El Senado de la República tenía hasta el 2 de enero de 2015 plazo para elegir a los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) que debían reemplazar a Raúl Bertelsen y Hernán Vodanovic, quienes terminan su período en el organismo, lo que en tiempos de reformas estructurales cobra mayor importancia dada la manifiesta disposición en los partidos de oposición de llevar al TC las iniciativas que el Gobierno impulsa en caso de ser aprobadas.
Finalmente, sólo este miércoles salió humo blanco desde la Cámara Alta, cuando se dio a conocer que los abogados Cristián Letelier y Nelson Pozo serán los nuevos miembros del organismo. Ambos contaron con el respaldo de 31 votos a favor y uno en contra
Nelson Pozo, de 65 años de edad, ha estado ligado desde su juventud al Partido Socialista. Es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con varias publicaciones sobre derecho penal y se ha desempeñado como profesor ayudante, adjunto y titular de Derecho Procesal Penal en diversas casas de estudio. Además, entre 2009 y 2012 integró la Excelentísima Corte Suprema.
Cristián Letelier, ex militante de la UDI, licenciado en ciencias jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene una vasta experiencia como abogado y asesor jurídico de diversas organizaciones, además de haber sido diputado de la República entre los años 2011 y 2014.
La elección de estos juristas confirma el equilibrio político en estas designaciones, las que mantienen el statu-quo dentro del TC, ya que Vodanovic -como Pozo ahora- en su momento había sido propuesto por la ex Concertación, mientras que Bertelsen fue la carta de la Alianza, tal como es el caso de Letelier ahora. Esta forma de elección de los integrantes del Tribunal responde a la norma que entrega al Senado la posibilidad de nombrar a dos de los diez miembros del TC. Estos deben ser aprobados por 2/3 de los senadores, y como ninguna de las fuerzas políticas alcanza ese número en la Cámara Alta se terminan repartiendo los cupos del TC.
El único voto en contra de estas nominaciones en el Senado correspondió al sufragio del senador del MAS, Alejandro Navarro quien criticó el proceso que habría dejado fuera a los movimientos políticos independientes.
“En esta ocasión se dio un proceso corporativo entre la UDI y el Partido Socialista. No hubo participación en el ámbito de la decisión del resto de los comités y de las bancadas. Creo que es un procedimiento erróneo, excluyente, un tanto perverso. Creo que allí se tiene que hacer un debate, sobre el máximo tribunal, respetando algunos criterios políticos, pero esta vez se marginó al MAS, se marginó a la bancada de independientes con un procesamiento político que está siendo recurrente, permanente, entre los partidos de la Nueva Mayoría y en esta vez, peor aún, entre el Partido Socialista de Chile y la UDI”.
Para Navarro esta forma de designación de los integrantes del Tribunal Constitucional le merece reparos, al igual que entre algunos juristas quienes critican el eventual grado de politización que el TC ha alcanzado desde las reformas de 2005, cuando se decretó que de los diez miembros, tres son elegidos por el Presidente -sin necesidad de ratificación por ningún organismo público-, dos por el Senado, dos por la Cámara previa aprobación del Senado, y tres por la Corte Suprema.
Para el director del Programa de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, es preocupante la poca transparencia con que los poderes del Estado nominan a los abogados que integran el TC, considerando la importancia que tiene para el funcionamiento de la democracia. De hecho, Couso expone que en la actualidad el Tribunal Constitucional se ha convertido en una suerte de “tercera cámara legislativa”, ya que la minoría circunstancial en el Senado, puede recurrir al TC para impugnar una ley ya aprobada, que de otra manera no podría detener.
Esta situación se ha hecho patente, según Couso, en el actual escenario de reformas estructurales ya que la oposición ha advertido que en caso de existir eventuales vicios de constitucionalidad, recurrirán al Tribunal para que zanje la situación.
“Efectivamente el contexto político de la oposición planteando ante casi cualquier reforma estructural importante que ello tendría vicios de constitucionalidad y que va a usar el control preventivo, significa que está transformando, por decirlo así, a la corte constitucional en una suerte de tercera cámara. Cámara de Diputados, hay que pasar esa valla, luego el Senado y luego hay que pasar nuevamente otra valla que vendría siendo el Tribunal Constitucional en control preventivo, con el agravante que el pueblo no ha elegido a esas personas”.
Couso también señala que el TC en Chile tiene la atribución de ejercer el control preventivo de una ley, lo que difiere de sistemas como el estadounidense, en donde la Corte Suprema –que puede ejercer funciones constitucionales análogas a las del Tribunal Constitucional en Chile-, sólo tiene capacidad de ejercer el control represivo de una ley, es decir cuando ya se ha promulgado y está en vigencia. Además sostiene que la forma de elegir a sus miembros es poco transparente y deja espacio a los cuoteos políticos, lo que redunda en que las personas que llegan a ocupar un sitial en el Tribunal, muchas veces sólo sean operadores políticos más que juristas de renombre y prestigio.
Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y ex miembro el Tribunal Constitucional, Enrique Navarro, descarta una posible cooptación política del organismo, y el único punto que para él ha sido cuestionado, tiene que ver con el control preventivo de las leyes orgánicas, y sería el único tema que estaría sujeto a cambios si el mundo político así lo dispone.
“El Tribunal Constitucional, en algunas de las proposiciones, se ha cuestionado el control preventivo de las leyes orgánicas en donde ciertas materias deben ser necesariamente revisadas por el Tribunal Constitucional. Ese es el único aspecto que ha sido planteado por algunos que debería modificarse. Las demás atribuciones en general no han sido cuestionadas, de manera que ese es el único punto que va a depender de los acuerdos políticos si se modifica o no en el texto”.
Navarro recuerda que en los años en que ejerció como miembro del TC, no presenció ningún tipo de presión a nivel político, y lo ejemplifica con que las votaciones, en su mayoría, eran de resultados ampliamente mayoritarios sino unánimes. No es lo que ocurre en otros países, a decir de Navarro, en donde las decisiones pueden ser muy predecibles o abiertamente teñidas de carácter político.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Patricio Zapata, reconoce que el Tribunal Constitucional al tener control preventivo de las leyes, es decir que puede revisarlas antes que sean promulgadas, es susceptible de ser incorporado en los procesos políticos, lo que puede poner en riesgo la labor esencial del Constitucional
Además Zapata hizo hincapié en la necesidad que los nombres que se presentan a para conformar el TC deberían hacerse públicos con meses de anticipación, para que así todos los estamentos de la sociedad puedan analizar la trayectoria profesional de los juristas que conformarán el Tribunal, ya que -en la práctica- los partidos pueden proponer un nombre un día antes de que se haga la elección y que esta persona sea elegida para conformar el organismo, afectando la transparencia del proceso.
“Lo primero que habría que asegurar -más y mejor- es que los nombres estén expuestos, durante un período razonable, a cierto escrutinio por parte de los ciudadanos y de la prensa antes que los organismos constitucionalmente habilitados voten, en este caso antes que el Senado los confirme. Lo que no me parece una buena idea es que aparezca un nombre un día miércoles en la tarde, y se vota el jueves en la mañana que es lo que podría ocurrir, porque no existe un procedimiento”.
TC y Nueva Constitución
Uno de los elementos que surgen en la conversación con los distintos actores relacionados con este tema, tiene que ver con la necesidad de que en la futura Constitución Política de Chile, que el Gobierno anunció que comenzará a ser debatida desde este año, debe contemplar un cambio en los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Tal como lo señalan parlamentarios de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.
El senador socialista Alfonso de Urresti sostiene que el TC si bien ha demostrado ser un organismo autónomo que actúa libre de presiones, no obstante enfatiza en la necesidad de hacer cambios en la forma de elección de sus miembros, lo cual hace aún más necesario una nueva Constitución Política para Chile.
“Esto también nos lleva al debate de fondo que es tener una nueva Constitución, que en definitiva el análisis de legalidad de constitucionalidad de las normas sean en función de ese mandato constitucional democrático, y no de la actual Constitución, pero sin perjuicio de eso, de ninguna manera debería convertirse en una “tercera cámara” porque no es el propósito ni tampoco el objetivo para el cual fue creado el Constitucional”.
El senador independiente Pedro Araya expresa que la decisión de establecer los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal respondió al contexto de negociaciones políticas que se realizaron en 2005, cuando se reformó gran parte de la Constitución de 1980, lo que permitiría que ante la discusión de una nueva Carta Fundamental –desde 2015 en adelante-, estos fuesen revisados y eventualmente cambiados.
“La composición del Tribunal Constitucional y la forma de elegir a sus miembros fue el consenso que hubo de acuerdo a la realidad política que había el año 2005. Obviamente que tiene que ser un tema absolutamente revisable pro la nueva Constitución en atención que todos sabemos la sensibilidad o lo complejo que puede volverse en algún minuto el Tribunal Constitucional, pero hoy día se debe presente que los contrapesos de los nombramientos del Presidente están dados por las designaciones que tienen que hacer el Congreso, y especialmente el Senado”.
Cualquier cambio que se quiera realizar, tanto en la composición como en los mecanismos de elección de los miembros del TC deberá ser abordado cuando comience la discusión por la nueva Carta Fundamental para Chile, una de los pilares del Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, y que la Nueva Mayoría afirma que este año es cuando se dará el puntapié inicial a este debate.