Aunque son los tribunales de justicia los que deben resolver los delitos y sanciones  para todos los implicados en el Caso Penta,  ante la opinión pública aparece nítido que desde este Consorcio se destinaron millonarios recursos para el financiamiento de las campañas electorales de un conjunto de candidatos al Parlamento, casi todos pertenecientes a la UDI.  Muchos de estos recursos se asignaron a través de cobros de honorarios por trabajos nunca realizados a las empresas del Grupo mencionado a objeto de abultar gastos y eludir el pago de impuestos.

Mediante un fraude tributario y gracias a las poderosas campañas electorales que se financiaron desde Penta resultaron elegidos una serie de personajes que, en mérito de su alta expresión propagandística, terminaron imponiéndose sobre sus compañeros de fórmula por a veces por muy pocos sufragios de diferencia. Es reconocido que el factor dinero es fundamental a la hora de involucrarse en la política y buscar cargos de representación; también es un hecho que el Servicio Electoral no cuenta con las herramientas legales ni los recursos necesarios para fiscalizar estos procesos complejos y en los que se han inventado  muchas argucias para consolidar “cajas electorales” que resultan tan indispensables en la competencia política.

Habría que ser muy ingenuo para pensar que en nuestro país no existen otras operaciones para recaudar dinero desde las grandes empresas y desviando recursos fiscales. Los últimos comicios presidenciales y parlamentarios son, a no dudarlo, los que exhibieron los más abultados gastos propagandísticos, en una situación que compromete al conjunto de la llamada clase política. De esta forma es que abrigamos la posibilidad de que este escándalo que hoy afecta especialmente a un partido político de derecha muy luego descubra otros episodios y las denuncias alcancen a otros referentes y “representantes públicos”, como suelen denominarse los que llegan a los curules del Poder Legislativo,  o se convierten en los moradores de turno de La Moneda y los municipios.

Se nos asegura que próximamente van a ser formalizados por la Justicia aquellos empresarios y ejecutivos que urdieron el fraude al fisco y materializaron onerosas contribuciones que ni siquiera sacaron de sus propios bolsillos. Al renunciar a sus cargos en los directorios de las empresas cuestionadas no están sino reconociendo su culpabilidad, aunque ya con sus abogados estén preparando defensas judiciales que lleven a exculparlos o recibir discretas condenas. Sabemos que el “factor dinero” es también un argumento muy poderoso en las resoluciones de los tribunales, como que en el pueblo existe una amplia convicción de que en nuestro país existe “una justicia para los ricos y otra para los pobres”. Con todo, esta vez el Caso Penta ha sido muy bullado y merecido una amplia cobertura en los medios de comunicación; aunque muchos de éstos suelen posteriormente abandonar sus indagaciones o acotarlas a cambio de jugosas ofertas publicitarias. Pero, los abogados querellantes y  funcionarios de Impuestos Internos nos aseguran esta vez que será muy difícil para los acusados evitar sanciones que entrañan severas multas y años de cárcel. Pero no olvidemos que estamos en Chile y que la corrupción en estas materias no difiere de lo que ocurre en otros países, aunque todo aquí se haga de forma solapada.

Nos sabemos regidos por un régimen institucional tan precario como el que se ha mantenido gracias a la vigencia de la Constitución de Pinochet,  el  bochornoso sistema electoral binominal y la avasallante influencia de los poderes económicos en las decisiones de nuestras instituciones públicas. De allí que, más importante que la suerte de los empresarios inescrupulosos será lo que ocurra con esos parlamentarios electos fraudulentamente.  Quienes con la operación Penta han defraudado también a ese 42 por ciento de ciudadanos que concurrió a sufragar hace un año y que, suponemos, manifestó alguna esperanza en que su voto era soberano y pudiera servir a recuperar la imagen tan deteriorada de la política. Nos consta la indignación de muchos candidatos de entonces que, además de derrotados,  terminaron endeudados por varios años; mientras que a los triunfantes reunían recursos ilícitos y se tomaban posición de cargos hasta por nueve años, como suculentas dietas parlamentarias y prebendas. Aunque en los vericuetos del poder y las complicidades cupulares muchos de ellos hayan sido “arreglados”, después, con cargos públicos o privados.

Sería también muy cándido suponer que desde la propia política surgiera un castigo ejemplar para los infractores instalados en el Congreso Nacional. Todavía recordamos que en ese otro escándalo del MOP Gate,  sucedido bajo el gobierno de Ricardo Lagos,  fue resuelto finalmente por un arreglo cupular entre el Ejecutivo, un senador de la misma UDI hoy en desgracia y la complicidad, por cierto, de los más poderosos medios informativos que prefirieron “echarle tierra” a ese fraude a objeto que no corriera riesgo el régimen institucional y los dimes y diretes terminaran afectándolos a todos. Las mismas amenazas que expresan hoy los parlamentarios sindicados en cuanto a que van a destapar otras operaciones similares a la de Penta es posible que procuren forzar al oficialismo a otro gran arreglo político que finalmente derive, como el fraude anterior,  en absoluciones o penas remitidas de parte de los jueces, que, como se sabe, dependen de su carrera funcionaria de los otros dos poderes del Estado.

Como en tantas otras ocasiones, dependerá de la movilización popular la posibilidad de sancionar a los culpables de este fraude electoral, del cohecho ejercido para instalarse en las funciones más altas del Estado. Será crucial, también, que los dirigentes políticos decentes y dignos demuestren que existen y se solidaricen de un malestar ciudadano que podrían llevarnos a aumentar la desconfianza del país hasta en la propia democracia que se proclama y que todos sabemos es de pacotilla, cuando las instituciones republicanas funcional tan mal . Sobre todo si no es capaz desde la propia institucionalidad intervenir y castigar a los que han delinquido tan gravemente.

De quedar este escándalo otra vez en la impunidad no tendremos que sorprenderlos que en las próximas elecciones los niveles de abstención superen el de ese 58 por ciento que se resistió a sufragar pese a toda la presión propagandística. Como en otros episodios de nuestra historia,  no sería extraño, tampoco,  que se alimentara el caudillismo y que como en la década de los 50, se propusieran  borrar de un “escobazo”  a los partidos y a los políticos de las instancias públicas. O, más trágicamente aún, se propusieran tomar por la fuerza las instituciones desacreditadas.

Los referentes de la vida civil, tan activas en otras demandas y luchas, debieran confluir luego en la unidad y movilización para exigir al menos la renuncia de los parlamentarios sindicados en este nuevo y negro episodio. Sería absurdo que a quienes han delinquido tan gravemente se les diera la oportunidad de una nueva elección hasta en ocho años más para someterse al “escrutinio del Pueblo”,  como ya lo han propuesto algunos en evidente complicidad con los infractores. Cuanto evitar que los involucre a ellos mismos estas y otras denuncias por activarse y que debieran aumentar mucho la nómina de los que han cometido el peor de los delitos: defraudar la confianza ciudadana.