La Fiscalía, en último momento cambio su solicitud y pidió la medida cautelar de prisión preventiva para 5 de los imputados (Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano, Pablo Wagner, y los ex funcionarios del SII Iván Álvarez y Juan Martínez. En tanto, para Hugo Bravo piden arraigo nacional y arresto domiciliario), con ello finalizó la exposición del equipo de para dar comienzo al Consejo de Defensa del Estado que indicó que Carlos Délano, Carlos Lavín y Hugo Bravo funcionaban como una “triada totalmente cohesionada”, por lo que agregó la petición de prisión preventiva también para el ex gerente del grupo Penta.

Recordemos que en horas de esta mañana, el fiscal Pablo Norambuena describió cómo el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, luego de finalizar su vínculo con la Isapre Banmédica, solicitaba continuamente dinero, el que se trató de gestionar por medio del Universidad del Desarrollo.

“Pablo Wagner tuvo una relación contractual a través de su sociedad Santa Irene con la sociedad Banmedica, sociedad en la cual tienen propiedad los señores Délano y Lavín, a través de sus distintas sociedades. Respecto de esa sociedad, Santa Irene, se firmó un contrato de asesoría representado por Pablo Wagner con un contrato a plazo fijo por el cual le tenían que pagar una suma mensual de 7 millones y fracción por un periodo determinado, pero dado que Wagner renuncia producto que asume como subsecretario de Minería, a ese contrato se le pone término”.

A pesar de finalizar su relación contractual, Pablo Wagner, según se indicó, recibió 14 pagos de empresas Penta que  fueron a través de boletas ideológicamente falsas emitidas por su cuñada. Además, explicó el fiscal que gestionó otras 50, con el objeto de cometer delitos: “Esta persona sigue delinquiendo y omite los ingresos que recibe de otras empresas y rebaja sus impuestos” sostuvo Norambuena.

Una de las pruebas que dio a conocer el órgano persecutor son los correos entre Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, prueba de ello es un intercambio donde Lavín reconoce la labor de Wagner por 12 años en Penta. El fiscal siguió exponiendo los vínculos del ex subsecretario con la empresa, por ejemplo, cuando ya ejercía ese cargo en Minería y le solicitó ayuda Carlos Eugenio Lavín para subsanar su déficit económico. La idea, según explicó Norambuena, era que los controladores de Penta definieran el monto que se le daba por medio de la Universidad del Desarrollo, para que el funcionario del gobierno de Piñera pudiera mantener la renta que tenía en Banmedica.

Norambuena -agregó- que hay un contrato a plazo fijo entre 2009 y 2011, que se interrumpió porque Wagner pasó a ser subsecretario. Momento en que según la fiscalía, solicita a los controladores de Penta que le paguen todo el contrato, que se supone ya estaba finiquitado en febrero de 2010. Y en ese documento, también reconoce que nada se le debe. A juicio de los persecutores, los $42 millones que recibió “es soborno, es cohecho”.

Para recibir ese dinero, Wagner utilizó un testaferro, que era su cuñada, María Carolina de la Cerda, quien también emitió boletas fraudulentas, como la entregada a SQM por 7 millones 500 mil pesos, sin haber prestado ningún servicio a la empresa de Julio Ponce Lerou. De esa forma, prosiguió explicando y con esos antecedentes Pablo Norambuena reiteró su solicitud:

“Acá hay reiteración y nos parece que el imputado Wagner arriesga penas sin beneficios. Estamos hablando por corrupción en el seno de la subsecretaría de Minería, un funcionario nombrado por la Presidencia de la República. Viene delinquiendo por años, hay una conducta reiterada”.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, querrellante en el caso, expuso su postura en voz de su presidente Juan Ignacio Piña: “La presencia del CDE se justifica tanto por la participación de funcionarios públicos y numerosas defraudaciones de carácter fiscal”, explicó.

Por ello solicitó prisión preventiva contra Carlos Délano, Carlos Lavín, Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro, Juan Martínez e Iván Álvarez. A la vez, Piña acusó a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de vender su posición a Penta, mermando la confianza que la ciudadanía pueda tener en la institución: “El mensaje que han recibido los miles de ciudadanos que están siendo fiscalizados por el SII es que si es lo suficientemente poderoso y encuentra al funcionario correcto, puede no solo evadir impuestos, sino que también recibir devoluciones fraudulentas”, declaró.

En su exposición, el abogado y ex fiscal Alejandro Peña, quien representa al empresario Jorge Charbin, dijo que Penta “No es una simple pandilla que se junta en un momento determinado, sino que lleva varios años. Son 18 grupos de delitos”. Recordemos que el jurista representa a quien se dijo  fue la primera víctima en denunciar los ilícitos en que habrían incurrido los controladores de holding.

En tanto, en su presentación, el SII coincidió totalmente con la solicitud de la Fiscalía. De ese modo, pide prisión preventiva para cinco de los formalizados y el arraigo nacional con arresto domiciliario para Hugo Bravo.

Defensa de Wagner propone arresto domiciliario

El abogado de Pablo Wagner, Gonzalo Medina, defendió al ex subsecretario, aclarando que la información que le entregó su representado a los dueños del holding, era conocida por todos. Para ello citó a medios de prensa de la época.

De la misma forma, Medina declaró “que hay una serie de imprecisiones en los severos dichos de la fiscalía y asegura que la acusación por cohecho “no se sostiene”.

“Si uno revisa los elementos del delito de cohecho y los antecedentes de la carpeta, malamente puede sostenerse la existencia de indicios que den cuenta de ese delito. La pregunta que queda es si ejecutó o no actos propios de su cargo, y lo que uno tiene que hacer para definir que son actos propios de un cargo es concurrir a la regulación que establece las actividades del cargo.”, aclaró el abogado del ex subsecretario ante las denuncias.

Además, Gonzalo Medina subrayó una arista que no había, según él, considerado la fiscalía: que no se haya citado al ex ministro de Minería, Hernán de Solminihac, para que él relatara si la información entregada por Wagner sobre la minera Dominga, realmente fue decisiva.

Finalmente el abogado se refirió a la conducta anterior de Pablo Wagner, en donde remarcó que su representado apoyó la investigación. Con esto, Gonzalo Medina pidió una rebaja en dos grados. En ese sentido afirmó que la medida cautelar de prisión preventiva es desproporcionada aunque si propuso un posible arresto domiciliario.