Más allá de las opiniones son los porfiados hechos los que más corroboran aquel sentimiento nacional de que los partidos políticos y sus dirigentes son, en definitiva, integrantes de una misma clase, preocupados todos de perpetuarse en los cargos del Estado, enseñorearse en las instituciones y recursos públicos, cuanto recibir los millonarios recursos destinados por las empresas extranjeras y privadas para prolongar el orden institucional y el sistema económico social heredado de la Dictadura. Por más que compitan en las elecciones, y le hayan atribuido al empate parlamentario la imposibilidad de hacer las grandes transformaciones demandadas por la ciudadanía, bajo este primer año de gobierno se observa que, pese a la gran ventaja electoral del oficialismo, éste sigue amarrado a la “política de los acuerdos”. Esto es, a vivir en connivencia con sus supuestos opositores.

Cuando el Presidente del PPD anunció, con el triunfo de Michelle Bachelet, que se le aplicaría una “retroexcavadora” al orden vigente, desde todos los sectores recibió duras descalificaciones y epítetos, cuando, en realidad, quienes apostaron a un segundo gobierno de la actual mandataria realmente anhelaban los cambios drásticos tan alardeados en su campaña. Así como ese 58 por ciento de abstención se explica mucho en la decepción por la espera interminable por una efectiva democracia.

Las querellas constantes dentro de la Derecha y los escándalos que recién asoman en el Caso Penta le dieron una oportunidad magnífica al oficialismo para imponer sus reformas y apelar al pueblo para la conformación de una Asamblea Constituyente y una nueva Carta Fundamental. Algo fundamental si se quiere justicia y equidad social, cuanto desactivar los perversos vínculos entre la política y los negocios. Un liderazgo real de la Jefa de Estado, como una vocación democrática genuina, la habría llevado a valerse legítimamente de este momento e interpretar el multitudinario deseo de un país que reclama sanidad en las instituciones y transparencia en el servicio público.

Por el contrario, las autoridades solo han endosado a los tribunales y servicios del Estado la posibilidad de denunciar y condenar a los defraudadores públicos, a los que cometieron soborno electoral y armaron todo un sistema para estafar al Fisco. Si no fuera por la audacia de los fiscales, por la dignidad e independencia de ciertos jueces, como por la incorruptibilidad de algunos funcionarios públicos, probablemente estos escándalos ya estarían sepultados por el conciliábulo cupular, la complicidad de las policías, la obscenidad de los grandes medios de comunicación, como por la de los propios operadores políticos que pululan en el entorno de ministros, parlamentarios, alcaldes y otros. Como viene ocurriendo en más de 25 años de posdictadura.

A La Moneda han concurrido más que nunca los legisladores de la Derecha a objeto de retratarse con los principales moradores del Palacio Presidencial. A estas citas han llegado hasta los propios senadores y diputados involucrados en el Caso Penta, y no se descarta que en las próximas semanas desde el oficialismo haya quienes decidan visitar a los formalizados por este gran escándalo. Mal que mal, lo más probable es que las operaciones empresariales fraudulentas también hayan favorecido a los candidatos de la Nueva Mayoría, porque de otra manera no se explica que sus respectivas campañas electorales hayan superado en recursos a los de la UDI, Renovación Nacional y otras denominaciones de la Derecha.

En otro orden de cosas, la Jefa de Estado dilata las medidas para acometer la falta de probidad y fortalecer las fiscalizaciones del Servicio Electoral con una Comisión que solo puede concluir en propuestas obvias, archiconocidas y largo tiempo reclamadas y que, para colmo, deberán ser finalmente discutidas y aprobadas por un Poder Legislativo desnaturalizado y corrupto. Con lo cual la Presidenta ha obtenido el reconocimiento de los principales dirigentes de la Oposición para encabezar el proceso de recuperación del descrédito general de la política y de las instituciones “republicanas”. Cuando, en efecto, después de un Caso como el de Caval cualquier grupo opositor en el mundo habría proclamado la falta de legitimidad del Ejecutivo para un propósito de saneamiento. Cuando con esta denuncia se evidencia que se trata de otro ardid político empresarial, aunque en este caso tenga como protagonistas al propio hijo y la nuera de la Presidenta para enriquecerse de la noche a la mañana en un operativo que supone uso de información privilegiada, tráfico de influencias y hasta cohecho.

“Hoy por mí, mañana por ti” es ciertamente el gran propósito que funda las buenas relaciones entre La Moneda y el Parlamento; de las autodenominadas centro izquierda y centro derecha; los grandes empresarios, banqueros y dirigentes políticos. Cuando se hace plenitud uno de las sentencias más lúcidas de nuestro antipoeta Nicanor Parra: “la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas”.

Una “reconciliación” entre el Gobierno y la Oposición oficial que se retoma cínica y resueltamente después de las imposturas o escaramuzas de la discusión de las reformas Tributaria y Educacional. Cuando ya unos y otros parecen estar ciertos que la Reforma Laboral, de la Salud, la previsional y otras dormirán su mejor sueño o maquillaje; sin sobresalto alguno para los grandes grupos y consorcios económicos enseñoreados en toda la política. Con pruebas de amor mutuo, como aquellos “buenos oficios” de nuestro Canciller en favor de que la India extradite a Chile a una supuesta autora del crimen de Jaime Guzmán, el fundador del Partido más cuestionado por su falta de probidad, arraigado pinochetismo y concomitancia intelectual y moral con los crímenes de la Dictadura. Un homicidio que no pocos de estos disidentes de ayer celebraron en privado, aunque ahora se encuentran mucho más interesados en resolver que los cometidos por la larga noche del terrorismo de estado.