La Democracia chilena pareciera estar viviendo una nueva oportunidad, tras la muerte del sistema electoral binominal y la debacle de corrupción en la derecha autoritaria.  Justo cuando la crisis de representatividad hace naufragar al sistema político, la historia le arroja un pequeño salvavidas; pero en éste flotador no caben todos, sólo hay espacio para la voluntad genuina de depurar y redistribuir el poder.

La riqueza, fácilmente acumulada por más de 30 años de neoliberalismo extremo, ha requerido una bóveda de seguridad blindada por mecanismos institucionales, tales como la sobre representación de la minoría electoral, los quorum supra mayoritarios o el Tribunal Constitucional.  Pero en el mundo de la codicia, cuanto mayor sea la fortuna, más crece el temor a perderla. Entonces se activan otros mecanismos de captura de la política, como los que ha usado Penta, SQM y quién sabe cuántos otros holdings de la derecha económica.

Hablamos de dos instrumentos de preservación de privilegios: la institucionalidad autoritaria y el cohecho. El primero, destinado a evitar que las instituciones representen la soberanía popular y, el segundo, ideado para que estos mismos representantes legislen o gobiernen en favor de intereses particulares, que poco tienen que ver con el bien común.

Uno de estos dispositivos antidemocráticos está siendo removido por la nueva ley de votaciones. La proporcionalidad del nuevo sistema electoral va a permitir que los parlamentarios elegidos representen genuinamente la voluntad popular. Sin embargo, no basta con esa garantía para aprovechar la oportunidad  de democratización que ofrece esta nueva normativa, si no se revierte el anquilosamiento de la conducción en los partidos políticos.

Los líderes partidarios deben estar dispuestos a redistribuir su poder interno, democratizando sus mecanismos de designación de candidatos. Para ello disponen de la Ley de primarias, que al menos en su debut de 2013 operó como letra muerta. Habrá otra oportunidad en 2016 y entonces sabremos si los dirigentes sabrán ponerse a altura de las circunstancias.

Si además los partidos aprovechan la oportunidad de incorporar más mujeres a la política, habrán saldado otra deuda con la democracia. Para ello, no es suficiente cumplir con el 40% de candidatas mujeres. También hay que erradicar la práctica discriminatoria de relegarlas a territorios desfavorables. Se debe facilitar la elegibilidad de las mujeres, postulándolas allí donde tienen chances reales de ganar.

Respecto al mecanismo de captura de la política por el dinero, la oportunidad democratizadora tiene dos vertientes: una es la investigación de la Fiscalía que persigue los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos por parte de parlamentarios, que en su mayoría militan en la UDI. La otra es el proyecto de Ley de financiamiento de la política.

Entre los riesgos de la persecución judicial está el temor de la clase política a que el escándalo de la UDI y Fuerza Pública termine abriendo una caja de pandoras que involucra a todo el espectro. Como era previsible, la UDI hace ingentes esfuerzos por implicar a la Nueva Mayoría en sus escándalos de corrupción.

¿Acaso es eso un peligro de desmoronamiento del sistema político? Al contrario; los organismos democráticos ya tocaron fondo y saldrán de ahí solo si se libran de aquellos que están dispuestos a cometer delitos en aras de sus intereses personales. Si caen todos los que tienen que caer, no sólo en la derecha autoritaria sino en otros sectores eventualmente contagiados por el germen de la corrupción, las instituciones habrán sabido aprovechar esta nueva oportunidad democratizadora.

Otro tanto aportarían al saneamiento de la política, si acogen y perfeccionan la iniciativa del Ejecutivo que corrige los forados de la actual regulación de financiamiento de campañas.  Dinero público para los partidos, fin a las donaciones de empresas, transparencia total de los aportes y fiscalización efectiva de estas condiciones, son los requisitos básicos para restablecer la decencia de la política.

Una tercera oportunidad democratizadora, la más relevante de todas, la ofrece el cambio de la Constitución prometido por el Gobierno. Sin un nuevo pacto institucional no será posible alcanzar la genuina democracia. Pero se trata de una tarea urgente que, desde luego, el actual Congreso Nacional no es apto para acometer, mientras no termine la depuración de la política y la redistribución del poder en el sistema de partidos.

El compromiso oficialista de una Constitución generada de manera “participativa, institucional y democrática” no se habrá cumplido si estas tres condiciones son meros eufemismos, para que la Carta Fundamental le sea encomiendada al parlamento y refrendada por un plebiscito formalmente ratificatorio. Ese sería el peor despilfarro de la oportunidad democratizadora que la historia no ha regalado.