Caimanes es una localidad ubicada en la región de Coquimbo, alejada del camino principal. No es visible a quienes transitan por la región, sin embargo, desde hace 14 años sus habitantes, cerca de dos mil personas, protestan por la contaminación del agua que es responsabilidad de los trabajos que realiza la empresa minera Los Pelambres, perteneciente al Grupo Luksic.

Después de varias jornadas de discusión, diálogo con las autoridades de diversas instituciones, demandas judiciales, huelgas de hambre y otras formas de protesta, lograron que la Corte Suprema fallara en su favor. El tribunal ordenó a la empresa devolver el cauce natural a la comunidad.

Hasta la fecha el fallo no se ha cumplido, por ello la comunidad tomó la decisión tomarse los caminos y cortar la ruta de acceso al tranque El Mauro hasta que la minera cumpla la sentencia dictada por el máximo tribunal de este país. La protesta ya cumplió 65 días.

El vocero de la comunidad, Cristián Flores aseguró que después de años de resistir y no cejar en su demanda por el derecho a tener agua sin contaminación de arsénico para todas las familias, está convencido que el Estado está al servicio de los empresarios.

“La minera tiene más poder que nuestro propio Estado y derechamente la minera está ejerciendo presión sobre el gobierno porque saben que si se cumple el fallo, la minera Los Pelambres tendría que parar la faena completa, lo que les significaría parar alrededor de 4 mil trabajadores, y el amedrentamiento que hay hacia nosotros es que si para la minera Los Pelambres jodería el 40 por ciento de la economía de la región”.

El fallo de la Corte Suprema estableció que había que demoler el tranque El Mauro para restituir el curso natural de las aguas que le pertenecen a Caimanes y que está debajo del tranque. La sentencia señala claramente: “demuela total o parcialmente y restituya el cauce natural de las aguas para que libremente escurra hacia Caimanes”.

La Corte además entregó la prerrogativa a la empresa de presentar un plan de mitigación, si tenía una mejor solución para evitar la demolición, contando con un plazo de un mes. Dicho plan fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Los Vilos.

La abogada que representa a la comunidad de Caimanes, Sandra Dagnino explicó que la presentación del plan no es idóneo para cumplir con la orden de la Corte Suprema, porque no contempla obras destinadas a la restitución de aguas subterráneas y sólo se limita a hacer mejoras en la conducción de aguas, lo que dependería exclusivamente de la disponibilidad que tendría la empresa.

“El trámite que queda ahora, es que el tribunal habiendo recibido este plan se pronuncie definitivamente en términos que este no cumple ni podría cumplir nunca con las exigencias necesarias para poder hacer efectivo lo que ordenó la Corte, y dictado este pronunciamiento del tribunal se proceda a la demolición del tranque”.

La vocera de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, que integra el Movimiento por la Recuperación del Agua y de la Vida, Marcela Mella informó que este movimiento hace un par de días visitó la localidad, y pudo constatar en terreno la disposición de los habitantes a integrar una mesa de diálogo que impulsó el Gobierno Regional entre los ciudadanos y representantes de la empresa minera.

Marcela Mella manifestó que dicha instancia de diálogo no pudo prosperar por la negativa de los representantes de la minera de conversar con una comunidad movilizada, y recalcó que no logra comprender por qué un fallo del tribunal no se ha podido ejecutar.

“Nosotros entendemos y hemos escuchado a los distintos ministros y personeros de la Nueva Mayoría que aquí hay independencia de los poderes y que si el poder judicial emite un fallo, una sentencia esta deba cumplirse, y no entendemos por qué todavía no se han involucrado de tal manera que este fallo se cumpla y siguen amparando o protegiendo al Grupo Luksic”.

Mella puso énfasis en que la situación de los ciudadanos de ese pueblo es dramática y recordó que desde hace 14 años, cuando la empresa minera puso en funcionamiento el tranque El Mauro, que la comunidad viene dando distintas batallas para recuperar el acceso al agua, que en la actualidad estaría contaminada con arsénico.

La contaminación, junto con impedir el derecho al agua, impediría a la comunidad desarrollar sus actividades económicas tradicionales como la agricultura y la ganadería.

Los integrantes del Movimiento por la Recuperación del Agua y de la Vida, frente a la poca difusión que tiene este tema, tomaron la decisión además de iniciar una campaña permanente para respaldar estas demandas de los habitantes, los que a su juicio se encuentran en el total desamparo de las instituciones del Estado.