El Estado y las instituciones deben estar al servicio de la sociedad, es uno de los puntos que reflota el comunicado firmado por ciento ocho investigadores, profesores y especialistas de diferentes áreas del mundo universitario que rechazaron los casos de corrupción Penta, Caval y SQM.

En el análisis hecho por los académicos, la corrupción aparece como una práctica normalizada desde la Dictadura hasta la actualidad y recuerda el impacto a la democracia que tuvieron los últimos hechos de corrupción, como los “Pinocheques”, el “Davilazo”, Inverlink, Mop-Gate, el caso Riggs, las fragatas de la Armada, el caso “Coimas”, el tráfico de armas en Famae, entre muchos otros.

Ante ese escenario, una de las alternativas que toma fuerza es el proceso constituyente, como sostuvo uno de los firmantes, el académico y senador de la Universidad de Chile, y experto en Historia y Derecho, Eric Palma.

“La asamblea constituyente significa empoderar a la sociedad, dotarla de un poder de cual hoy esta privado y ese poder está pensado en términos de bienestar general, en términos de bienestar social, para generar las condiciones que permitan a todos y cada uno de los chilenos su pleno desarrollo material y espiritual. Por lo tanto creo que si esa puede ser una conexión, porque quienes participen allí necesariamente van a tener que reflexionar el país, determinar cuál es el camino que queremos seguir para las próximas décadas y cuál es la responsabilidad que asumimos con las generaciones futuras, que creo que eso es tremendamente decisivo”.

Eric Palma expresó que el objetivo de este comunicado es demostrar que el mundo académico no está alejado de la sociedad, que lejos de estar ensimismado es un actor más que participa con la ciudadanía.

Sin embargo, esta participación, sostuvo Palma, se dificulta al no tener políticas de financiamiento que se sostengan en el tiempo.

“Es mostrarle a la ciudadanía que la academia no está alejada de sus problemas cotidianos, porque entre otras cosas nosotros estamos diciéndole al país necesitamos más recursos, como universidades estatales, como universidades interesadas por lo público, necesitamos más recursos. Entonces alguien pudiera pensar que nosotros estamos ensimismados en nosotros mismos, no, tenemos que dar el mensaje de que como académicos sentimos que tenemos responsabilidad sociales que cumplir y que muchas veces no las cumplimos a cabalidad precisamente porque no hay esta vinculación fluida entre la actividad normal del país y nuestra actividad académica”.

Otro de los puntos analizados por los académicos es la “naturalización” de los casos de corrupción y el impacto negativo que provocan en las “condiciones materiales de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país”.

Prueba de ello es la invitación de actores como Jovino Novoa a buscar una salida política a los actuales casos Penta y SQM. Situación que rechaza uno de los autores de la carta, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, quien da una solución ante este problema.

“Hoy día podemos escuchar declaraciones de (Jovino) Novoa que llama a un gran acuerdo nacional para superar este tipo de dificultades, cuando en realidad lo que necesitamos es nuevos actores políticos, necesitamos que nuevos actores se incorporen a la actividad política, actores que provengan ojalá de mundos que no tienen vínculos de lealtad con la antigua Concertación o con los antiguos partidos que respaldaron a la Dictadura y, en esa perspectiva, el punto final del comunicado, cuando se llama a tener un nuevo pacto con nuestros representantes da cuenta de esa necesidad”.

De esta manera los profesionales del mundo universitario rechazaron la “cooptación del Estado y de sus instituciones por parte de intereses particulares”, hacen el llamado la ciudadanía que participe activamente en una solución que suponga un nuevo pacto ético y político con nuestros representantes, donde la constitución vía asamblea constituyente se observa como la opción más viable, junto a la exigencia de verdad y justicia.