso pensamos que atenta claramente en contra del debido proceso y compromete la responsabilidad del Estado de Chile ante el sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Este es un caso emblemático, ya que la Justicia había dado una señal al exigir que se revelara la identidad de los testigos protegidos, poco tiempo después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara en contra del Estado Chileno en el caso “Norín, Catrimán y otros”, donde se cuestiona su uso en anteriores juicios a dirigentes mapuche y se le obliga al Estado a “reparar la situación”.

Para Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con esta maniobra la Fiscalía pretende presentar sus testigos forma lateral, evadiendo su responsabilidad. Al permitirlo, se anula un buen precedente que había sentado la Justicia y se sigue vulnerando el derecho a la presunción de inocencia.

“El problema más grave de los testigos protegidos es que uno tiene dos opciones, no más, o creerles o no creerles en totalidad porque nadie puede cuestionar si fueron los idóneos, sí estuvieron en el lugar, si tenían las capacidades para percibir lo que supuestamente percibieron, si tienen otras intenciones o si tienen vínculos que los inhabiliten, porque en definitiva no se conoce su identidad”, afirmó y añadió que: “el que se conozca su identidad tienen el fin de posibilitar que la defensa los contra-interrogue de forma eficaz”.

El abogado recordó que al ser detenido Berkhoff en la administración de Sebastián Piñera se realizó un verdadero juicio público, encabezado por el entonces vocero de Gobierno, Andrés Chadwick.

Para Pablo Hormazábal, integrante de la Comisión Ética Contra la Tortura en Temuco, le corresponde también a las organizaciones sociales hacer seguimiento de este tipo de procesos y exigir juicios justos.

“Nosotros pensamos que la única manera posible de que este tipo de irregularidades no siga ocurriendo es que la sociedad civil se empodere y haga esfuerzos para evitarlo” afirmó y añadió:

“Hay que informar e informarse porque esto ocurre justo antes de Navidad, cuando la gente está preocupada de otras cosas”, dijo e hizo un llamado a la ciudadanía a “no bajar la guardia”.

Ahora se fijará una nueva fecha para realizar este juicio, según estiman los abogados en febrero se podría saber que va a ocurrir con Emilio Berkhoff, de 28 años, quien podría enfrentar 30 años de cárcel, a solicitud del Ministerio Público. Pero más allá del caso puntual, el proceso es observado por diversos juristas, organizaciones sociales y dirigentes mapuche, quienes están atentos al uso que se haga de los testigos secretos y de oídas.