Desabastecimiento de alimentos, especulación y cobro por el uso de maquinaria pesada para remover el barro de las calles, contaminación, abandono, entre otros son parte de las denuncias que organizaciones sociales y pobladores de la región de Atacama realizan como consecuencia de la catástrofe meteorológica a la que se vieron enfrentados la semana pasada, y de la que ahora sufren los efectos que, dicen, han sido minimizados por las autoridades.

Las calles y las casas en Copiapó quedaron tapadas en barro en más de un metro de altura, muchos habitantes no pueden aún salir de sus casas y otros no quieren abandonar lo poco que les queda por temor a perder más enseres.

Lo que podría ocurrir, según las denuncias de dirigentes de organizaciones sociales, es un foco de contaminación producto del relave minero, el polvo en suspensión y la crisis sanitaria, que podría devenir por el colapso del sistema de alcantarillado, y la falta de agua potable para el consumo humano, o la higiene personal.

Los dirigentes también informaron que existen posibles contradicciones en las cifras oficiales de muertos y desaparecidos. Según los dirigentes locales que han recorrido los lugares afectados por el aluvión, habría varios campamentos de trabajadores extranjeros en Paipote que no figuran en los catastros oficiales, y según informes de bomberos que no han sido confirmados, al menos 30 cuerpos han sido encontrados bajo el barro.

El olor es insoportable dicen los vecinos, algunos ya tienen picazón y las vacunas se terminaron en los centros de salud.

También señalaron que el dinero no sirve ante la especulación de las grandes cadenas de almacenes radicadas en la región, un bidón de agua de 20 litros puede costar hasta 20 mil pesos, los negocios pequeños están cerrados y se dice que no se han podido abastecer, pese a que la carretera que une a Vallenar con Copiapó ha sido despejada.

Ante este panorama, los dirigentes advierten que las autoridades de gobierno no han sido capaces de apoyarse en las organizaciones locales y que el gobierno central no ha respondido debidamente con la ayuda, destacando una falta de coordinación entre las diversas instituciones.

La dirigente de Anamuri Florencia Aróstica explicó esta situación y agregó que el barro que está siendo retirado de las calles, queda frente a las casas, lo que provocará en corto tiempo la contaminación de la población. También manifestó que la mayoría de los operadores de maquinarias están cobrando al menos 30 mil pesos por hora de trabajo.

“No están operando con camiones, están operando solamente con máquinas, entonces las máquinas están amontonando el barro, pero se lo están dejando a los vecinos de las diferentes calles. Ese barro está contaminado, hay una hediondez, para qué te digo. Imagínate cómo será Copiapó, que no hay una ventilación en Copiapó, el barro ya se está secando. Hay un polvillo que está en el aire, va a haber un tremendo problema de las vías respiratorias porque el aire está quedando totalmente contaminado con el polvo”

La dirigente del Comité de Vivienda del sector de Los Minerales alto, Susana Araya que ha recorrido las zonas afectadas, señaló que las autoridades no se han acercado a los lugares como Paipote, y anunció que se podría avecinar un foco de infección de hepatitis, influenza y problemas respiratorios.

“No se ha acercado ninguna autoridad, gente me ha pedido abrigo, me ha pedido que le lleve frazadas y sábanas. Nosotros hemos visto que nadie del Gobierno se ha mojado las patitas y meterlas en el barro, para dejarles las cosas que están llegando a las respectivas partes. El olor es insoportable de las calles de las alcantarillas, es insoportable. Están haciendo la vacunación, pero tampoco han ido a Paipote para vacunar a la gente de allá primero”.

El vocero de la Federación Nacional de Pobladores, Rafael Soto, que se encuentra en Copiapó expresó que los informes oficiales no da cuenta de la verdadera tragedia que se vive en la región.

“Tenemos informes de bomberos, por ejemplo de Chañaral, que duplican la cantidad de muertos que ha informado el Gobierno, sólo en la ciudad de Chañaral a partir de las denuncias que hemos logrado hacer, a partir de las imágenes que hemos logrado difundir desde acá, hemos podido hacer que la autoridad local, y por ende la autoridad nacional empiece a reconocer cifras. Acá ha habido un esfuerzo por parte de la autoridad de minimizar de bajar el perfil al tema de manera tal que la catástrofe no se genere”.

En tanto, el abogado y dirigente del partido Igualdad Rodrigo Román, sostuvo que se avecina una tragedia producto del desconocimiento que se tiene respecto de eventuales relaves mineros, que hayan ido a parar a la ciudad y que formen parte del barro que se solidifica en las calles.

En este contexto, los senadores Alejandro Navarro y Alejandro Guillier solicitaron al director del Instituto de Salud Pública (ISP), Dr. Roberto Bravo, la realización de un estudio toxicológico para verificar los efectos ante los eventuales rebalses sufridos en los distintos relaves mineros ubicados en las zonas afectadas por el aluvión.