El abogado Pedro Orthusteguy, quien representa a la fundación Ciudadano Inteligente en la querella contra los políticos involucrados en la arista política del llamado caso Penta-SQM, en conversación con la tercera edición de Radioanálisis, explicó que el requerimiento presentado por la fundación sólo se limita a los funcionarios públicos mencionados en la causa, como es el caso del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. Además, sostuvo que su intención es llegar al fondo en la investigación, sin importar quiénes se vean afectados en esta causa

La situación de la querella que ustedes presentaron, se va a ver en otro momento, abre una arista distinta. ¿Cuál es el sentido en este proceso?

El caso Penta tiene distintas aristas.La primera, y quizás la menos glamorosa, es la arista del Fraude al FUT que ha pasado más desapercibida y que está vinculada a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII). La segunda tiene que ver con la llamada arista empresarial que es la que se está viendo ahora, que es la más conocida, la más pública, referido a los controladores del Grupo Penta, los ejecutivos del Grupo Penta, y algunos funcionarios del SII que sirvieron de nexo para cometer estos delitos tributarios. Y la tercera arista, que es bastante conocida, pero que o todavía no tenemos imputados formalizados, salvo uno que es Pablo Wagner, es la arista política que tiene que ver con el financiamiento de las campañas, particularmente a parlamentarios.

Esa es la tercera arista del caso Penta que es el aspecto político, y ahí es donde la fundación Ciudadano Inteligente se hace parte. Lo que hemos descubierto a través del caso Penta, es que numerosos políticos de distintos sectores, tanto de la izquierda, por dar un calificativo, como los que se encuentran más a la derecha, todos cometían los mismos, a nuestro juicio, delitos al momento de financiar sus campañas políticas.

Es realmente comparable el hecho que haya un solo parlamentario de la Nueva Mayoría, como es el caso de la querella de ustedes en donde figura el senador (PS) Fulvio Rossi, mientras que en el otro lado es casi la bancada completa de la UDI, considerando que Penta está vinculada, incluso de modo familiar con ellos. ¿Se puede hablar de que es toda la clase política la que está involucrada?

No lo sabemos, y por eso nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ayudar al Ministerio Público a desentrañar esta arista política. Hasta el momento el Ministerio Público había estado un poco limitado para efectos de revisar toda la contabilidad de Soquimich (SQM), para buscar financiamiento a otras campañas políticas, pero por qué, porque la querella o denuncia que inicialmente presentó el SII, se referían a los años 2009 a 2014, pero una semana después la restringió solamente a julio del año 2009. Solamente en ese mes, aparecieron boletas vinculadas a dos parlamentarios de la Nueva Mayoría, entonces no se trata de igualar las situaciones, lo que decimos es que en un mes se encontraron boletas vinculadas a dos parlamentarios de la Nueva Mayoría, candidatos a parlamentarios que eran funcionarios públicos, y que, por lo tanto, lo razonable es que el Ministerio Público ahora con nuestra querella pueda efectivamente incautar toda la contabilidad de SQM, también pedir los requerimientos al juez de garantía para analizar los correos electrónicos, para confirmar o descartar que hayan más políticos financiados por SQM.

Y recordemos que ayer en la audiencia de formalización, también se dijo que existía una boleta de SQM que fue entregada a la cuñada de Pablo Wagner, quien no se financiaba  solamente a través de Penta, sino que también lo hacía a través de SQM, y resulta que él estuvo en 2010 a cargo del proceso de licitación del litio, que lo entregaba por 30 años, y nada más ni nada menos que a SQM.

Que hay que recordar que tuvo que ser anulada porque SQM tenía juicios pendientes con el Gobierno de Chile, cuestión que era inhabilitadita para participar del proceso, y que el Ministerio de Minería y Pablo Wagner como subsecretario, simplemente evadieron al momento de adjudicar esa licitación.

Así es, y por lo tanto ahora en la arista SQM pueden aparecer más parlamentarios de derecha, como también más de centro o de izquierda, o rosados, o azules, y eso a la fundación le da lo mismo.

Estamos frente a una mala práctica política, pero también empresarial. Este caso revela el ejercicio de estas malas prácticas por parte de dos grandes empresas, Penta y SQM, pero recordemos que hay una tercera situación controvertida, que es el caso del hijo de Bachelet, y que involucra a otro gran grupo económico que es Luksic. Entonces ahí hay otro, eventualmente si estas prácticas están tan generalizadas, ustedes también podrían hacerse parte y buscar este tipo de resquicios para financiar política evadiendo impuestos.

Nosotros como abogados no formamos parte de la Fundación, a nosotros nos contrató para hacer esta colaboración en la investigación del financiamiento a las campañas políticas, esa es nuestra relación con ellos. Nosotros somos sus abogados, junto con Mauricio Daza y el ex fiscal Carlos Hidalgo, quien también trabajó mucho tiempo con el fiscal Emiliano Arias, quien se incorporó ahora a este grupo investigativo.

Efectivamente la Fundación, que está en toda América Latina, no solamente ve los problemas de transparencia en Chile, decide que es un caso en que nosotros podíamos ejercer una acción penal, si así lo solicita, nosotros estamos disponibles porque compartimos con ellos el interés de generar transparencia en todo el quehacer político.

Procesalmente, la querella que ustedes han presentado es como una suerte de llave que permite abrir más espacio a la investigación de la fiscalía.

Exactamente. Y sumamos a tres profesionales para efectos de apoyar al grupo de fiscales en la arista que a nosotros nos interesa. Así como los otros querellantes, como el SII, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ponen su foco en los delitos de carácter tributario, nosotros vamos a poner el foco en los delitos cometidos por funcionarios públicos, donde el CDE también tienen bastante interés, me atrevería a decir, y poder indagar la arista del financiamiento a la política, que es más que una mala práctica, es un delito, y que se trata precisamente de el delito de cohecho pasivo, agravado, de un funcionario público.

¿Qué antecedentes o revelaciones, sobre la arista política, han surgido de la argumentación del CDE, de la Fiscalía y del SII para poder afirmar la querella de ustedes?

Una de las personas por las cuales nos querellamos, y sobre la cual hicimos un alegato sobre las medidas cautelares, es Pablo Wagner. Evidentemente la audiencia que se está realizando nos interesaba porque efectivamente es una de las personas sobre la que nos podíamos querellar. Recordemos que existía una limitación para poder intervenir en esta clase, porque está referido únicamente a funcionarios públicos, y por eso nosotros no podemos querellarnos contra los controladores de Penta.

Sin embargo, para nosotros tenía mucho interés esta audiencia porque uno de los querellados por la fundación iba a estar presente, e hicimos presente nuestras alegaciones sobre ese punto. Pero, en el análisis de los 18 grupos de hecho, que relató el Ministerio Público, fueron pareciendo los puntos de la arista que a nosotros más nos interesa: el financiamientos de las campañas políticas. En esta línea aparecieron varios de los políticos contra los cuales nosotros formulamos querellas, y otros que en el momento no eran funcionarios públicos, pero también fueron candidatos a parlamentarios que aparecían efectivamente recibiendo financiamiento a través de boletas ideológicamente falsas, emitidas por el Grupo Penta.

No se descarta que SQM  haya cometido las mismas faltas con los antecedentes que se recogieron en julio de 2009, por ejemplo algunos antecedentes novedosos que salieron en la audiencia de formalización eran, las boletas, un talonarios completo de una señora, que explicaba que este talonario lo utilizaba la secretaria de Jovino Novoa, y lo tenía hace años, y esas boletas se ocupaban, aparentemente, según lo informado por la Fiscalía, para obtener financiamiento para campañas políticas.

Ustedes podrían ampliar, en ese sentido la querella en contra de los políticos involucrados, más allá de Wagner, por ejemplo Jovino Novoa.

Nosotros nos querellamos contra Jovino Novoa, está la senadora Ena Von Baer, están todos los políticos que han salidos públicamente involucrados en el financiamiento político, con nombres y apellidos.

Una vez que culmine esta audiencia, ustedes tienen considerado nuevas acciones legales, o solicitar directamente la formalización de sus querellados

Es muy probable que el próximo paso de dé que Ministerio Público sea la formalización de parlamentarios, esa una decisión exclusiva de ellos, y la va a tomar cuando estime que se han reunido los antecedentes necesarios para hacerlo. Pero hay varias señales que indican que ese debiera ser el próximo paso. La primera señal, y la más importante, es que el Fiscal Nacional se autodesignó en conformidad al artículo 18, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y ese artículo establece que solamente, en forma excepcional, el Fiscal Nacional se puede autodesignar como investigador de un caso, cuando la investidura de las personas investigadas así lo ameriten, y en este caso la única persona con la investidura legal, son los parlamentarios, porque los controladores de Penta no tienen ninguna investidura legal, entonces evidentemente, es una primera gran señal. Y la segunda gran señal, es que por lo menos se le dedicó 1 hora o 45 minutos, a explicar los políticos, o parlamentarios que habrían estado involucrados en este financiamiento ilegal de campañas, por lo tanto el tiempo que se le dio a este tema, más la resolución del Fiscal Nacional, son indicios bastante positivos que podrían llevar a pensar que el Ministerio Público va a formalizar a los parlamentarios. Cuándo, no lo sabemos.

El hecho de que le Fiscalía también haya argumentado que estas son irregularidades que se arrastran del año 1990 y que no se han podido investigar en esta causa porque están prescritas, ¿también va a limitar la arista política?

Evidentemente que la prescripción limita todos los delitos, y en el caso del cohecho pasivo agravado, tiene un período de prescripción de cinco años desde la comisión del delito en adelante, a menos que haya una interrupción del delito.

¿Por qué es pasivo, qué significa esa figura penal?

La diferencia básicamente, entre el soborno y el cohecho, es que el cohecho está vinculado directamente al funcionario público que lo recibe, por eso es pasivo. Y el soborno se refiere al particular.

Hasta ahora el soborno que se está investigando, es el practicado en relación con Wagner, un subsecretario, y en relación al SII, básicamente. Significa que los controladores de Penta, y los distintos empresarios involucrados en esto también van a entrar a ser juzgados por nuevos delitos, en el caso de la arista política, por otro tipo de sobornos

Eventualmente sí.

¿Y ustedes ampliarían la querella para que eso ocurra?

Lo que pasa es que, automáticamente, creo yo, al producirse la formalización de los parlamentarios, es muy probable que se generen nuevas formalizaciones para los controladores del Grupo Penta, pero siempre en el caso de la Fundación, siempre su accionar va a estar limitado por la ley, en cuanto al contenido de la querella que sólo puede referirse a funcionarios públicos.

Nosotros nunca vamos a poder querellarnos en contra de los controladores o ejecutivos del Grupo Penta. Eventualmente, sí podríamos querellarnos en contra de los funcionarios del SII, pero es un tema que al menos lo que la fundación nos encomendó, no está en el horizonte cercano, si no que principalmente nuestro trabajo está centrado en el tema parlamentario.

En su calidad de ex fiscal, cómo ha visto la presentación del Ministerio Público, y cómo prevé que se podría desarrollar mañana las peticiones de medidas cautelares

La audiencia de formalizaciones está terminado con las exposiciones de las defensas, después van a haber réplicas cortas, no creo que el magistrado dé más de 10 minutos para hacerlas, y posteriormente va a estar la resolución respecto de las medidas cautelares, y luego va a haber una fijación del plazo de investigación que van a pedir las defensas, que van a pedir que se reduzca a un plazo que, creo, va a terminar en unos seis meses.

Creo que el Ministerio Público ha llevado muy bien la formalización, ha sido bastante ordenado, hicieron u esquema novedoso basado en hechos, más que enfocarse en cada uno de los imputados, lo que hicieron fue una estructura de hechos distintos, 18 en total, y ahí fueron poniendo la comisión de hechos de cada uno de los imputados, eso también le dio un orden más práctico para que lo pudiera entender el juez, lo pudieran entender los defensores y demás intervinientes.

Para que se entienda con toda claridad: lo único que se resuelve en esta audiencia es el tipo de medidas cautelares que se le indican a cada uno de los formalizados. ¿La formalización no es lo que está en discusión, en sentido la pide la Fiscalía y la sostiene la Fiscalía?

Exactamente, la formalización ya se hizo. Si alguien pregunta qué ha pasado con los imputados, ellos ya están formalizados. Por los delitos que la Fiscalía entiende que han cometido.

La formalización es solamente un acto de comunicación, y esa comunicación ya se produjo, por lo tanto los imputados ya están formalizados. Esta audiencia de formalización también se discuten dos temas importantes: las medidas cautelares, y los plazos. Y por lo tanto lo que se está discutiendo ahora es precisamente las medidas cautelares, y lo que viene es el pronunciamiento del juez sobre estas medidas, y posteriormente va a haber la discusión sobre los plazos judiciales.

Y las medidas cautelares son apelables

Sí. Por lo tanto, si alguien no queda contento con lo que resuelva el juez.puede apelar y vamos a tener alegatos después en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Si el juez mañana decide otorgar las medidas cautelares solicitadas, y por lo tanto Délano y Lavín deben irse detenidos, con prisión preventiva, ¿eso se hace como antiguamente, con consulta a la Corte, u opera inmediatamente y después la Corte puede revocarlo, pero en lo inmediato tendrían que entrar a la cárcel?

Inmediatamente tendrían que entrar a la cárcel.

¿Y usted se arriesga a algún pronóstico?

Mi impresión, puedo estar totalmente equivocado, y soy parte interesada, creo que por la gravedad de la pena de estos delitos que se han formalizado, y por la estructura que la Fiscalía les ha dado, yo creo que el juez va a terminar otorgando la prisión preventiva de los que se ha solicitado. Creo que lo más peleado va a ser la decisión respecto de Hugo Bravo, porque en definitiva solamente el Ministerio Público pidió que quedara con arresto domiciliario total.

Y ahí hay una suerte de acuerdo con la Fiscalía, en el sentido que Hugo Bravo colaboró y entregó toda la información inicial

Seguramente, pero esa evaluación de cuánto colaboró y cuánto ayudó es una evaluación que hay que hacerla después, porque de los 18 actos que recuerdo que formalizó el Ministerio Público, creo que el señor Bravo está mencionado en 12, y varios con penas de crimen, entonces tampoco es muy explicable, por mucho que haya colaborado, que lo dejen fuera. Y creo que es mejor que el imputado Bravo quede en prisión preventiva, en igualdad de condiciones que los otros imputados que cometieron incluso menos delitos, y que posteriormente se haga una revisión de la cautelar, con nuevos antecedentes, pero no sé si será una buena señal que el señor Bravo, quien está involucrado directamente en los ilícitos, quedara solamente con arresto. Pero es una decisión que tiene que tomar el juez que tiene que ponderar todos los antecedentes.

Pero si tengo que hacerlo, me la juego. Yo creo que es muy posible que las pretensiones de la Fiscalía tengan éxito.

Entendemos que Wagner arriesga hasta 10 años de prisión, por los delitos que se le imputan. ¿En el caso de los otros formalizados, particularmente Délano, Bravo y Lavín qué tipo de penas arriesgan?

Aquí juegan muchísimos factores para determinarlo. Pero si los imputados quedan en prisión preventiva, el juez está calculando que la probabilidad de la pena que se les está imputando es superior a cinco años. Imputado que quede preso, es que la prognosis de pena es superior a cinco años. Si queda en libertad es que la prognosis de pena es inferior a cinco años, y por lo tanto es sujeto a algún beneficio distinto a la cárcel.

En ese pronóstico del juez también pesan las atenuantes. Hemos hablado de la colaboración, en el caso de los tres princípiales involucrados, la irreprochable conducta anterior es otra, y una tercera es que han pagado algo de los perjuicios ocasionados.

Por eso hago un ejercicio sencillo de lo que piensa el juez. Si los deja presos es porque está pensando en una pena sobre cinco años y un día, si no los deja presos es porque está pensando en una pena inferior a cinco años. En ese análisis el juez lo que hace es un análisis de las posibles atenuantes y de las posibles agravantes también. Pero ojo que la resolución sobre las atenuantes y agravantes no es el momento procesal para pronunciarse sobre su existencia. El juez puede ponderarlas, la posibilidad de su existencia, pero la determinación de si existen o no, únicamente se pueden hacer en la sentencia definitiva.

¿Como ocurrió en el caso O’Reilly, por ejemplo?

Exactamente. Antes uno puede elucubrar mucho sobre la existencia de atenuantes o agravantes, pero en definitiva solamente en el fallo es donde se pueden acoger o rechazar